Al juez Rafael Sal Lari, titular del juzgado de Garantías 3 de San Isidro, lo acusaban de varias cosas: entre ellas, de dejar libres violadores y asesinos, fallando sin sentido común. La mayoría eran mentiras o tergiversaciones. Se trataba, se supo con el tiempo, de una campaña mediática a favor de la ‘mano dura’, una práctica que el juez -con una sólida formación académica- no compartía. El magistrado estaba suspendido desde abril del 2011, y le retienen la mitad de su salario. Lo acusaban de diez cargos, pero al final, cuando de uno a uno se desvanecieron, la cruzada política y mediática en contra de la inseguridad parecía llegar su fin.
El miércoles por la tarde, la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial estaba por cancelar el jury, pero ayer, de forma sorpresiva, decidieron darle una oportunidad a Abel Posse, el intendente de San Isidro, para que de todas formas lo acuse, a pesar de no haber formado parte del proceso. La idea, se teme, es avanzar en el juicio de todas formas, a pesar de no tener pruebas contra él.
