Es evidente que profesionales como él, saben más por lo que callan que por lo que dicen. A lo largo de su dilatada carrera ha compaginado con acierto la enseñanza del derecho penal;” recuerdo que mis clases de Valencia, Madrid o La Laguna, eran sagradas para los estudiantes, pese a las huelgas de los años sesenta, siempre tenía mucha gente”, con la profesión de abogado penalista “es muy duro dedicarse a esto, tanto para jueces y letrados, a veces pasas horas sin dormir cuando te das cuenta que ese inocente va a la cárcel”, recuerda. Manuel Cobo del Rosal, incombustible profesional del derecho acoge en su domicilio madrileño a DIARIOJURIDICO para hablar de la situación de la justicia y del Código Penal: “Las empresas no pueden cometer delito,” levanta la voz cuando le pregunto por la polémica responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tipo nuevo tras la última reforma del Código Penal de diciembre de 2010. Desde su punto de vista hay una hipertrofia preocupante del Derecho penal en nuestra sociedad y considera la corrupción como el problema principal en nuestro país en estos momentos de zozobra económica
Desde que se retiró de la abogacía en activo, hará ahora cuatro años, nuestro protagonista no ha dejado de estudiar; escribir y dar conferencias en cualquier punto de España. Es autor del único Tratado de Derecho procesal penal, escrito por un penalista, que existe en nuestro país, una obra de más de 1100 páginas, todo ya un clásico para los penalistas españoles. Como liberal que se considera, lamenta que esa llama liberal no prendiera en nuestro país “solo hubo un par de años de liberalismo frustrados por el asesinato de Prim en1870”, recuerda, a lo largo de nuestra historia más contemporánea.
Y tiene claro que la dictadura franquista que ha vivido este país es uno de los elementos de retrasos de España en muchas actividades:”no es casualidad que ahora salten a los medios determinados juicios con contenidos mediáticos notables, situación que ya se vivía en Italia a mediados de los años cincuenta”, explica.
En su opinión privilegiada, la justicia no interesa a los políticos, eso hace que no esté a la altura de otras actividades como la educación o la sanidad en nuestro país.”Ha sido un gran error y lo estamos pagando las competencias de justicia transferidas a las autonomías”, confiesa a lo largo de esta entrevista con Ignacio García Tábora, leal colaborador suyo, como testigo de tan amena charla entre periodista y tan reputado jurista, que quería ser médico pero que por la influencia paterna se involucró en este mundo del Derecho. Se pueden resaltar los Catedráticos de Derecho penal, Juan Carlos Carbonell y Enrique Orts, en Valencia y Lorenzo Morillas en Granada y José Maria Suárez, abogado y profesor universitario, también en la ciudad andaluza.
Sr Cobo del Rosal, ¿Qué ha sido de usted en estos últimos cuatro años desde que dejó la abogacía activa?
Escribir e investigar sobre todo tanto en el Derecho penal como en el llamado Derecho procesal penal y en la siempre olvidada Criminología.
Tengo que reconocer que me ha llamado mucho la atención el citado Derecho procesal penal, quizás injustamente olvidado por los propios procesalistas. De esa investigación ha surgido un Tratado sobre esta práctica con más de mil páginas.
Es la primera obra que se conoce de este tipo, escrita por un Catedrático de Derecho penal. En otros países como Alemania o Italia, a finales del siglo XIX y también tras el final dela Segunda GuerraMundial, se conocen varios tratados sobre Derecho procesal penal.
¿Es usted partidario de una nueva reforma penal para combatir el fraude a gran escala, como está ultimando el Gobierno ahora?
Me preocupa esta nueva reforma penal. No creo que esté bien encaminada hacia esos objetivos que usted indica.
Desde los inicios de nuestra democracia sufrimos una hipertrofia de nuestro Derecho penal. No es lógico que todo se pretenda resolver desde el citado derecho penal. Al final te das cuenta que resuelve pocas cosas.
Hay un exceso de criminalización en nuestra sociedad. El 70% de los ilícitos tienen cierto perfil penal y eso es preocupante. Ahora parece que todo es delito.
De hecho la última reforma del 2010 no creo que fuera tan necesaria. La propia responsabilidad penal de las personas jurídicas es algo atípico e impensable en nuestro ordenamiento jurídico.
Es lógico que haya levantado tantas críticas y polvareda esta figura…?
Es un tipo penal muy ajeno a nuestro Derecho sin lugar a dudas. Solo hay precedentes en el Derecho penal alemán del siglo pasado, muy cercano al nazismo.
Prescindir del hecho humano a la hora de fijar este delito es algo ilógico e impensable. Creo que se ha trasladado mal la figura europea que se quería importar a nuestro ordenamiento jurídico, en especial desde el Derecho penal anglosajón
Para mi es un disparate y así lo he comentado en mis últimas conferencias que he impartido en diferentes lugares de España. Me extraña el comportamiento poco crítico de mis compañeros ante este dislate.
Las empresas, las sociedades, no pueden ser culpables nunca porque no cometen delitos. El delito, antes que serlo es un hecho humano, por encima de todo.
Hay colegas suyos que prefieren más presencia policial en las calles a más reformas penales en nuestro país…
Creo que hay que combinar de forma acertada ambos elementos que usted comenta. Es necesario más policía en la calle, mejor dotada y preparada y que tengan un respaldo notable de los propios juzgados.
Se trataría de invertir más en justicia. Pero el momento tan malo que vive nuestro país hace que nuestras autoridades se echen para atrás en este terreno. Desde mi punto de vista la justicia debe considerarse de primera necesidad como la sanidad y la educación.
¿Cómo ve un penalista la contínua presencia de juicios y procedimientos en los medios de comunicación?
Es una situación curiosa que merece la pena explicar. Este fenómeno tiene antecedentes en Italia, hace cincuenta años, cuando estudiaba allí, las portadas de los diarios estaban llenas de juicios, especialmente penales. Mi maestro italiano Giácomo Delitala salía continuamente en los periódico, al igual que otro jurista procesalista que luego fue presidente dela República, Giuseppe Segni.
Siempre me preguntaba por qué salían tanto en aquellos medios. Mientras tanto en España, como bien sabe, en la dictadura franquista había un silencio absoluto sobre esos temas. Poco a poco las cosas han cambiado y los artículos de los cronistas de tribunales eran muy livianos, centrados en temas superficiales de esos procesos.
Ya mi maestro en España Juan del Rosal, en colaboración con Emilio Romero, director del diario PUEBLO, logran sacar diferentes temas relacionados con la justicia. Estamos hablando de uno de los grandes periodistas de este país, impulsor de la actual Facultad de Ciencias dela Información, en lugar de la clásica Escuela Oficial de Periodismo. Su contribución está en convertir en título universitario los estudios de periodismo hasta la fecha.
¿Es oportuno endurecer las penas a menores y a reincidentes en estos momentos?
La reincidencia es el fracaso total del Derecho penal. Te das cuenta que no desempeña la función de prevención a ningún nivel.
Que cada vez haya más reincidentes es un dato que debe invitar a reflexionar. No creo que su curación se encuentre en el agravamiento de las penas; es algo más complejo. Se trata sobre todo de desarrollar medidas de profilaxis social y romper con la mentalidad ruda del franquismo que llegó a nuestra democracia sin previa revolución, sólo mera reforma.
Respecto al menor, creo que es un tema bastante descuidado en nuestro ordenamiento jurídico. Soy partidario también de medidas preventivas o impulsar locales seguros para estos jóvenes que ayuden a su reeducación. Lamentablemente estas inversiones en tiempo de crisis corren peligro de frenarse.
¿Hay alguna fórmula para que la justicia esté en nuestro país al mismo nivel de estas otras actividades?
Lo primero es que los políticos tengan intereses en el desarrollo de la justicia. Es fundamental que crean en ella de verdad. Tampoco la sociedad está muy convencida de la utilidad de la justicia como servicio público. Espectáculos vividos en el CGPJ donde se hace dimitir a un presidente no contribuyen mucho a mejorar su imagen. Al final se vive una guerra por el poder, muy cercana a las que los políticos están presentes.
En muchos de los estudios que realiza mi amigo Amando de Miguel, sociólogo, es de las actividades peor valoradas por los españoles.
¿Sería un buen modelo el reducir los componentes del CGPJ con un presidente ejecutivo a la cabeza, como piensa el Ministro Gallardón?
Estoy seguro que su funcionamiento seria mejor que el actual CGPJ. De todas formas dudo mucho de su implantación porque de alguna manera se quita poder y mucho al propio poder judicial.
Los jueces parecen obsesionados con tener poder y eso influye a la hora de impartir justicia.
Es el caso de la pugna entre el Supremo y el Constitucional, creo que éste debería desaparecer visto lo que hace. Es posible que para ello debiera reformarse nuestra Constitución.
Creo que en su edificio podría crearse una Sala del Supremo, llamada de garantías constitucionales. Habría una en el Supremo y otra en cada uno de los TSJ que hay en nuestro país, centradas en las infracciones de derechos fundamentales y libertades públicas que se generasen.
El Tribunal Constitucional ha perdido mucho prestigio desde aquella sentencia de Rumasa de los años ochenta y desde esa fecha no ha hecho más que deteriorarse. Al limitarse al máximo el llamado recurso de amparo constitucional, pierde y de hecho ha perdido su más importante finalidad, que no es otra sino la de ser garantizador de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Puede decirse que el recurso de amparo ha dejado de existir, tal y como le dijo un fiscal del propio Tribunal Constitucional a un Letrado y colaborador, compañero mío. A excepción de los temas que tienen un trasfondo político, como el caso de Bildu o de Sortu, por no entrar en más detalles. El panorama es gravemente desolador para la protección de los derechos fundamentales de un Estado que se dice democrático y de Derecho.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en un auténtico “engendro engañabobos” que hace perder tiempo y dinero a la ciudadanía. En realidad, el ciudadano entiende que no sirve para nada, que es inútil y hasta supérfluo. Y que perfectamente debiera desaparecer, tal y como recientemente lo expresó Dña. Esperanza Aguirre, y ser sustitudo por una modesta Sala de garantías constitucionales del Tribunal Supremo. Se ahorraría tiempo, dinero y sueños fantásticos. Al mismo tiempo, no entrar tanto en los temas de competencia entre Estado y Comunidades Autónomas, que son casi todos de corte contencioso.
¿Qué opinión le merece las propuestas del Ministro Gallardón sobre la reforma de la justicia?
Creo que están enfocadas bien pese a que el propio Gallardón su experiencia en el mundo jurídico es escasa. De todas formas, hecho en falta que no se haya dedicado un gran jurista a este tema en los últimos años.
No se ha profundizado aún de forma seria en sus problemas. En un contexto de recesión y crisis como el que vivimos no creo tampoco que se vayan a hacer inversiones importantes. Es necesario serenidad de ánimo y los medios adecuados, tanto humanos como materiales para hacer la gran reforma de la justicia que necesitamos.
¿Cómo vería que las competencias en justicia transferidas a comunidades autónomas volvieran al Estado de nuevo?
Los debates que se hacen en nuestro país sobre justicia son poco serios desde mi punto de vista. Dicho esto, nunca he sido partidario de las transferencias, por pequeñas que sean de justicia a las autonomías.
Creo que la propia descentralización lo único que ha hecho es que el problema y el colapso de la justicia sea mayor del que era. Este ha sido un error que estamos pagando en estos momentos.
Las últimas noticias tienen que ver con disturbios y señalan que jueces y fiscales pueden salir a la calle haciendo frente común…
Es algo preocupante esa medida si se pone en marcha. Pero ya sabemos que hace algunos años tuvo lugar la primera huelga de la judicatura, que, bajo mi punto de vista, fue inopinada e injusta
Todas estos accidentes lo único que hacen es empujarnos hacia la litigiosidad de forma escandalosa, un problema que aún no ha solucionado ningún Gobierno de nuestra democracia.
La justicia funciona muy mal y da la sensación que nuestro país esté incapacitado para tener su justicia operativa, como pasa en otros países. De hecho si analizamos la historia de nuestro país en cinco siglos no tuvimos nunca administración de justicia.
Ni con los Reyes Católicos, ni con Carlos V, ni con la monarquía parlamentaria paternalista, tampoco conla Repúblicao la dictadura de Primo de Rivera, al igual que con Franco
¿Tiene arreglo el problema de litigiosidad de nuestra justicia?
Es necesario una mayor dedicación en el tiempo de todos los operadores que se dedican a la justicia. Por ejemplo, el tema de las tardes, en el campo penal que mejor conozco nunca se hace nada desde las tres de la tarde…
Luego el propio horario de los funcionarios debe ser más estricto tanto en el inicio de la jornada como en las pausas para tomar café que no sean eternas. Esto es un problema porque al final se trabajan unas tres o cuatro horas diarias.
Hay que romper con esta tendencia que es muy nociva para nuestra justicia y que todos los operadores jurídicos del juzgado se impliquen más en sacar mejor el trabajo adelante.
Además hay que hacer un esfuerzo importante en la formación y selección de los futuros jueces y abogados. Y, lo que es más importante, la reforma de los Planes de Estudio de las Facultades de Derecho. Estamos en el siglo XXI y hay que hacer un esfuerzo de adaptación notable.
¿Le parece bien como ha quedado la Ley de Acceso a la abogacía que ya ha entrado en vigor?
Es un avance importante el que se ha hecho. Tanto un servidor como el propio D. Antonio Pedrol que en gloria esté, hicimos esfuerzos para cambiar el status quo de las cosas y que el recién licenciado no ejerciera de forma directa como abogado.
Es evidente que esta situación ha sido insólíta y esperamos que los cambios redunden en una mayor calidad de los profesionales letrados.
También se habla de la reorganización de los partidos judiciales, extremo que Gallardon y CGPJ han presentado propuestas concretas…
Lo primero que hay que hacer es invertir mucho más dinero en la dotación de plazas de jueces, magistrados y fiscales, asi como del personal auxiliar y secretariado.
No es una buena noticia lo que ha comentado el Ministro Gallardón de la necesidad de congelar las plazas de jueces y magistrados este año por motivo de la crisis. Los llamados magistrados sustitutos, supongo que meros licenciados en Derecho, es sencillamente para echarse a llorar, algo impresentable en cualquier país medianamente serio y civilizado.
Respecto a las propuestas que me comenta, las conozco poco, pero por lo que sé a través de los medios de comunicación, pueden tener el efecto de caotizar más el estado de nuestra Justicia si esos ajustes no se hacen con cabeza sensata.
En muchas de sus intervenciones, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, señala que es necesario despenalizar las faltas para aligerar la carga de la justicia..
Comparto la postura del fiscal general Torres-Dulce desde los años cuarenta del siglo pasado que fue formulada por vez primera esta iniciativa por un compañero mío…, Federico Castejón, treinta años Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, en una obra de 1942. También Pedro Dorado, Catedrático de Salamanca era de la misma opinión.
Hay que darse cuenta que las faltas no son delitos en miniatura. Realmente estamos hablando de infracciones de policía que pueden contemplarse en una futura Ley de Infracciones Administrativas que es el lugar donde deberían estar. Aquellas faltas con más entidad sí podrían convertirse en delitos.
A medio plazo, ¿Cómo cree que va a evolucionar la situación general que vivimos, y la de la justicia en particular?
El panorama no es bueno, eso está fuera de toda duda. Me preocupa los altos índices de corrupción de nuestro país, uno de los graves problemas que tenemos.
Desgraciadamente la justicia no es ajena a la corrupción; los jueces están más obsesionados por el poder que por estudiar y hacer buenas sentencia.
Hay determinados jueces estrellas que no han beneficiado en nada a la justicia; al final cayeron en desgracia porque empezaron a pisar los callos de determinados políticos.
Siempre he seguido la corriente fatalista y descubierto la subjetividad del español en materia de justicia. Es curioso pero las antiguas colonias españolas también viven una situación muy complicada y escandalosa en este sentido.
