En el mejor de los casos, pretender que la posesión de un teléfono celular encuadra como ‘perturbación del orden y la disciplina’ o que sea utilizado para ‘evadirse o intentarlo, planificar, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello’, no es una conclusión que pueda ser presumida iure et de iure (de pleno y absoluto derecho), sino que requiere de pruebas que lo demuestren, lo que brilla por su ausencia en este caso”.
La cita corresponde a una resolución de Mario Juliano, en su carácter de juez de Ejecución de Necochea, ante el caso de un interno del penal de Batán que fue sancionado porque tenía en su poder un teléfono celular.
Juliano revocó los seis días de aislamiento que el director de la Unidad Penal 15 de Batán le había impuesto como sanción al interno.
El fallo completo en formato word pueden descargarlo aquí.
Rescato algunos párrafos:
En el caso particular no se ha demostrado que la posesión del teléfono celular en poder del señor R. haya representado una lesión o peligro concreto para la seguridad del establecimiento, ni su participación en la comisión de un delito o en un plan de fuga.
La pretensión de relacionar directamente y sin solución de continuidad la mera tenencia de un celular (sin otro elemento probatorio) con posibles planes de fuga o posibles delitos en el exterior, se presenta como un entramado de conjeturas amalgamado por una suerte de paranoia estatal en su rol de garante infalible de la seguridad. Este despliegue sancionatorio-anticipador va en desmedro del ejercicio razonado, sobrio y cauteloso del poder disciplinario o de las capacidades preventoras de los miembros del Servicio Penitenciario.
En el caso, se advierte con elocuencia que la sanción impuesta viola de modo ostensible los principios de lesividad y legalidad, ya que la conducta reprochada no se encuentra prevista de modo expreso en norma alguna, y tampoco se ha probado que tuviera una exteriorización idónea para poner en riesgo las situaciones previstas en las normas que se mencionaron como afectadas.
