Ayer al mediodía, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se apeó del caballo y desistió de continuar su cruzada contra Rafael Sal Lari. Desde el plano procesal, la decisión se vio conformada al vencer el plazo para realizar el depósito de la caución judicial de 180 mil pesos impuesto por el jury para cubrir las posibles costas, en caso de perder el juicio. Posse no depositó la suma. Claro que desde el plano político-mediático, el intendente manodurista apeló al clásico me cortaron las piernas: anunció en un comunicado de prensa que prefería no continuar una causa que ya estaba perdida, que “no consentiremos ser partícipes de una apariencia” y que algunos familiares temían “represalias”. De todos modos, el anuncio quedará suspendido en el aire hasta el 30, fecha en que había sido fijada la audiencia para continuar, fuera lo que fuera que continúe.
Para poner en antecedentes, el 4 de julio pasado, la Comisión Bicameral había decidido desistir de continuar acusando al juez 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, ante el jurado de enjuiciamiento. El caso González era el único que había pasado el filtro entre otros diez casos denunciados cuatro años antes. Según dicta la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, en su artículo 32, si la Comisión Bicameral decide acusar, en su acusación representará a todos los demás acusadores particulares. Al desistir se desprendía que el jury quedaba sin efecto, pero en un giro sorpresivo, el 5 de julio, el jury decidió preguntar a Posse si estaba dispuesto a seguir acusando respecto al caso González (el único que se trató en el juicio) y le dio cinco días para responder.
Entre las expectativas sobre la respuesta de Posse, una daba vueltas alrededor de la imaginación: ¿Cómo haría el intendente de San Isidro para argumentar por un caso que representa todo lo contrario de sus declamaciones mediáticas? En el caso González se acusó a Sal Lari de haber mantenido preso a un detenido cuando la Cámara ya había ordenado su liberación siete meses antes. Más allá de que la Corte provincial ya había deslindado la responsabilidad sobre la ex secretaria del juez, encargada de verificar la liberación.
Digamos de otro modo: el caso González tranquilamente podría haber formado parte de los modelos de justicia que reclama Posse contra las excarcelaciones y la supuesta puerta giratoria.
No fue así. “Posse rechazó acusar solo por el caso González, que no lo representaba, y planteó que quería acusar por todos, desde el inicio –explicó a Página/12 Paula Litvachky, del CELS y del equipo que defiende a Sal Lari–. Pero en abril de 2011 el jurado ya había rechazado todos los casos menos el de González como aptos para ser llevados al juicio. Desde nuestra perspectiva tampoco el de González amerita un enjuiciamiento. Pero pasó y lo que quiso Posse ahora es que se le reconocieran los pedidos de nulidades que hizo en aquel momento, pero que ya habían sido rechazados.”
El jurado dio cinco días a Posse para continuar su acusación pero sin modificar el programa de audiencias ni volver hacia atrás como pedía el intendente. Le indicó que la respuesta a su pedido le sería dada el mismo día de reinicio del juicio, el 30 de julio. De alguna forma, el jury enderezaba el giro que había tomado el caso tras la sorpresiva invitación a Posse. Y fijó una caución de 180 mil pesos a depositar en ese plazo. Ayer al mediodía vencía el plazo. Posse no depositó, lo que técnicamente implica que desistió de seguir acusando.
Pero, a través de su oficina de prensa, el intendente informó que había mantenido una reunión con “familiares directos y representantes de organizaciones de familiares víctimas de la inseguridad, tales como las Madres del Dolor, Avupa y otras”. En la reunión se decidió desistir de la acusación para “no legitimar el engaño institucional en curso”. Además, agregó, algunos familiares mencionaron su temor por sufrir represalias y que no estaban dispuestos a “seguir reactivando el duelo por los seres queridos ante cada instancia procesal de un juicio que ya ha tomado casi cuatro años”.
“Esto le hace daño a la Justicia –agregó el intendente, dispuesto a apostar a los reclamos de su público manodurista–, porque da la impresión de que es imposible que un ciudadano común pueda pedir que se investigue a un juez que fue acusado por distintas personas y en una decena de causas pese a que la ley lo autoriza”.
El proceso a Sal Lari, iniciado por un ciudadano común, indica que sí pueden pedir que se investigue a un juez, pero que el pedido debe tener solidez para avanzar. En este caso, la solidez no formó parte del proceso. El 30 se debería dar por terminado el proceso contra Sal Lari. Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, será conveniente aguardar esa fecha para poder anunciarlo.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-199021-2012-07-19.html
