Tras un hábeas corpus que llegó a la Corte Suprema provincial, la Justicia de Instrucción ordenó cerrar un pabellón y el área de castigo de la cárcel de Las Flores de la ciudad de Santa Fe, donde las condiciones de detención eran «sumamente precarias». También se ofició al Servicio Penitenciario y a los ministerios de Salud y Seguridad provincial para que realicen inspecciones y mejoras en el penal. La resolución tramitada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe, a cargo de Nicolás Falkenberg, hace lugar al recurso de hábeas corpus correctivo interpuesto por el defensor Público General, Gabriel Ganón, que había sido presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Antes de enviarlo al juzgado de primera instancia, la presidenta María Angélica Gastaldi remitió copias de la presentación al Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia para que revise las situaciones de tres internos que padecen afecciones de salud importantes; también derivó a la Procuración General las denuncias por «torturas y trato cruel» en la celda de aislamiento.
El Servicio de Defensa Pública, que tendrá plenas funciones con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, comenzó a principio de año con una serie de recorridos en las unidades penitenciarias santafesinas a fin de constatar las condiciones en las que conviven los presos. También se presentó un recurso en favor de los internos de la cárcel de Piñero mientras la Cámara de Apelaciones de Rosario tiene que resolver el rechazo que hizo la jueza de Rosario, Irma Bilotta, del hábeas corpus presentado ante las condiciones de detención de las mujeres de la Unidad 5 y de la Alcaidía de Mujeres.
El mes pasado, el recorrido por la cárcel de Las Flores dejó al descubierto «serias irregularidades» que llegaron a la CSJ mediante un hábeas corpus. Para el juez Falkenberg en la unidad no se respetan los estándares constitucionales e internacionales humanistas. Según su resolución, una vez recibida la presentación de Ganón, Gastaldi dispuso remitir a ese juzgado las alegaciones vinculadas a las condiciones de detención.
Ganón planteó que existen situaciones edilicias «lamentables»; y calificó como «paupérrima» la cuestión higiénica y sanitaria, con baños «desbordados, falta de colchones, sábanas y frazadas; cloacas tapadas, pisos sucios, humedad, falta de calefacción y vidrios rotos», entre otros incumplimientos.
El magistrado indicó que en el pabellón 2 hay solo 43 celdas ocupadas, de un total de 62. Sin embargo, consideró que esos calabozos «no están en condiciones de habitabilidad» y decidió cerrar el área y los allí detenidos sean redistribuidos en el penal. La resolución expresa que, el propio jefe de Logística de la cárcel planteó que existe un «ambiente deplorable para habitar por parte del interno y hay riesgo cierto para su integridad física».
También ordenó el cierre de la llamada celda de castigo -o pabellón de aislamiento-donde «se constató que las personas alojadas no tiene problemas de disciplina, sino que son internos con problemas de convivencia y riesgo de agresión, por diferencias personales». Esos presos, «no realizan ningún tipo de actividad y tienen solo 30 minutos para salir al patio».
Falkengberg les dio 15 días a las autoridades del Servicio Penitenciario para que abastezca de colchones y ropa de cama a cada uno de los detenidos que no cuenten con esos elementos básicos.
Los ministerios de Salud y Seguridad provincial fueron advertidos de los planteos de Ganón ante las condiciones que tienen que ver con la higiene y la salubridad. El magistrado ordenó que en 30 días se realicen inspecciones y que se tomen medidas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo resuelto.
La presidenta de la Corte pidió que el Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia considere las situaciones de los internos José Luis Gil, quien padece una enfermedad cardíaca crónica y planteó que el servicio de salud es «deficiente»; Leandro Alcaraz, que sufre un tumor de labio y «no recibe atención médica»; y de Carlos Platcha, paciente psiquiátrico que «no recibe tratamiento».
