En medio de la dura pelea que llevan adelante el Gobierno y Clarín, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en la causa en la que se investigan presuntas operaciones de fuga de divisas que habría realizado el JP Morgan por un monto aproximado a 5 mil millones de dólares, maniobra en la que también estaría involucrado el Grupo comandado por Ernestina Herrera de Noble.
Según revela agencia Télam, se trata de la causa es la 9232/2008. En marco de ese expediente, la oficialista Sala II de la Cámara integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah revocó la sentencia dictada por el juez Sergio Torres, quien en una instancia anterior había rechazado a la UIF como querellante.
La causa, caratulada “N.N. sobre delito de acción pública”, fue iniciada en 2008 a raíz de la denuncia presentada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la Banca Privada de JP Morgan —sucursal Nueva York—, en la que se autoimputó como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero, evadir impuestos y generar documentación falsa, entre otros delitos.
Según contó Arbizu en sede judicial, la entidad ofrecía a sus clientes las herramientas jurídicas y contables adecuadas para tales fines.
Fue precisamente a partir del testimonio de este último que la UIF radicó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal 3, a cargo de Eduardo Taiano, para que se investigara la posible “manipulación de precios de acciones” del Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio, que luego fueron adquiridas con fondos de inversión controlados por las AFJP.
Los títulos salieron al mercado en 2007 con un valor de 35 pesos y luego cayeron abruptamente. A pesar de la caída de las acciones del Grupo Clarín, las administradoras seguían adelante con las compras de acciones sin velar por el interés de sus representados.
“El mayor conocimiento comienza a advertirse cuando los fondos que administraban las AFJP pasaron al Estado. Ahí salta rápidamente la pérdida que tuvieron esas acciones sobrevaluadas”, explicó el titular de la UIF, José Sbatella, al fundamentar el pedido.
«En la investigación que hizo la UIF se recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunciado un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión», según Télam.
En el caso de la causa 9232/2008, era la segunda vez que la UIF se presentaba como parte querellante en el proceso ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12 a cargo de Sergio Torres.
En ambas ocasiones el juez rechazó la solicitud, alegando que aún estaba en vías de corroboración si los hechos del expediente encuadraban en la ley de lavado de dinero y sus modificatorias. Torres repitió sus fundamentos a pesar de que entre ambas solicitudes trascurrieron casi cuatro años.
Mientras tanto, el juzgado conserva, aún sin analizar, las cuarenta cajas con documentación secuestrada en un allanamiento realizado a los tres pisos del edificio en Puerto Madero donde funcionaban las distintas unidades comerciales del JP Morgan. En esta oportunidad, la Sala señaló que tal argumento ya no resulta sostenible.
Diego Goldberg
