Teresa y José Curruhuinca, miembros y autoridades de la comunidad mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu del paraje Cerro León en el Departamento Picún Leufú, con el patrocinio letrado de Micaela Gomiz y Juan Manuel Salgado del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, cuestionaron el desempeño de la actual jueza correccional de Cutral Co,Carina Álvarez, que concursa para el cargo de camarista criminal de Neuquén.
El jueves 14 de junio presentaron un escrito ante el Consejo de la Magistratura (en pdf, aquí) en el que señalaron “las actitudes discriminatorias de la Dra. Álvarez hacia los miembros del Pueblo Mapuche, incluidos los suscriptos, respecto de quienes ha adoptado una serie de decisiones no sólo violatorias de los tratados de derechos humanos (a los que jamás aluden en sus decisiones), especialmente del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, sino incluso de garantías mínimas establecidas en las normas procesales comunes”.
Entre los casos citados figura una resolución de la magistrada en que rechazó el pedido de la defensa de los imputados de la comunidad Wiñoy Tayin Raquizuam de designar a un intérprete de mapuzungun (idioma mapuche) para que interviniese en el debate oral. El argumento esgrimido por Álvarez fue que el código de procedimiento: “impone el idioma nacional para todos los actos del proceso, sancionando con nulidad su incumplimiento”.
Para los impugnantes “no solo denegó expresamente el derecho que se pretendía ejercer invirtiendo el orden normativo argentino” sino que “la respuesta fue ilustrativa de la actitud racista de Álvarez, toda vez que con ella dio a entender implícitamente que el idioma mapuche era un idioma extranjero”. En esa oportunidad, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la recusación de Álvarez.
“En una situación jurídica como la actual, en donde una de las mayores tareas de los magistrados consiste en adecuar la legislación infraconstitucional a las normas de derechos humanos receptadas con posterioridad, las decisiones de la Dra. Álvarez revelan- particularmente en el caso de los imputados indígenas- una incapacidad, cuando no un abierto desprecio, para la efectivización de los derechos constitucionales”, afirmaron en el planteo, formulado en el marco del artículo 23 del Reglamento de Concursos del Consejo que prevé la participación ciudadana.
(Por L.L.B.)
