NEUQUÉN (AN).- La aplicación del nuevo Código Procesal Penal implicará varios cambios en la ley orgánica del Poder Judicial que excede la cuestión de las subrogancias, por lo que el fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, y el defensor, Ricardo Cancela, se comprometieron a enviar en un plazo no mayor de 60 días un nuevo proyecto, en una visita que efectuaron a la comisión de Asuntos Constitucionales que preside José Russo (MPN). «Fuimos invitados para explicar un proyecto en materia de subrogancias en función que ahora las funciones de la defensa y la fiscalía son totalmente distintas», dijo Cancela quien indicó que se buscará que el TSJ apruebe las modificaciones y se presentará nuevamente el proyecto.
Gerez comentó que el nuevo Código Procesal Penal necesita de leyes complementarias para ponerlo en funcionamiento, es decir «hay muchas formas de dirigir la investigación, institutos, donde expresamente el código deja librado a una ley el ejercicio de una facultad o de un derecho». Acotó que para que entre en vigencia plenamente se requiere que esté la ley del ministerio público fiscal, del ministerio público de la defensa y una ley orgánica del Poder Judicial acorde al nuevo código. El flamante fiscal sostuvo que en la actualidad se cuenta con una normativa que no tiene relación con la nueva conformación que se le otorga a la parte penal que incluye colegios de jueces, tribunales de impugnación y no cámaras de apelación.
«Hay una reformulación de organismos en el código que es ley – la 2784 – y por eso no se pone en vigencia de manera inmediata para que tengamos tiempo de hacer toda la reformulación normativa, organizativa y estructural del Poder Judicial para acompañar esa vigencia», acotó.
Coincidió con Cancela en diferenciar los roles pero teniendo en cuenta que debe ser estructural es importante – dijo – contemplar la casuística que se pueda presentar en las subrogancias.
En otro orden, la comisión decidió continuar el tratamiento del proyecto de ley que regula el desarrollo urbanístico y uso del suelo en la provincia y Russo dijo que las urbanizaciones en tierras privadas generan múltiples conflictos y detalló la situación de Meliquina, donde se lleva a cabo un proceso de urbanización privada, «sin pautas de urbanización, sin espacios públicos, y con calles mal trazadas.» Mencionó que tampoco existe un sistema de gobierno, y depende funcionalmente de San Martín de los Andes.
