Yo siempre voy a recordar el día que entré por primer vez a uno de esos prostíbulos. Las habitaciones sin conexión de luz, sin ventilación; la suciedad, la mugre, los preservativos, los baños con un olor repugnante. ¿Quién puede elegir estar en ese lugar? Durante años, las mujeres que allí trabajaban nos miraron desde la puerta, en plena avenida, y a nadie le llamaba la atención”, dice Blanca Osuna. A tono con la normativa nacional e internacional sobre trata de personas, Paraná cerró todos sus cabarets y whiskerías. “Lo peor que podemos hacer como sociedad es seguir siendo indiferentes.”

–¿Cómo se llegó a esta decisión?
–Como senadora participé de la elaboración de la ley de trata actual, y luego, de la media sanción al proyecto de reforma para quitar el artículo que obliga a las mujeres mayores de edad a demostrar que no estaban ahí por propio consentimiento. Por eso, cuando quedamos a cargo de la gestión municipal, decidimos que había que intervenir sobre estos lugares que contaban con una habilitación municipal bajo la identificación de “bares sin elaboración de comida”. No podíamos seguir siendo indiferentes, y quitarnos el peso de esa responsabilidad. Este tema nos demostraba toda la hipocresía que existe en torno a la cuestión. Así que en febrero convocamos a una comisión de seguimiento y comenzamos las inspecciones.
–¿Qué encontraron?
–Lo primero que nos llamó la atención eran los discursos de las mujeres. Se adjudicaban toda la responsabilidad y nos reiteraban que nadie las mandaba a estar ahí. Eso se explica por la apelación al consentimiento que figura en la ley y que espero sea modificado por los diputados este año. En ese momento cerramos todos los locales que no estaban habilitados y luego decidimos modificar la ordenanza directamente, y fue aprobada por unanimidad. Allí se establece que está prohibida la habilitación en el ejido de la ciudad de cabarets, whiskerías y los ampliamos a todas las casas o locales en los que haya lucro por la explotación sexual de terceros. Además, incorporamos un artículo para que, en caso de que se compruebe que hay locales funcionando después de la vigencia de esta ordenanza, no sólo se cierra, sino que se multa y se inhabilita de por vida a la persona responsable para tramitación de cualquier licencia comercial.
–¿Y qué políticas adoptaron para las mujeres que se encontraban allí?
–Les planteamos la oportunidad de sumarse a un registro de inclusión laboral, cuya inscripción es voluntaria. Más de 30 de esas mujeres se han inscripto, y algunas ya fueron ubicadas en nuevos trabajos. También se les dio espacio para que sus hijos puedan asistir a jardines maternales de la municipalidad y se ofrecieron recursos para terminar la primaria y la secundaria. Nos encontramos con mujeres con hijos sin Asignación Universal, una cosa rara, porque hasta en los barrios más humildes de Paraná las mujeres están al tanto de la AUH.
–¿Identificaron situaciones de trata de personas?
–Identificamos que había muchos “encargados”, como les dicen, que eran de la ciudad de Santa Fe. Y había mujeres que eran santafesinas, dominicanas, de la ciudad de La Plata. ¿Cómo llegaron ahí? En algunos relatos en confianza, incluso,  ellas hablaron de redes de trata vinculada a Santa Fe y Rosario. No nos encontramos con menores, aunque sí, tenemos relatos de mujeres que reconocieron que había menores.
–Usted es muy firme al considerar que la prostitución no es un trabajo, ¿por qué?
–Si pienso en lo que encontramos en los prostíbulos, veo que la prostitución establece una relación que no es laboral sino de explotación. Las mujeres entregan el 50% de su “pase”. Hay quienes argumentan que es el trabajo más viejo del mundo. Eso es mentira. Se deben desplazar a las cuestiones culturales que la han naturalizado y que tienen que ver no sólo con la relación entre varones y mujeres, sino con una concepción social sobre el sexo.
–¿Cómo lo tomó la sociedad paranaense?
–(Sonríe) No faltan chistes, ni bromas, ni comentarios en doble sentido. Al fin y al cabo eran ocho prostíbulos conocidos por toda la ciudad. Y estos temas nos interpelan como personas, no es fácil de resolver. Tiene que ver con la iniciación sexual de cuántos jóvenes, de cuántos padres tomando eso como diversión. Las normas expresan una vocación política, pero de la ley a la realidad, hay un largo paso.
–La decisión despertó las críticas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), ¿cómo lo explica?
–Tenemos encuentros y desencuentros con AMMAR. Ellas manifestaron la preocupación de que esas mujeres ahora vuelvan a la calle y queden expuestas a mayores riesgos. Creo que hay que apelar a otras razones. Como Estado, tenemos el deber de acompañarlas, la responsabilidad de dar asesoramiento legal y protecciones de distinto tipo. De ninguna manera estamos haciendo un planteo moral, ni cuestionamos decisiones personales. Pero se trata de que, como sociedad, preservemos la libertad como derecho inalienable, como derecho humano. Hay que contribuir a una toma de conciencia social, correr el velo sobre la doble moral y la hipocresía que han apañado el ejercicio de la prostitución, poniendo a las mujeres en altísimo riesgo y en situaciones de exposición, de negación.
–¿Qué prioridades tendrá el Consejo Municipal de la Mujer?
–Ahora mismo, cerca de la terminal, donde muchas mujeres van a ejercer la prostitución, se está haciendo un control de salud. Queremos trabajar en dos sentidos: por un lado, la defensa directa a través de medidas como esta; y por otro, apostar al desarrollo personal de estas mujeres. La capacidad de reacción a las violencias físicas, psicológicas, tiene que ver con la fragilidad de la conciencia sobre los propios derechos. <

fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/06/16/sociedad-78534-la-intendenta-que-cerro-los-cabarets.php