Otro informe dejó al descubierto las falencias en las cárceles provinciales. Surgió de una recorrida por las unidades de detención de Neuquén, Cutral Co y Zapala en la que se detectaron desde problemas edilicios hasta falta de adecuada asistencia médica, además de “baja presencia” de funcionarios judiciales para escuchar los reclamos de los detenidos.
El trabajo lo realizó la Asociación Pensamiento Penal (APP), que está recorriendo las cárceles del país para elaborar un diagnóstico de la situación y recomendar las medidas a tomar. Aquí está completo en formato pdf.
La inspección a las cárceles de Neuquén estuvo a cargo de Nicolás Laino, secretario general de la APP, el pasado 18 de junio. Se produjo en el contexto del asesinato de Cristian Ibazeta en la Unidad 11 y la orden judicial de tomar medidas para mejorar la seguridad dentro de esa prisión, la mayor de la provincia. El crudo diagnóstico coincide con el contenido de un informeelaborado en febrero por la fiscal Gloria Lucero.
Entre los deficiencias en las condiciones de detención, el relevamiento menciona falta de higiene y de elementos de limpieza; presencia de pulgas, cucarachas y ratas; defectuosa iluminación artificial y escasa luz natural; vidrios rotos en la mayoría de las ventanas; serios problemas de calefacción y deplorables condiciones de las instalaciones sanitarias de las celdas.
La semana pasada un interno de la U11 quemó un colchón como método de protesta; justamente en su informe la APP alertó sobre la ausencia de colchones ignífugos en todas las unidades y la escasez de matafuegos.
Respecto de la comida, en la recorrida se comprobó que “es producida por una empresa privada y consiste en raciones escasas de muy baja calidad. Las demoras en el pago a dicha empresa hace que la calidad de la comida vaya fluctuando según el cumplmiento de las obligaciones estatales con el proveedor de los alimentos”.
El nivel de asistencia médica fue calificado de “escaso”, con presencia de enfermeros de día pero no de noche para atender urgencias.
Los detenidos no reciben asistencia psicológica, y tampoco hay móviles suficientes para trasladarlos al hospital por lo que resulta frecuente que pierdan los turnos de atención que les asignan.
El informe consigna además “ausencia de defensores y de jueces especializados para la etapa de ejecución de la pena” y “baja presencia de los defensores públicos oficiales y de los jueces en las unidades carcelarias”.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el organismo exhortó a los tres poderes del Estado provincial a “adoptar en el marco de sus respectivas atribuciones las medidas adecuadas para mejorar en forma inmediata y de manera integral las deficientes condiciones de detención”.
