Desde la Subsecretaría de Seguridad se pretende integrar una nueva ley de seguridad pública similar a la aprobada meses atrás en Chaco. La misma aplicaría cambios sustanciales en la administración de justicia en la provincia.
El proyecto de ley, que sería enviado para su tratamiento legislativo próximamente, contempla nuevas bases jurídicas e institucionales en cuanto a misiones, funcionamiento y composición para la implementación de nuevas políticas de seguridad pública.
La seguridad pública según se explica, “es la situación política, institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente las siguientes libertades y derechos: A defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica, cultural y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado. A obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos, garantías y libertades emanadas de la Constitución de la provincia del Chaco. A la vigencia plena de las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano.”
A estos fines es que la ley distingue también la prevención y la conjuración, la primera como las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública. Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar o contrarrestar en forma inmediata los delitos o hechos en ejecución que resulten atentatorios de la seguridad pública, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores.
La primera vez que se hizo alusión a este proyecto fue durante la visita de la ministra de Seguridad Nilda Garré en la provincia, de boca de la propia gobernadora Lucía Corpacci. En estos últimos días, fue tema de disertación del subsecretario de Seguridad Juan Pablo Morales en el marco del primer congreso de Derecho Penal que se realizó en la provincia.
Cambios
Entre los cambios más importantes, se contempla que la parte administrativa de la policía estaría bajo el ala de la secretaría de Seguridad. A su vez, todas las escuelas policiales que actualmente dependen de Seguridad, pasarían a pertenecer al ministerio de Educación.
El jefe de la policía provincial, de este modo, tendría un cargo operativo en cuanto a garantizar la prevención y conjuración en la provincia. La ley contempla también el control externo del accionar de la Policía de la provincia y el Servicio Penitenciario.
Además, se formaría un Consejo de Seguridad integrado por los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual estará a cargo del cumplimiento efectivo de la legislación en cuanto a sus objetivos y las estrategias.
fuente: http://www.elesquiu.com/notas/2012/7/9/policiales-246553.asp
