En un país con índices muy bajos de confianza en su sistema judicial, problemas de independencia y falta de eficiencia de la Justicia, la propuesta de crear un tribunal nacional de casación por arbitrariedad presentada recientemente levanta señales de alerta.
El proyecto propone crear un tribunal que entenderá en los recursos por arbitrariedad interpuestos contra sentencias definitivas. Integrarían el cuerpo siete miembros elegidos por el Consejo de la Magistratura, que gozarían, como todos los jueces, de las garantías de inamovilidad en el cargo e intangibilidad de las remuneraciones.
Las sentencias arbitrarias debieran ser una anomalía y no un hecho esperable. Fueron reconocidas en nuestro país a partir de una creación pretoriana, producto de la doctrina y la jurisprudencia, desde hace décadas. Los criterios considerados para determinar la arbitrariedad de una sentencia son varios: sentencias que no resuelven cuestiones debidamente propuestas o que resuelven cuestiones no planteadas, aquellas dictadas por jueces que se arrogan potestades legislativas, prescinden del texto legal o aplican preceptos no vigentes, jueces que dejan de lado prueba decisiva, invocan prueba inexistente o que realizan afirmaciones dogmáticas o autocontradictorias. Son sentencias no conformes a las normas vigentes.
Las razones esgrimidas para crear este tribunal de casación radican en la congestión de casos en la Corte Suprema, muchos de ellos recursos por arbitrariedad de sentencia. Si bien los datos actualizados de casos ingresados a la Corte según tipo de casos no están disponibles, se estima que aproximadamente dos tercios de los ingresos se deben a algunos vinculados con la seguridad social y, apenas por encima de un 20%, a aquellos por arbitrariedad de sentencia. El tribunal de casación aliviaría un 20% la carga de trabajo del máximo tribunal. Pero la Corte no trata todos los casos por arbitrariedad, sino sólo algunos en los que quiere sentar jurisprudencia.
Crear este nuevo tribunal supone aceptar la anomalía como algo legítimo, en lugar de solucionar definitivamente el problema. Es necesario sancionar a los jueces que reiteradamente producen sentencias arbitrarias y crear los incentivos para que efectúen sentencias de calidad ajustadas a derecho.
Por otro lado, la extensiva aceptación de los casos por arbitrariedad socava aún más el federalismo. La masiva revisión de las sentencias de los superiores tribunales de las provincias ahondará la injerencia del Poder Judicial Federal sobre los provinciales.
En el orden práctico, la congestión judicial no se soluciona con más instancias judiciales con nuevos jueces, sino con una reforma integral de los procedimientos judiciales que incluyan técnicas de gestión eficientes, incentivos a los jueces para producir más y mejores sentencias, y desincentivos para los abogados que suelen utilizar el recurso por arbitrariedad para llegar a la Corte, sin que existan las causas descriptas.
Además, la selección de los miembros de este tribunal, que realizaría un Consejo de la Magistratura que ha demostrado ser lento y no siempre ecuánime en la selección de las ternas, sumada a la potestad discrecional del Poder Ejecutivo respecto de los postulantes propuestos, podría resultar en un tribunal carente del pluralismo necesario, lo que restaría legitimidad al Poder Judicial.
Para solucionar los problemas de congestión en la Corte Suprema es necesario continuar fortaleciendo esta hoy prestigiosa institución y dotarla de mayores recursos técnicos, financieros y de autonomía. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura pueden crear los incentivos necesarios para erradicar las sentencias arbitrarias como mal sistémico y consolidar el rol del supremo tribunal como garante último de la constitucionalidad de las leyes.
(*) Directora del Programa de Justicia de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
