El Poder Ejecutivo envió ayer al Senado los nombres para ocupar las vacantes en los tribunales de Retiro. Estos juzgados manejan las causas de corrupción de funcionarios nacionales
Los magistrados de Comodoro Py también tienen a su cargo los expedientes abiertos por narcotráfico, y cuatro de sus despachos están vacantes desde hace más de cinco años, por lo que son ocupados por subrogantes.
Para ocupar esos lugares vacíos el Gobierno propuso a Marcelo Martínez De Giorgi, actual juez subrogante de ese fuero; Luis Rodríguez, juez de instrucción porteño; Sebastián Ramos, secretario del juzgado de Daniel Rafecas; y Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal, según le informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
Casanello fue propuesto para ocupar el Juzgado Federal 7, subrogado por Norberto Oyarbide, y que tiene a su cargo la causa por las escuchas telefónicas en la que está procesado y cerca de ir a juicio oral el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Martínez de Giorgi fue propuesto para el Juzgado 2, que subroga actualmente; Rodríguez para el 9 y Ramos para el 2.
El Poder Ejecutivo eligió a esos cuatro candidatos de los seis que propuso el Consejo de la Magistratura tras realizar el concurso de selección 140 que llevó seis años realizarlo, y que estuvo teñido de polémicas.
Sin embargo, el Gobierno no respetó el orden de mérito de los concursantes -aunque la ley no lo obliga a hacerlo-, sino que puede elegir a cualquiera de los propuestos.
Quien salió primero en el concurso fue Martínez De Giorgi, y en segundo y tercer lugar se ubicaron el juez subrogante en Morón Juan Pablo Salas y el magistrado de Garantías de Quilmes Marcelo Goldberg, respectivamente, pero los dos últimos no fueron propuestos por Balcarce 50.
Los pliegos de los candidatos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado, que deberá llamar a una audiencia pública con los postulantes para que luego el pleno de la Cámara alta apruebe su nombramiento.
El concurso duró seis años y fue atravesado por recusaciones de candidatos, impugnaciones y hasta se tuvo que volver a hacer por presuntas irregularidades en la corrección de las pruebas.