En su informe sobre la situación de los DDHH en la Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales subraya estas muertes demuestran que no hay medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida de los detenidos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales alertó sobre la “inusitada regularidad” con la que presos de diferentes provincias del país mueren a causa de incendios en celdas de comisarías, alcaidías y unidad penitenciarias. Una de las provincias con peores indicadores en este sentido es el Chaco, donde cinco personas detenidas murieron calcinadas entre octubre de 2010 y mayo de 2011.
En su decimoséptimo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, presentado el 4 de mayo pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires, el CELS subraya que las muertes y lesiones de detenidos a causa de incendios son frecuentes en nuestro país. “Son situaciones que generan terribles sufrimientos a las víctimas y que ponen en evidencia profundas negligencias de los responsables de los lugares de detención o, en ocasiones, su utilización como represalia ante conflictos”, sostiene.
Sin embargo remarcó que en los últimos tiempos, este tipo de siniestros de da con una periodicidad insólita. “Estos casos están ocurriendo con inusitada regularidad en los centros de privación de libertad del país y resulta muy preocupante la reacción de las autoridades judiciales y administrativas”, añade.
Chaco.
La organización presidida por el periodista Horacio Verbitsky, realizó un destacado especial en el caso chaqueño. “En menos de siete meses, cinco personas fallecieron en incendios ocurridos en centros de privación de libertad de esa provincia”, recuerda.
En octubre de 2010, se produjo un incendio en una celda de la Comisaría 7ª de Resistencia en la que estaban alojados Oscar Ramírez, de 23 años, y Daniel Fernández, de 25. Este hecho tuvo dos víctimas fatales y heridos graves que lograron salir por sus propios medios. Los detenidos señalan que el día anterior al incendio los policías los golpearon mientras los obligaban a realizar ejercicios físicos desnudos, reseña el CELS.
La fiscalía optó por focalizar su investigación en uno de los detenidos de la comisaría que, según algunos testimonios, habría originado el incendio, pero no avanzó en la responsabilidad de los policías que –según esos mismos dichos– no auxiliaron a las personas atrapadas en la celda y que podrían haber evitado las muertes, indicó la organización.
“La justicia no investigó las denuncias de los golpes, el alojamiento de dos menores con dos adultos en una misma celda, la responsabilidad de los policías por su omisión de auxilio, ni la ausencia de elementos para sofocar incendios”, criticó.
Mayo trágico.
El otro episodio trágico se produjo en mayo de 2011 cuando se desató un incendio en la Alcaidía de Resistencia, que dejó como saldo tres víctimas fatales: Sergio Acevedo, Marcos Zacarías y Víctor Fernández. La única investigación que avanzó, afirma el CELS, fue iniciada por las autoridades de la unidad, que tomaron declaración testimonial a todos los testigos del hecho –principalmente, compañeros de pabellón– en un intento de presionarlos para construir un relato que evitara su responsabilidad.
“En oposición a todos los parámetros internacionales, parte de la declaración tuvo lugar frente a los agentes involucrados”, cuestiona la organización. “De los testimonios surge que en el pabellón se habían registrado hechos de violencia, y la noche del incendio no había luz artificial, ni guardias de seguridad en las cercanías. El único sobreviviente señaló que se trató de una pelea entre detenidos, que no pudo haber escapado al conocimiento de los guardias”, señala.
A estos casos se le añade otro ocurrido en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, que depende del Servicio Penitenciario Federal a principios de año cuando falleció Leandro Joel González. La muerte se produjo como consecuencia de las lesiones que sufrió cuando se incendió la celda en la que cumplía una sanción de aislamiento.
Un tema viejo.
Para el CELS las muertes de reclusos derivadas de incendios no es algo nuevo en las cárceles argentinas. En 1978, en plena dictadura militar, se incendió la cárcel de Devoto y murieron 61 personas.
Por mencionar sólo otros ejemplos del período democrático, cabe señalar: la muerte de Juan Ángel Greco en 1990, tras el incendio en una de las celdas de la comisaría de Puerto Vilelas; el fallecimiento de 4 niños en la Comisaría 1ª de Quilmes en octubre de 2004; 33 víctimas en el incendio del penal de Magdalena de la provincia de Buenos Aires en octubre de 2005, 20 y 32 muertes tras el incendio de la Unidad 1 de Santiago del Estero en 2007.
“Estos casos demuestran que no sólo se trata de la ausencia de condiciones dignas de alojamiento sino que tampoco hay medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida de los detenidos”, critica la organización. “Además, están estrechamente ligados a la arbitrariedad y a las prácticas de tortura y trato inhumano extendidas en los lugares de detención de todo el país”.
“Las responsabilidades comprometen desde los guardias hasta los funcionarios de alto rango. Sin embargo, los sistemas judiciales no avanzan en las investigaciones, perpetuando así la impunidad. Y el desprecio por la vida de las personas privadas de su libertad se traslada indefectiblemente al resto de la sociedad”, afirma.
