Durante mucho tiempo, las dos mujeres trabajaron en un departamento privado, bajo las órdenes de un hombre que se llevaba un porcentaje de cada «pase» que realizaban. Por eso, apenas lograron romper con ese vínculo, decidieron trabajar por su propia cuenta. Habían ahorrado un dinero y alquilaron un espacio en un edificio ubicado en barrio Sur, sin depender de terceros, y ejercieron allí la prostitución.
Con lo que no contaban es que, a poco de comenzar a trabajar, tendrían nuevos socios. Una tarde de enero, policías habrían llegado al departamento, afirmando que estaban realizando un supuesto allanamiento. En medio de discusiones, las habrían amenazado con llevarlas presas, les habrían pedido un dinero y les habrían comentado que debían reunirse con los jefes de la comisaría de la zona, para pactar las condiciones con las que podrían seguir trabajando. Todo eso, según la denuncia realizada en la Justicia.
En la reunión, los uniformados les habrían dicho a las dos mujeres que debían realizar un pago semanal para permitirles atender a los clientes sin problemas. Pero luego de un tiempo, al no poder reunir el dinero solicitado, ellas denunciaron al primer y segundo jefe de la seccional, que actualmente están siendo investigados.
La denuncia por el supuesto cohecho fue realizada en los tribunales penales de avenida Sarmiento a principios de marzo, por la fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, luego que las mujeres se contactaran con los abogados de la organización para pedirles ayuda.
El letrado Carlos Garmendia asesoró a las trabajadoras sexuales y actualmente la causa se encuentra en la Fiscalía II de Instrucción. Según consta en la presentación realizada, el 14 de enero, cuando los policías llegaron al departamento, se habrían hecho de $ 2.000. Luego, habrían exigido que cada lunes les pagaran $ 400.
Audio comprometedor
En el expediente figura una grabación realizada durante una entrevista que las dos mujeres habrían mantenido con uno de los jefes de la seccional 2ª, que fue procesada por personal de Gendarmería Nacional. En la misma, se escucha la voz de un hombre, advirtiendo a las prostitutas que, si no podían reunir el dinero que les pedían, no iba a poder evitar allanamientos al departamento.
«Tenemos muchísima presión, por lo del alquiler … tenemos la empleada, la escuela de los chicos. La verdad es que no podemos», se escucha en el audio hablar a una de las mujeres, justificando los motivos por los que estaban demoradas con el cánon semanal.
«Si te digo que te dejo trabajar estaría mintiendo … eso significa allanamiento con seguridad, no les voy a mentir», dice el hombre en la grabación, como una advertencia al pasar. El audio, supuestamente, fue tomado el 5 de marzo, en una oficina de la seccional 2ª.
Desde que las mujeres recurrieron a la fundación María de los Ángeles, dejaron de recibir la visita y llamados de los policías. Sin embargo, en los últimos tiempos habrían recibido visitas de extraños clientes al departamento, a quienes se negaron a atender, y un allegado les habría hecho llegar el mensaje de que se alejen de los abogados de la fundación. Así lo contaron el viernes en la Fiscalía.
«En el mensaje, además de decirles que tengan mucho cuidado, les transmitían una amenazada encubierta hacia mi persona», comentó Garmendia, que también declaró el viernes en la causa, como testigo.
Consultado por LA GACETA, el jefe de Policía, Jorge Racedo, se limitó a manifestar que desde la Justicia no les notificaron de ninguna investigación, y que no tenía conocimiento de la denuncia.
El 19 de abril, una travesti de 24 años denunció que policías de la seccional la habían detenido junto a un taxista por una contravención. Según la denuncia, la contravención fue inventada, abusaron de ella, y el taxista afirmó que le pidieron $ 500 para recuperar la libertad. En esa oportunidad, el abogado de los denunciantes también fue Garmendia.
Sin embargo, desde la seccional 2a negaron esas acusaciones, y el segundo jefe de la seccional, Raúl Trejo, denunció que la madre del taxista fue quien ofreció pagar un dinero para su hijo quedara en libertad.
La prostitución en departamentos privados no se encuentra prohibida por la legislación. La ley de profilaxis nacional prohibe los prostíbulos o cabarés, y pena a los proxenetas o a quienes regenteen prostitutas.
Es decir que la legislación actual deja fuera de la prohibición a la prostitución callejera -que en Tucumán es considerada una contravención- y permite que las personas que deseen ejercer el comercio sexual por su cuenta, en casas privadas, pueden hacerlo. De hecho, desde la fundación comentaron que aceptaron este caso una vez que comprobaron que las mujeres, efectivamente, no dependen de ningún proxeneta.
El lunes, Trimarco pedirá formalmente una reunión con el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, y con el jefe de Policía, para brindarles todos los detalles de la denuncia realizada. Garmendia afirmó que buscan proteger a las mujeres de cualquier situación violenta, ya sea por parte de proxenetas o por parte de la Policía.
