Los máximos responsables de la policía y de las Unidades de Detención de la provincia dijeron ayer que no pueden garantizar que no ocurra un nuevo caso Ibazeta. Fue durante una audiencia conjunta de las Cámaras Criminales destinada a reunir elementos sobre la situación en la principal cárcel neuquina.
Los jueces de cámara deben resolver si hacen lugar o rechazan un recurso de hábeas corpus presentado por los abogados defensores de Cámara, Gustavo Vitale y Pedro Telleriarte, quienes reclaman que se declare la emergencia carcelaria.
A favor de rechazar el hábeas corpus ya se pronunciaron el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y el fiscal de Cámara Pablo Vignaroli. Los cuatro estuvieron ayer presentes en la audiencia.
La realización de esta diligencia judicial no fue difundida, de modo que ningún medio de prensa estuvo presente. Continuará hoy y terminará mañana con una especie de alegación final de las partes. Luego se resolverá si se hace lugar al recurso o no. Los jueces encargados de ello son Florencia Martini, Héctor Dedominichi,Andrés Repetto, Mario Rodríguez Gómez y María Gagliano (subrogante). Todos tienen a su cargo la ejecución penal.
El asesinato de Cristian Ibazeta dentro de su celda fue uno de los ejes de la audiencia de ayer. El jefe de Unidades de Detención, Carlos Brondo, dijo que no podía garantizar que no ocurriera un caso similar con otro interno que también fue testigo en un juicio contra policías por torturas. Agregó que en general no puede garantizar la vida de nadie.
Sus argumentos fueron que se trata de problemas entre los detenidos, que ocurren dentro de los pabellones, y que hay factores que escapan a su posibilidad de controlarlos.
El jefe de la policía, Raúl Laserna, y el jefe de la Unidad 11, Claudio Pérez, también declararon. El ministro de Coordinación, Gabriel Gastaminza, fue citado pero envió un escrito.
Los jefes policiales dijeron que tienen un plan para reorganizar la ubicación de las personas detenidas, anticiparon que en menos de un año estaría lista para inaugurar la cárcel de Senillosa, y explicaron que algunas mejoras no se hicieron por falta de presupuesto. Entre ellas figura el incumpliento de la orden judicial de comprar un escáner para que la requisa de los familiares sea menos invasiva.
(Aquí termina la crónica que escribí para el diario. La audiencia de ayer fue parecida y a la vez completamente distinta de esta realizada en 2004, luego de la denuncia de torturas en la Unidad 11. Denuncia que le costaría la vida a Ibazeta. En aquella ocasión, la acusación estuvo a cargo de la fiscalía, y los policías tuvieron que defenderse solos. Ahora los que acusan son los defensores, y la fiscalía de Estado y la fiscalía de Cámara defienden a la policía. La ilustración es la tapa del diario del 20 de mayo de 2004. Ese año la Cámara descabezó a la conducción de la Unidad 11. ¿Qué pasará ahora?).
