Qué decir ante los tan difundidos hechos que tuvieron lugar en una comisaría de Salta? ¿Qué decir sobre la golpiza violenta sufrida por un detenido de la Unidad 11 de Neuquén? ¿Qué decir sobre los tratos brutales que tienen lugar permanentemente en los centros de detención? Nada. Lo mejor es no decir nada. No quedan cosas pendientes por decir respecto de la innegable realidad. Las imágenes, cuando se hacen visibles, hablan por sí solas. La elocuencia de una secuencia casi muda en la que un policía coloca una bolsa en la cabeza de un detenido hasta que éste cae al suelo en medio de espasmos o las fotos de una cara y una espalda deformadas por el color, la hinchazón y los cortes de la piel no dejan espacio a las palabras.

Por otra parte, hace ya tanto tiempo que venimos repudiando y denunciando la sistemática aplicación de torturas y malos tratos en las comisarías, cárceles y lugares de encierro que pareciera que también en este ámbito, desde el discurso, se ha dicho todo.

No quedan argumentos pendientes por esgrimir: que el encierro coloca al sujeto detenido en absoluta situación de vulnerabilidad; que esa vulnerabilidad está en manos de agentes estatales con insuficiente preparación para el ejercicio de una tarea tan sensible como es, precisamente, la administración del poder estatal respecto de los sujetos encerrados bajo su custodia; que este desequilibrio de fuerzas debe ser monitoreado a fin de reducir al máximo –cualitativa y cuantitativamente– las ocasiones y situaciones de abuso de ese exceso de poder y fuerza; que quienes se encuentran así detenidos son seres humanos independientemente de lo que hayan hecho o de lo que se les acusa de haber hecho y que por ser seres humanos deben respetarse sus derechos, propios de cada uno de nosotros, todos nosotros, los encerrados y los no encerrados, los seres humanos… Todo esto lo hemos dicho hasta el hartazgo. No puede agregarse mucho más.

Nada por decir, entonces. Y, sin embargo, todo por hacer.

Las personas privadas de la libertad se encuentran a disposición del Estado y sus agentes y es éste, mediante sus distintos órganos y agentes, el que tiene aún mucho por hacer. Los legisladores nacionales y provinciales aún deben sancionar las leyes –a las que la Argentina está internacionalmente obligada por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura– que dispongan la implementación de los mecanismos de prevención de tortura y malos tratos en los lugares de encierro.

Los jueces deben reducir el número de órdenes de detención, prisión preventiva y condenas a pena de prisión de efectivo cumplimiento –reduciendo de esta manera el número de personas sujetas a esa situación de vulnerabilidad mencionada– y deben aún asumir la responsabilidad que les compete en cuanto a que se respeten los derechos de las personas que por sus órdenes y a sus órdenes se encuentran privadas de la libertad.

Los gobiernos nacional y provinciales, mediante sus respectivos ministerios, aún deben realizar reformas estructurales en los programas de formación de los agentes estatales que tendrán a cargo a las personas privadas de su libertad, así como reducir la opacidad funcional de los centros de detención. Por último, por ser el sector más importante y más involucrado en las prácticas de tortura, los propios penitenciarios y policías. Sería injusto decir que «los» penitenciarios y «los» policías torturan. No lo hacen todos, no lo hace ni siquiera la mayoría ni una gran parte. Unos pocos lo hacen, pero casi todos lo callan.

Los agentes estatales que trabajan en los lugares de encierro aún tienen pendiente, por lo tanto, una toma de conciencia, movilización y denuncias responsables en contra de estas prácticas en sus ámbitos laborales. Esta concientización y esta movilización, sin duda, se verían fomentadas si los legisladores cumplieran su tarea y los agentes supieran que existen mecanismos de prevención disponibles para canalizar en forma eficiente la denuncia de posibles situaciones de riesgo, si los gobiernos cumplieran su tarea y se contara con una mejor formación profesional que les aportara conocimientos teóricos y prácticos respecto del trato respetuoso de los derechos humanos así como sobre los mecanismos de denuncia y protección de estos derechos y si sus lugares de trabajo fueran respetados como tales y gozaran de más visibilidad funcional; sin lugar a dudas, los agentes se verían también apoyados en su movilización responsable y denuncia respecto de estas prácticas –de unos pocos– si supieran que cuentan con el respeto y apoyo del juez interviniente en caso de denuncia.

Si todo lo que está por hacerse comenzara a hacerse volveríamos a tener algo para decir, positivamente, informando sobre el creciente respeto de los derechos humanos en los lugares de encierro, compartiendo con todos –legisladores, jueces, gobernantes, agentes penitenciarios y policiales– la satisfacción que brinda la tarea bien cumplida.

(*) Magíster en Criminología.

Cepoc

fuente http://www.rionegro.com.ar/diario/tortura-nada-por-decir-todo-por-hacer-925380-9539-nota.aspx