A pesar de las urgencias, o tal vez por ellas, hay medidas que duermen el sueño de los justos sin que nadie diga por qué no están funcionando. Así, por ejemplo, la Ley 7.841 de Asistencia a las víctimas del delito fue sancionada el 13 de febrero del 2008 y aún no está reglamentada. La misma suerte corre para la ley 8.238 de Registro de Delitos, que fue sancionada el 14 de diciembre del 2010 y aún no está en plena vigencia.
Ante las reacciones espasmódicas que se pueden ver después de cada crisis en seguridad, el resto del tiempo parece no haber mucho interés en aplicar medidas que parecían impostergables.
Las dos que se mencionaron están siendo empujadas desde que los asesinatos de Matías Quiroga y de Emanuel Páez obligaron a dar vida nuevamente a la Bicameral de Seguridad. Al reunirse bajo la presidencia de Aldo Vinci y empezar a ver qué se había hecho y debería hacerse, se encontraron con expedientes sin sanción o sancionados y sin concreción. El 5 de junio pasado, los miembros de la comisión acordaron plazos para que todas esas iniciativas entren en vigencia o sean tratadas.
Nuevos plazos
En el caso de la de Asistencia a las víctimas, se ha puesto un plazo 30 días para ponerla en marcha. De hecho, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, está trabajando en la reglamentación. La otra ley, la del registro de delitos, que servirá para retomar las estadísticas oficiales, debería estar en funcionamiento en 90 días.
Estas dos normas no son las únicas que duermen. Está la 7.968, referida a los inhibidores de señal en establecimientos penitenciarios, que fue sancionada el 5 de noviembre de 2008. Esta ley ordena la instalación de equipos que hagan caer la señal de la telefonía celular en las cárceles de Mendoza y era supuestamente la respuesta a la sucesión de llamadas que hacían internos a ciudadanos con el engaño de los secuestros virtuales.
De acuerdo a lo que surge de las actas de la Bicameral de Seguridad, ha habido pruebas hace un par de semanas para instalar un equipo de esas características en Almafuerte y en 120 días estaría instalado.
Así, lo concreto es que todas las iniciativas aprobadas o sin aprobar nadie las debate o las veta con argumentación sólida. Simplemente están en el limbo, sin que nadie diga por qué.
En las mismas condiciones están la ley de creación de programa tecnológico de control y seguimiento de medidas judiciales. Se trata de la Ley 8.218 y el nombre rimbombante corresponde a algo tan simple como las pulseras electromagnéticas para colocarles a los que están en fase de confianza. Es un proyecto del Ejecutivo y fue sancionado el 12 de octubre de 2010. Aún no está implementado y dicen que es porque se cayó la licitación de compra de las pulseras. Supuestamente estará todo listo en 120 días.
Otra ley que está en veremos es la 7.907, de Protección de Testigos, sancionada el 15 de julio de 2008 y que aún no está en vigencia. La promesa es 90 días.
Amén de las leyes aprobadas, también hay proyectos que duermen, que también han sido incluidos en lo que los miembros de la Comisión llaman la agenda de la Bicameral. El dato curioso es que la mayoría de los ítems de esa agenda tienen dos nombres repetidos en carácter de autores o coautores: Luis Petri y Daniel Cassia.
De los proyectos que van a ser reactivados por la Bicameral, el más nuevo es el Código de Ejecución Penal que fue presentado en abril pasado. Hay intención de hacer una sesión especial, puesto que esta norma redactada por Petri ha despertado el interés de los familiares de las víctimas. Del resto, hay alguna incluso de 2007.
