El jueves pasado los representantes de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico analizaron ocho proyectos que proponen la despenalización del consumo de drogas. Entre esos proyectos estuvo el de la diputada nacional Victoria Donda.
En diálogo con El Tribuno, la legisladora reiteró que la medida no busca legalizar la venta de droga sino poner en la mira a los narcotraficantes. Advirtió sobre la estrecha relación que existe entre el mercado negro de los estupefacientes y algunos miembros de la policía y el poder político en todo el país.
La ley para despenalizar el consumo es una forma de cuidar a los ciudadanos y así lo planteó la legisladora al explicar cuál es su postura, por ejemplo, frente a los consumidores de paco. “Nadie que tenga un familiar alcohólico lo ayuda llevándolo a una comisaría para que se rehabilite, mucho menos a un consumidor de paco”, advirtió al mismo tiempo que recordó que las personas que consumen esta droga son, en su mayoría, jóvenes sino niños.
Frente a las críticas de los centros de rehabilitación, Donda no dudó en afirmar que el reclamo se debe a que en realidad los proyectos de despenalización están afectando sus ganancias.
“Trabajan muy bien, pero también ganan mucho dinero”, aseguró.
Desde su banca alertó que el próximo paso, de aprobarse la despenalización del consumo de droga, no será la legalización de la venta sino un revisión de la ley de prevención y tratamiento de las adicciones.
¿Cómo avanza el proyecto en la Cámara Baja?
Esta semana se estuvo trabajando para unificar criterios y lograr la media sanción en el recinto.
¿Tuviste que resignar varios puntos de tu proyecto?
No, no hemos resignado ningún punto en particular. Los puntos salientes de este proyecto único de consenso son la despenalización del consumo y la tenencia para consumo. Se pone el acento en el delito del comercio y narcotráfico que es uno de los puntos sobresalientes de este proyecto. Para que le quede claro a la gente: no estamos proponiendo que se venda libremente estupefacientes.
No se está hablando de la venta, la venta va a estar prohibida. Lo que decimos es que a quien consume no lo debe perseguir la ley. En todo caso, si se trata de una persona que tiene un alto nivel de compromiso con el consumo debe poder acceder a su derecho, que es gozar de la salud pública. Ahora no se da asistencia a los usuarios de estupefacientes.
Si la venta va a seguir penada, cómo van a hacer las personas que consumen para obtener la droga…..
Quien consume marihuana podrá plantar. La tenencia de plata para consumo personal no es un delito y el resto de los estupefacientes está prohibido comprarlos y venderlos. Por eso también se ha evidenciado, en países donde se ha llevado adelante una política de despenalización del consumo, una baja en la cantidad de personas que utilizan estupefacientes. Esto es lo malo de una política en la que no se combate el narcotráfico. Ahora los usuarios de drogas de estupefacientes los consiguen, en la actualidad, porque están en el mercado negro. Un mercado que no se puede desarrollar sin la connivencia de los sectores de la Policía y del poder político. En Salta esto se conoce muy bien. No habría forma de que Salta -que tiene una frontera que es un colador- tenga drogas si no hubiera involucrados personajes de la política enquistados desde hace años.
¿No existe la posibilidad de que sea el Estado el que controle la venta de drogas?
No existe la posibilidad de que el Estado controle la venta de drogas, porque eso es legalizar la comercialización. Para poder legalizar, que es una de las propuestas que se lleva adelante a través de las secretarías de la ONU, habría que reunirse con los expertos para analizar los problemas y no terminar con la cartelización que tienen México, Brasil y Colombia. No estamos planteando la legalización. Lo que estamos planteando es que el Estado lo que tiene que hacer es perseguir el narcotráfico, porque además está atado a tratados internacionales que así lo establecen. Para poder hacer otra cosa hay que denunciar esos tratados internacionales, revocarlos y ver qué políticas aplicar. Ahora eso debe hacerse en una política regional, no en una política nacional. Lo que sí creemos es que se debe dejar de violar los derechos de los consumidores. Como ya dije, son personas que deben estar contempladas y cuidadas por el sistema de salud pública y perseguir el narcotráfico. En Argentina no hay una política de persecución del narcotráfico.
De lograr aprobarse esta ley, ¿se va a necesitar de otras normas que permitan su aplicación?
No. Esta ley se aplica bien con la decisión política de que se aplique bien y con consignas precisas por parte de los jueces a las distintas policías y secretarias de seguridad de cada una de las provincias. No hace falta nada para que se aplique. Lo que sí creemos es que es necesario, a la vez que despenalizamos, tener una ley o un plan nacional de atención integral a personas que tengan adicciones y de prevención de las adicciones.
Los centros de rehabilitación cuestionan este proyecto de ley…
Yo también cuestionaría un proyecto de despenalización, sobre todo si me beneficio con la ley actual. No hay que olvidar que la ley actual obliga a los consumidores a elegir entre una pena en prisión -que va desde los tres a meses a los 2 años- o un tratamiento médico que se brinda, precisamente, en estos centros asistenciales que trabajan muy bien, pero que también ganan mucho dinero. Unas 8 mil personas procesadas por año por consumo eligen ir a estos centros asistenciales.
En el proyecto de ley que se analiza en Diputados, ¿existe la posibilidad de buscar la asistencia médica en servicios públicos para los consumidores?
Tenemos un sistema público de salud y este sistema debe hacerse cargo de estas personas, no los centros asistenciales privados, muchos de ellos subvencionados por el Estado. Tenemos dos líneas en este proyecto: la despenalización y la asistencia médica.
El caso del consumo de paco ¿cómo se plantea en el proyecto?
Los usuarios de paco, por la situación de vulnerabilidad social y física en la que se encuentran, deben estar cuidados por nuestro sistema de salud. Que el Estado argentino solo les garantice su presencia a través de un policía que los mete presos es realmente una vergenza. Una vergenza que no debemos tolerar como argentinos y argentinas. No se puede tolerar que haya jóvenes consumiendo esa basura, que existe porque se da la posibilidad de que exista. Desbaratar las cocinas de paco es muy fácil. No se necesita grandes estructuras de narcotraficantes para tener una cocina de paco. Son arreglos más bien de carácter chiquito, regional, que tienen que ver siempre con el poder político del lugar. No podés esconder una cocina de paco. Ahora que haya jóvenes que consuman eso ya es una vergenza, y una vergüenza doble – que tiene que ser para todos- es que lo único que les estemos ofreciendo a estos chicos es que sean procesados por el Derecho Penal. En realidad son jóvenes que deberían estar siendo atendidos por médicos, por psicólogos, por sociólogos. Son niños que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Hoy la puerta de entrada para poder probar estupefacientes de carácter más duro son el alcohol y las pastillas legales. Nadie está proponiendo que se prohíba el alcohol porque ya vimos los efectos nefastos que produjo en Estados Unidos y fue el inicio de la mafia a través de la ley seca. Hoy uno de los problemas extendidos que tenemos en nuestra juventud son las pastillas y el alcohol. Los chicos que consumen esto también deben ser cuidados y a nadie se le ocurriría llevar a un familiar alcohólico a que se rehabilite dentro de una comisaría. Entonces mucho menos a una persona que no es alcohólica sino usuario de paco.
¿Cómo se brindaría la asistencia médica?
De acuerdo con el grado de compromiso con el consumo de pasta base que tenga la persona.
En los proyectos que se analizan en el Congreso ¿se habla de las cantidades que podrán tener los consumidores?
No, no se habla de cantidad porque es inconveniente. Cuando empezamos a estudiar esto lo que se hizo fue un estudio de comparación con países que despenalizaron el consumo. En el caso de México, que puso cantidades, el efecto no deseado que tuvieron es que se expandió la venta minorista. Porque cuando se ponen cantidades el que quiere vender lo que hace es salir con la cantidad autorizada por la ley.
¿Cómo van a hacer los consumidores para llegar a la droga si no es el Estado el que regule la venta?
Esto se debe ver en una política regional. Seguirán haciendo como lo hacen hoy, hasta que no se aplique una política real contra el narcotráfico.
El próximo paso será la regulación de la comercialización…
No, el siguiente paso será solucionar la ley de prevención y tratamiento de las adicciones.
