El Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa) no es cualquier institución, ya que nació con el fin fundamental de trabajar en la contención, protección y la posterior reinserción en la sociedad de los menores. La capacitación de los operadores debiera ser, sin dudas, una cuestión fundamental.
Por eso resulta por lo menos llamativo que las autoridades provinciales, según se desprende de una denuncia presentada a este diario, hayan aprobado el ingreso a la institución de nueve policías retirados. Los ex agentes estarían cumpliendo actualmente funciones como operadores socializadores, en el abordaje terapéutico con los menores institucionalizados por orden judicial y en conflicto con la Ley Penal. La pregunta clave es: ¿estas personas están capacitadas para trabajar con el cuidado necesario en la resocialización de un menor con inconvenientes, teniendo en cuenta su formación policial profesional?
Los policías retirados se habrían incorporado a la institución percibiendo un monto de 3.800 pesos de bolsillo, y bajo la condición de monotributistas. Ante la falta de personal, declarada ayer por un ex trabajador del Ipesa, los funcionarios provinciales habrían decidido estos ingresos de ex trabajadores policiales, quienes cobrarían por una contraprestación de servicios como operadores del instituto.

Silencio de funcionarios.
LA ARENA recibió en los últimos días una denuncia sobre el ingreso de estos nueve policías retirados al Instituto Provincial de Educación Socialización de Adolescentes. Se intentó una comunicación con el ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, y el subdirector del Ipesa, Rubén García, pero ambos mantuvieron apagados sus teléfonos celulares, impidiendo de esa forma la consulta de este medio.
La denuncia, además de aportar datos y valores de los nuevos contratados, expresa que «el monto a percibir y si la función que actualmente desempeñan es compatible o incompatible no sería la cuestión de fondo, sino el doble discurso del Estado provincial, que trabaja con los menores en un nuevo paradigma de contención, protección y su posterior reinserción a la sociedad y en la realidad actúa violando toda norma legal de los Derechos del Niño y del Adolescente (Convención Internación de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, los cuales son supra constitucionales)».
El Ipesa es un instituto creado durante la gestión del actual senador Carlos Verna, mediante la Ley 2116. En aquel momento, se tuvo un especial cuidado en los operadores elegidos. Se realizó allí, con la participación de profesionales adecuados, el psicodiagnóstico de cada uno de los operadores socializadores contratados, casi todos padres de familia. Se implementó, además, un curso de duración de un año establecido por esa ley provincial. En 2005, ingresó el plantel operativo, que cumplió todas las indicaciones de los profesionales.

Metodología.
«Cierto es que el sistema y la metodología de trabajo de la Policía de la Provincia de La Pampa está cuestionada por trabajar en un régimen de la Dictadura Militar, ya perimido, fuera de todo marco democrático, por lo tanto su personal está preparado para desarrollar su labor dentro de ese régimen, en consecuencia es muy difícil que los nueve policías que hoy se desempeñan en el Ipesa puedan cambiar sus hábitos y su formación», señala la denuncia. Y agrega como otro dato importante que «ambas partes (menores y ex agentes) son archi conocidas, tanto en comisarías, en la calle o en la Alcaidía, habida cuenta que la mayoría de estos menores fueron detenidos por parte de la policía de apremios ilegales que no se corresponden con la época de democracia».

¿Alcaidía en el Ipesa?
Por otro lado, la denuncia hace referencia a la posibilidad de que el Gobierno provincial establezca una Alcaidía en el Ipesa, «cuyo funcionamiento puede llegar a ser nefasto». «Sería interesante que la presidente de la Nación, Cristina Fernández, que tanto avanza en la temática de los derechos humanos, se enterara de esta situación». Afirma, además, que sería «interesante que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas investigue si se transgredió la ley 2116 en cuanto al desempeño de policías como monotributistas, cumpliendo funciones de operador socializador», sentenció. Además, «si se cumplimentó lo que marca dicha ley sobre el Registro de Aspirantes, en cuanto a Psicodiagnóstico, curso de operador socializador, y que se encuentren como empleados activos de la ley 643, caso contrario en el ámbito de la Honorable Legislatura y en la Comisión que corresponda deberán analizar cuales son las sanciones a adoptar», cierra la denuncia.

Fuente: http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-ipesa_carcelario__contrataron_a_nueve_ex_policias-70518-115.html