Luego de seis meses en los que se avanzó poco y nada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso la creación de tres comisiones para acelerar la implementación de la reforma del Código Procesal Penal que se aprobó a fines del año pasado.
La decisión se tomó mediante el Decreto 220 firmado el pasado 13 de junio, pero que recién trascendió ayer. La norma prevé la creación de las comisiones de Legislación, Capacitación y Edilicia. Todas estarán supervisadas por un consejo directivo integrado por el presidente del TSJ, Ricardo Kohon, y los vocales Evaldo Moya y Graciela Martínez de Corvalán.
El rol que tendrán en términos generales será el de “tomar las previsiones organizativas y económicas correspondientes, para dar cumplimiento al plazo dispuesto en la norma provincial sancionada y efectuar las propuestas de reformas a la legislación vigente”, según el texto del decreto.
La de Legislación tiene un papel preponderante, ya que será el ámbito donde se elaboren las leyes para la aplicación de la reforma. Por este motivo, estará dividida en subcomisiones: la de Ley Orgánica del Poder Judicial, a cargo de Carina Álvarez, Andrés Repetto y Alfredo Elosu Larumbe; la de Ley Orgánica del Ministerio Público, que estará en manos del fiscal del TSJ, José Gerez; la de Ley Orgánica de Ministerio Público de la Defensa Pública, a cargo de Ricardo Cancela; y la de Ley Orgánica de la Policía, que estará a cargo también de Gerez.
En el caso de la comisión de Capacitación, que es un tema clave para las autoridades del Poder Judicial debido al cambio de roles que implicará la reforma, los responsables serán Agustín García y Héctor Rimaro, junto al secretario de la Escuela de Capacitación de la Justicia, Marcelo Savasta.
La comisión Edilicia deberá definir las adecuaciones en la Ciudad Judicial, el edificio construido en esta capital para albergar al fuero penal, pero que aún no se inauguró y se diseñó sin contemplar la reforma.

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