En estos días de peleas intestinas entre partidos por leyes sobre seguridad, la olvidada reforma del Código de Faltas volvió a salir a la luz. Después de que el gobierno de Celso Jaque la impulsara, en el 2008, en los días posteriores a firmarse el acuerdo social por la seguridad, y de obtener media sanción del Senado, nada más se supo de ella. Es decir, hace tres años y siete meses que duerme un sueño legislativo profundo: el de los proyectos que esperan un aval político del Ejecutivo. De hecho, desde el PJ legislativo dijeron no tener ninguna orden para poner el tema en agenda.
Diario UNO consultó a dos de los diputados que trabajaron en esta temática: Daniel Cassia (Es Posible) y Luis Petri (UCR), quienes dieron su opinión sobre el proyecto.
Paso a paso
El puntapié inicial para reformar completamente el compendio de contravenciones –es decir, de faltas menores, no graves, pero si “sancionables”– lo dio la gestión de Jaque, y también esta gestión fue la que lo “cajoneó”. A principios de octubre del 2008, y luego de varias semanas de debate en comisiones parlamentarias, obtuvo media sanción del Senado. Si bien existía el proyecto de un peronista –Daniel Cassia–, el ex gobernador decidió impulsar las modificaciones propuestas por el demócrata Carlos Aguinaga. Según Cassia, fue por la mala relación que tenía con el entonces secretario general de la gobernación, Alejandro Cazabán.
Al mismo tiempo, la principal diferencia entre ambos proyectos residía puntualmente en que el código de Cassia era mucho más duro que el de Aguinaga. En síntesis, problemas de cartel, sumados a críticas que tenía la reforma –especialmente de los gremios y ONG de derechos humanos por supuesta discriminación a ciertas prácticas y actividades– le hicieron dar marcha atrás al gobernador, y el código quedó congelado.
Según afirmó Cassia, la actual Ley 33.365 debería ser reformada íntegramente. Data de 1965, y regula actividades obsoletas. Mientras, deja fuera otras que deberían tenerse en cuenta. Así, el nuevo Código de Faltas contempla castigar a padres cuyos hijos menores cometen delitos, regula la actividad de tatuadores y colocadores de piercing, sanciona a limpiavidrios y cuidacoches que obliguen a ser retribuidos, y una de las más polémicas: considera una falta a los que obstruyen la vía pública con marchas y manifestaciones. Esto provocó el disgusto, sobre todo, de los gremios.
Por otra parte, consideraba la ampliación de las competencias de los Juzgados de Paz, para que pudieran tratar estas faltas menores. Para Cassia, de nada vale que la oposición impulse el tratamiento del proyecto si luego el Ejecutivo no va a darle soporte político a la iniciativa.
Una opinión afín fue la de Luis Petri (UCR), un diputado especializado en temas de seguridad. Consideró que debatirlo y modificarlo es importante, pero si no está en la agenda del Ejecutivo, su discusión carece de sentido. Por último, desde el PJ legislativo dijeron no tener ninguna orden para debatir la regulación de las faltas menores.
