Por Daniel Calivares
Ante la presión sobre la sensación de inseguridad que provocaron los dos asesinatos ocucrridos el miércoles pasado en dos hechos registrados en Guaymallén, el gobierno de Paco Pérez insistirá en el desdoblamiento de la Fiscalía de Delitos Complejos y en la conformación de la Policía Judicial. Se trata de dos medidas que ya propuso el mandatario en marzo, cuando el asesinato de Matías Quiroga estremeció a la provincia.
Son varios los proyectos que están en la mente de Pérez para que el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, anuncie el martes en una conferencia de prensa con la intención de calmar a la población ante los últimos hechos de inseguridad: los homicidios del abogado Alfredo Moreno y la empleada bacaria María Lourdes Gordillo.
Entre ellos, hay algunos proyectos que ya han formado parte de propuestas anteriores motivadas por necesidades vinculadas a rebrotes de la crisis de seguridad. Entre estas se encuentra: crear una nueva unidad de delitos complejos, modificando la actual; poner en funcionamiento la anhelada policía judicial y unir a toda la provincia en un mismo Código Procesal Penal.
Las dos últimas forman parte de una serie de proyectos acordados por la comisión de Seguridad conformada por los tres poderes y que se formó tras la muerte de Matías Quiroga, tras un frustrado asalto a un camión de caudales en el supermercado Carrefour de Godoy Cruz.
La idea del Gobierno es que Aranda presente el martes una serie de medidas que van principalmente hacia la prevención de delitos. Pérez adujo que se ha estado trabajando junto a la Dirección General de Escuelas y los ministerios de Desarrollo Social e Infraestructura para atacar los causales de la inseguridad.
«Hay que trabajar en lo estructural»
El gobernador señaló que se va a trabajar en “urbanismo social”, que tiene que ver con los servicios, las condiciones de habitabilidad y convivencia en algunas zonas complicadas.
“Hay que trabajar en lo estructural”, adujo el gobernador, quien reconoció que en materia de Seguridad, la idea es convocar a policías retirados, sacar más efectivos a la calle y armar una estrategia del manejo policial. Al mismo tiempo, agregó que este fin de semana ya se comenzó a recibir el apoyo de gendarmería en algunos operativos desarrollados en el Este y en Maipú, aunque aún no se sabe cuánto recurso humano se le pedirá al ministerio de Defensa de la Nación.
“No se trata de una sola medida sino de acciones que deben ser articuladas y trabajadas entre los tres poderes”, explicó el gobernador, quien repitió que hay que trabajar sobre los jóvenes que no están incluidos en el sistema laboral y educativo y “mejorar las condiciones de hacinamiento que tienen muchas familias en la provincia, porque esto colabora con generar nuevas personas que delinquen”, agregó.
No obstante, el gobernador intentó bajar la presión por la crisis de inseguridad y admitió que “no hay fórmulas mágicas, el problema de la inseguridad es mundial. Las acciones que estamos haciendo en distintos barrios tienen que ver con las condiciones de marginalidad y de infraestructura, además tienen que ver con los flagelos sociales que se dan en algunos barrios urbanos donde algunos malvivientes marginan al resto de los ciudadanos de la sociedad”.
«La Fiscalía de Delitos Complejos se desbordó»
En lo que tiene que ver con la Justicia, el gobernador explicó que la idea es que se constituya la policía judicial y que se haga una nueva fiscalía de delitos complejos, ya que la actual “se ha desbordado”. En ese sentido, Pérez adujo que este último proyecto tiende a que haya unidades fiscales especializadas en diferentes rubros delictivos, como así también sus investigadores.
En tanto, el Poder Legislativo también podría llegar a tener su parte en este trabajo de tres poderes que quiere el gobernador para combatir la inseguridad. La comisión interpoderes ha estado trabajando en las últimas semanas en una serie de proyectos, algunos aprobados y otros no, que buscan que sean aprobados en plazos que van desde esta semana a un año.
Entre ellos se encuentra el fortalecimiento del régimen de prisión preventiva, la creación de la defensoría del policía, la ley de paternidad responsable, la modificación del régimen de prisión preventiva y la ley de protección y prevención de delitos sexuales, que obliga a todos aquellos que tengan antecedentes de abuso a acudir a una comisaría todos los meses a actualizar domicilio y foto. Además, la implementación de inhibidores de señal de celulares en las cárceles y la modificación del Código de Ejecución Penal, que no es otra cosa que dejar sin efecto la adhesión a la ley nacional y tener un régimen progresivo legislado desde la provincia, lo que provocaría la prohibición de salidas transitorias para violadores y homicidas.
