LA PLATA.- Una guerra que parece sin cuartel se desarrolla desde hace seis meses en el ámbito judicial de Quilmes y tiene como protagonistas a un juez laboral y a un abogado particular enfrentados luego de que el magistrado ordenó desalojar de su juzgado al letrado por su desmedida queja ante una presunta falta de diligencia del personal de la mesa de entradas.

El entredicho, que ya llegó al Consejo de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Legislatura provincial, se inició el 7 de diciembre pasado cuando el abogado Osiris Albarracín estaba en la fila de letrados a la espera de ser atendido en la mesa de entradas del Tribunal de Trabajo N° 5 del departamento judicial Quilmes.

Albarracín se quejó por una supuesta demora en la atención. Situación que provocó una primera discusión con uno de los empleados, a la que se sumaron rápidamente la secretaria, María Fernanda Sartori y, luego, uno de los jueces del tribunal, Gustavo Casco, quien se hizo presente acompañado por un oficial de la custodia del edificio, al que instruyó para que redujera al abogado, que terminó esposado con sus manos por la espalda. Al mismo tiempo, el juez llamó al 911 y pidió que enviaran un patrullero.

La dimensión del altercado fue tal que hasta se hicieron presentes quien por entonces era el titular de la Jefatura Departamental Quilmes, Pablo Otero, y otros jefes policiales. Alertado sobre la situación, el fiscal de turno, Andrés Nieva Woodgate, también se apersonó. Para entonces, Albarracín permanecía en la mesa de entradas, aunque ya había sido liberado de las esposas ante los reclamos de otros colegas.

«Me sentí humillado como abogado y considero que se me ha faltado el respeto porque se vulneró la relación que debe existir entre profesionales y magistrados», se quejó.

El letrado es hermano de César Albarracín, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

«Yo tengo como premisa el respeto de los abogados y eso se lo inculcó al personal de mesa de entradas», dijo Casco en su defensa, y accedió a reconstruir para LA NACION los hechos.

Según su versión, luego de haber recibido todo tipo de insultos y gestos amenazantes por parte de Albarracín y de que éste se negara a ingresar en la sala de audiencias, donde el magistrado se proponía tranquilizarlo, le ordenó al policía que lo retire del lugar. «En ese momento se produce un forcejeo y el policía lo toma por la espalda y me pregunta: «¿Qué hago?; ¿lo esposo?» y yo le respondió: «Y, sí, haga lo que corresponda»», relató Casco, que en todo momento recalca haberse sentido intimidado por la actitud del letrado.

A poco de iniciada la investigación del caso, el fiscal Nieva Woodgate remitió el expediente (IPP N° 13-00-026635-11) a la Legislatura, pidiendo el desafuero de Casco para poder indagarlo y tomó declaración testimonial al policía, Alejandro Flores, a quien dejó al margen de cualquier imputación.

A la semana siguiente del incidente, Casco, junto con sus pares del tribunal, Solagne Billourou de Comadira y María Ester Ghio, denunciaron a Albarracín por «la posible comisión de ilícito penal», ante el fiscal Daniel Manco. El 7 de febrero pasado, esa presentación fue desestimada por el juez de Garantías, Marcelo Goldberg, pero Casco pidió que sea desarchivada y volvió a impulsarla.

En la causa abierta por el incidente, Albarracín es asistido por el jefe de los asesores letrados de la Municipalidad de Quilmes, Luis Valenga, ya que el intendente local, Francisco Gutiérrez, se interiorizó sobre el caso y le ofreció todo su respaldo.

Valenga denunció el hecho ante la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte bonaerense, desde donde se informó que el caso se encuentra en trámite y bajo un «exhaustivo análisis». El abogado de Albarracín destacó, asimismo, que la legislación correspondiente establece que en el ejercicio de su profesión a los letrados «se les debe el mismo respeto y tratamiento que a los señores magistrados».

El 7 de mayo pasado, Albarracín y Valenga presentaron ante el Consejo de la Magistratura una impugnación contra Casco, que busca concursar un cargo de camarista. Según el juez se trata de una maniobra «de enorme gravedad institucional» urdida para perjudicarlo y que incluye la apelación a «tráfico de influencias» por parte de los denunciantes.

Casco asegura que presentará ante la Justicia documentación que demostraría la intención de los abogados de destituirlo presuntamente en connivencia con actores políticos y representantes de entidades colegiadas.

Se refiere a la copia de un correo electrónico que ya fue elevado ante el Consejo de la Magistratura y que da cuenta de un intercambio entre el titular de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados local, Carlos Poli, con Albarracín y Valenga, en el que Poli pregunta: «¿Ya hablaste el tema con tu hermano?», para saber «si existe voluntad política o no para destituirlo, rajarlo, a este tipo». Poli reconoció haber mandado ese mensaje, pero lo consideró «algo normal en este tipo de trámites cuando se está realizando un dictamen o recomendación».

Casco sospecha que Poli buscaba una ventaja para evitar competir con él en el concurso para camarista en el que el dirigente del colegio profesional también estaba inscripto. En tal sentido, Poli admitió que se había presentado al mismo concurso, pero dijo que se excusó cuando supo que el juez estaba en la nómina de aspirantes.

PROTAGONISTAS

GUSTAVO CASCO
Juez 

 

 

  • Integra el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes. Dice que tiene como premisa el respeto a los abogados. En su defensa sostuvo que recibió todo tipo de insultos por parte del abogado Osiris Albarracín y que le pidió a un policía que lo retirara.

 

OSIRIS ALBARRACIN
Abogado 

 

 

  • Denunció que fue esposado por un policía en el tribunal donde se desempeña el juez Gustavo Casco después de que él se quejara por la demora en la atención en la mesa de entradas. La disputa ya llegó a la Secretaría de Control Judicial de la Corte bonaerense y a la Legislatura provincial.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1479848-una-pelea-entre-un-juez-y-un-abogado-llego-a-la-corte