Hace quince años que Estados Unidos aprobó una ley que cambiaría para siempre el sistema de detenciones, el número de arrestos, el tiempo que pasa cada detenido en prisión e incluso el entramado de cárceles públicas y privadas de todo el país. Era la ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de 1996, firmada por el presidente Clinton. Sólo diez años antes Ronald Reagan había firmado una amnistía para tres millones de indocumentados.
La nueva ley, conocida popularmente como “detención obligatoria” exigía, entre otras cosas, mantener detenidos a inmigrantes indocumentados de manera indefinida y sin derecho a quedar en libertad bajo fianza. Entre los arrestados hay muchas veces personas con casos abiertos de petición de asilo y residentes legales. Numerosos grupos en defensa de los derechos civiles han denunciado la violación de su derecho a juicio desde entonces.
“Todo el mundo merece un trato igualitario y justo ante la ley, independientemente de su estatus migratorio”, dijo esta mañana en conferencia Silky Shah, organizador de campañas de Detention Watch Network. “Pero en los últimos 15 años la detención obligatoria ha negado a innumerables personas su derecho a un día ante el juez, destruyendo familias y comunidades de todo el país”.
Shah añadió que este tipo de políticas, todavía vigentes, sólo han contribuído a la extensión de una estrategia para luchar contra la inmigración ilegal que no funciona. Sin embargo, otro sector, también relacionado con la detención de inmigrantes, ha recibido un impacto bastante positivo -si hablamos en términos económicos- gracias a esta política.
En 1996 el sistema de inmigración estadounidense arrestaba a 70.000 indocumentados al año. Ahora son 400.000. Todos ellos son repartidos en más de 250 centros de detención federales, estatales, públicos y privados de todo el país. ¿El coste? 1.700 millones de dólares al año que cubren los impuestos de los ciudadanos.
Datos del Departamento de Justicia sobre el aumento
de detenidos en Estados Unidos desde 1990.
La Corporación de Correccionales de América, (CCA) es la compañía que posee el mayor número de camas en centros de detención de inmigrantes. El año pasado aumentó su capacidad de alojamiento de 22.500 a 32.000 camas. El modelo de negocio es sencillo. Los estados pagan por cada uno de los detenidos a las prisiones, una especie de alquiler por la estancia y tres comidas al día. Los dueños de las prisiones obtienen más ingresos cuantos más presos haya, más duras sean las condenas y más veces reincidan en el delito.
La organización «Inmigrantes en venta» estima que el negocio de las prisiones privadas en Estados Unidos factura 5.000 millones de dólares al año.
El patrón coincide con el aumento de detenidos, el arresto indefinido y los envíos a prisión tras reincidir en infracciones como volver a entrar en Estados Unidos después de ser deportado, entre otros. La “coincidencia” ha provocado varias investigaciones, entre ellas las de un reportero de NPR. Beau Hodai descubrió que hace dos años el senador de Arizona Russel Pearce y miembro del comité de ALEC -otro de ellos es CCA- propuso a sus colegas la ley de inmigración de Arizona. Sus compañeros eran dueños de centros de detención privados y la ley tardó apenas dos meses en salir adelante.
ALEC no cesó ahí. En 2011 invirtió un millón de dólares en lobbies, según revela la web Open Secrets. La mayoría de los destinatarios fueron además legisladores del Partido Republicano.
La ley SB 1070, cuyos apartados más controvertidos están pendientes de una decisión judicial que probablemente termine en el Tribunal Supremo, ha servido de inspiración para muchas otras. Arizona aprobó su ley de inmigración en 2010. Después llegarían regulaciones similares en Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur. Otros 17 estados consideran en este momento dar el mismo paso.
Según “Cuéntame”, una organización de justicia social, CCA alberga al 60 por ciento de los detenidos por delitos de inmigración. Datos del Departamento de Justicia muestran además que las infracciones relacionadas con la inmigración son ya el tercer delito más frecuente entre los presos con más de un año de condena en Estados Unidos, sólo por detrás de tráfico de drogas o delitos relacionados con armas.
“Florida está siendo testigo de esta expansión de sistema de detención de inmigrantes”, denunció ayer Kathy Bird, de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “Hay planes de construir uno de los centros más grandes de todo el país, con capacidad para 1.500 camas, quizás más”. Bird denunció que otros estados han visto los efectos de estos centros en otras comunidades del país y ahora lideran una campaña para impedir la construcción del nuevo centro.
Detention Wath Network por su parte, estrenaba ayer la iniciativa “Dignidad, no Detención” para lograr que el Congreso anule la ley de 1996 que tanto ha contribuido al aumento de los arrestos de inmigrantes.
