Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó la  preocupación de la Oficina por la reciente ola de violencia en las cárceles de América del Sur, que en los últimos días ha cobrado la vida de al menos tres prisioneros en Uruguay, dos en Argentina, dos en Venezuela y uno en Chile.

¨Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de -o se ve agravada por- entre otras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene¨, señaló Incalcaterra. ¨Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva¨.

El Representante Regional destacó que las condiciones carcelarias en América del Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en varios informes de las Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados, losProcedimientos especiales, así como en el Examen Periódico Universal de muchos países. Recordó que los gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones.

Incalcaterra recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana, como se reconoce en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Citando a las directrices del Comité de Derechos Humanos, Incalcaterra señaló que el ¨trato humano es un estándar básico de aplicación universal que no puede depender enteramente de los recursos materiales, y que debe aplicarse sin discriminación¨. El Poder Judicial debe asumir cierta responsabilidad por las condiciones y el tratamiento que afectan a aquellos que ordena permanecer en prisión preventiva o a los que condena a penas de prisión, agregó.

Además de las recientes muertes de ocho prisioneros en la región, el Representante Regional expresó su alarma por un video que muestra una mujer detenida esposada que acababa de dar a luz en Brasil, en clara contravención de los tratados internacionales de derechos humanos.

El Representante Regional pidió una investigación pronta y eficaz sobre todos estos incidentes recientes, para identificar a los responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas. Incalcaterra recordó que ¨todos los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplen con las normas internacionales de derechos humanos. Esas medidas deberían incluir, entre otros, el establecimiento de mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y reclusión¨.

El Representante Regional señaló que ninguno de los países cubiertos por su oficina ha establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), requerimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OP-CAT). Incalcaterra también alentó a los Estados que aún no han ratificado el Protocolo Facultativo a hacerlo, e instó a sus Estados Partes a establecer mecanismos nacionales de prevención como una cuestión de prioridad.

Antecedentes

La tasa  de hacinamiento en las prisiones de la región varía entre el 30 y el 70%.

Argentina: Un interno murió el 27 de enero después de ser apuñalado por otro preso en la cárcel de Capayán, en la provincia de Catamarca, en el norte. En un incidente separado, el 29 de enero, un preso de 25 años de edad murió después de recibir 30 golpes en la cabeza supuestamente por guardias de la Unidad 46 del Complejo de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque algunos MNPs existen a nivel provincial, Argentina todavía tiene que establecer un mecanismo nacional en el marco del OP-CAT. Un proyecto de ley sobre el establecimiento de un MNP se está debatiendo actualmente en el Senado.

Brasil: Un video de tres minutos de una prisionera femenina esposada que había recién dado a luz ha hecho olas en Brasil estos días. La mujer de 32 años de edad, estaba en detención preventiva desde noviembre por cargos de robar muñecas y champús en tiendas en Sao Paulo. El video difundido el 2 de febrero ha vuelto a destacar una cuestión planteada en un informe del diario brasileño Folha sobre el uso de esposas durante y después del parto en el Estado de São Paulo – acusaciones que han sido negadas por funcionarios del Estado. Aunque algunos MNPs existen a nivel provincial, Brasil todavía tiene que establecer un mecanismo nacional en el marco del OP-CAT.

Chile: El 29 de enero, un preso de 25 años en prisión preventiva recibió un disparo en la cabeza por un guardia cuando intentaba escapar de la cárcel de Talagante, cerca de Santiago, lo que produjo un motín en la cárcel. Chile aún tiene que establecer un MNP de conformidad con el OP-CAT y los Principios de París.

Perú: Aún tiene que establecer un MNP.

Uruguay: El 29 de enero, tres presos murieron en la cárcel de COMCAR cerca de Montevideo, a raíz de un incendio que habría ocurrido a consecuencia de violencia entre reclusos. Uruguay aún tiene que establecer un MNP.

Venezuela: El 25 de enero, dos presos murieron como consecuencia de violencia entre prisioneros durante un motín en la Penitenciaría Nacional de Maracaibo. Venezuela ha firmado el OP-CAT, sin embargo aún no lo ha ratificado.

La Observación General No. 9 del Comité de Derechos Humanos ofrece directrices sobre el tratamiento de personas privadas de su libertad (leer, en inglés).

Para obtener mayor información o para entrevistas con los medios, favor contactar a:
Jennifer Ross Laguna, Oficial de Prensa e Información Pública de la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH. http://acnudh.org Tel.: (56 2) 321-7750 / Cel.: (56 9) 7999-6907. Email: jross@ohchr.org