Washington, D.C. – Ante la situación de tensión entre poderes públicos en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la importancia del principio de separación e independencia de los poderes públicos como elemento esencial del Estado de Derecho.
Según la información recibida, el 24 de abril de 2012 la Asamblea Legislativa de El Salvador eligió mediante decretos legislativos a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, nombró a uno de ellos Presidente de la Sala Constitucional, y dispuso el traslado del magistrado que ocupa ese cargo a otra Sala de la Corte Suprema. La información disponible indica que el 5 de junio, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los decretos legislativos emitidos por la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional argumentó que la actual legislatura ya había participado en una elección de magistrados, por lo cual se estaría impidiendo a la nueva legislatura ejercer sus competencias en la materia, y que el traslado del Presidente de la Sala Constitucional constituiría una medida contraria a la garantía de inamovilidad.
La Comisión Interamericana ha destacado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Uno de los elementos esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado es el funcionamiento adecuado del poder judicial. Un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia.
Entre las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado e independiente de las funciones judiciales se encuentran los mecanismos de designación de los jueces, la estabilidad en su cargo y la capacitación profesional adecuada. Asimismo, se requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, esto es, que estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen.
La CIDH espera que el diferendo entre los poderes públicos de El Salvador sea superado en pleno respeto a los estándares internacionales en relación con el principio de separación e independencia de los poderes públicos, componente esencial del Estado de Derecho. Asimismo, la Comisión insta al Estado a asegurar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/088.asp
