A tres décadas de concluido el Terrorismo de Estado, algunas de sus prácticas se eternizan en distintos lugares del país. Carentes ya de una totalidad orgánica centralizada, se reproducen como células malignas en cárceles y comisarías. Sólo trascienden cuando alguna víctima muere (como Patricio Barros Cisneros, asesinado a golpes por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense), o cuando trascienden fotografías o filmaciones de los tormentos (como en una cárcel de Mendoza y una comisaría de Salta). El discurso negador de las autoridades es desplazado entonces por los sumarios administrativos y/o las investigaciones penales, las propuestas de reforma y la afirmación enfática de que los autores son delincuentes que no representan al verdadero organismo de seguridad. Esta interpretación, inspirada en la vieja definición dogmática sobre los hombres pecadores que no afectan la santidad de la institución, permite que pasada la conmoción las estructuras resistan incólumes. Más temprano que tarde estas prácticas intramuros se diseminan en toda la sociedad, que no está formada por compartimentos estancos. Allí donde una vida no vale nada, todas se devalúan. Los asaltos a familias o personas mayores que son golpeadas en forma salvaje o sometidas al paso de corriente eléctrica prueban el aporte de las prácticas carcelarias a la inseguridad. Mientras los indignados reclamos de protección estatal de las personas honestas sigan disociados del repudio a la violencia institucional y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sólo seguirá creciendo el horror, a ambos lados del tenue límite que separa el adentro del afuera. La polarización entre caricaturas rotuladas como garantismo y manodurismo ignora estos hechos esenciales y se repite como un diálogo entre tartamudos, que además, son sordos.
Principios y práctica
Como el problema excede con mucho la geografía nacional y un momento determinado, existen añejas convenciones internacionales para prevenir y sancionar la tortura. La Argentina ratificó en 1986 la de las Naciones Unidas y desde 1989 rige la del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ambas con rango constitucional desde 1994. Pero la declaración abstracta de principios no es suficiente para desarraigar una práctica cuyas raíces se hunden en la prehistoria de la humanidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2002 un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que estableció un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes. En septiembre de 2004, la Argentina aprobó por ley el Protocolo, cuya idea subyacente es que ningún curso sobre derechos humanos impartido al personal será tan eficaz como el control de las prácticas cotidianas, que se perpetúan como una subcultura institucional. Los pocos avances en décadas se han debido a las visitas a los lugares de detención de organismos estatales autónomos, organizaciones populares y los pocos funcionarios judiciales sensibles a los padecimientos de esa especie subhumana por la que nadie más se interesa. Quien piense que esta denominación es excesiva puede cotejar la distinta repercusión de los incendios en la disco República de Cromañón, en 2004, y en la cárcel U28 de Magdalena, en 2005, que en ambos casos causaron decenas de muertes jóvenes. En los últimos años, también han trascendido casos de torturas, malos tratos o condiciones infrahumanas de detención en Santiago del Estero, el Chaco, Río Negro, en las cárceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuquén y Corrientes; la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las calamidades usuales en Mendoza o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violencia sistemática, torturas y trato inhumano en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada los defensores públicos de Neuquén Nicolás García y Fernando Diez denunciaron el tremendo castigo aplicado al detenido Alexis Retamal Jara, en la Unidad de Detención 11. También pende sobre él la amenaza de ser ahorcado en cuanto lo trasladen a otra prisión. En la misma unidad fue asesinado a puñaladas en mayo el detenido Cristian Ibazeta. En la madrugada del 19 de julio personal del grupo de requisa ingresó al pabellón 3 arrojando gas lacrimógeno y disparando postas de goma. Con máscaras de gas en la cara y la cabeza cubierta abrieron cada celda, obligaron a los detenidos a tirarse al piso boca abajo, los golpearon a patadas y puñetazos y con palos y tonfas. Luego los arrastraron hasta el patio donde volvieron a golpearlos y los dejaron horas a la intemperie, algunos sin calzado ni abrigo. Una médica los revisó en la enfermería en forma superficial y en presencia de los golpeadores. Los defensores también vieron las marcas y moretones en el cuerpo de los detenidos Darío Torres, Gustavo Leiva, Maximiliano Loncopan y Luis Alberto Espinoza. Torres “tenía la cara desfigurada y le faltaban varias piezas dentales”. Mientras conversaba con los defensores “había aproximadamente siete policías observándonos. En ese contexto se apresuró a decirnos que no quería denunciar y que no quería tener problemas. Se advertía con claridad que se sentía sumamente atemorizado, no sólo por lo que había sufrido sino por lo que le podría suceder”. Los funcionarios judiciales solicitaron el secuestro de los libros para identificar a todo el personal que estuvo en funciones, de las video-filmaciones que pudieran existir y de los elementos y armas utilizados por el personal de requisa.
El mecanismo pendiente
El Protocolo Facultativo estableció un Subcomité para la Prevención, compuesto por expertos internacionales, y la creación en cada país de uno o varios órganos de visitas, con acceso a toda la información y a cualquier lugar donde haya personas privadas de su libertad. Sus miembros están autorizados a entrevistarlas sin testigos. Nadie podrá ser castigado por la información que suministre, sea verdadera o falsa. Pero seis años después, no se ha creado el mecanismo argentino de prevención y se acumulan los pronunciamientos críticos sobre los lugares de encierro en el país: del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, su Consejo y su Comité de Derechos Humanos, su Comité por los Derechos del Niño y la Comisión Inte- ramericana de Derechos Humanos. Un proyecto de ley fue elaborado por un colectivo de organizaciones de todo el país y suscripto por legisladores nacionales del oficialismo y de la oposición. En setiembre de 2011 recibió la media sanción de la Cámara de Diputados y tuvo dictamen favorable de las tres comisiones involucradas en el Senado, pero fue excluido del recinto en la última sesión del año, con lo que perdieron vigencia esos dictámenes. En marzo, la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich le aseguró al miembro español del Subcomité para la Prevención de la Tortura, Emilio Ginés Santidrián, que había consenso entre distintas fuerzas políticas para su aprobación. Pero hasta ahora ni siquiera hubo quórum para tratarlo en sesión conjunta de las comisiones. Si el Senado no lo aprueba este año también se perderá la media sanción de Diputados, lo cual constituiría un grave retroceso en la construcción de instituciones que eleven el estándar de protección de las personas privadas de su libertad. En ausencia del mecanismo nacional, varias provincias están implementando su propio sistema pero con estructuras disímiles que, en algunos casos, colisionan con los parámetros internacionales. Si bien los considerandos de creación del mecanismo tucumano dicen que se trata de un organismo “independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico”, los funcionarios forman la mayoría, lo cual viola el requisito de independencia. La primera provincia que sancionó su mecanismo fue el Chaco, en enero de 2010. Sus miembros recién asumieron un año y medio después. El mes próximo comenzará a sesionar el de Río Negro, con representantes gubernamentales y de ONG. La ley de creación del mecanismo mendocino se publicó en mayo de 2011. El comité contra la tortura será constituido por el Procurador Penitenciario, cuyo proceso de selección con exámenes oral y escrito produjo una terna, elevada al Poder Ejecutivo por los miembros del tribunal, Juan Carlos Wlasic, Sandra Casabene y Pablo Salinas Cavalotti, todos ellos profesores de derechos humanos. Ahora el gobernador Francisco Pérez deberá escoger entre los doctores Lucas Lecour y Fabricio Imparado y la Licenciada Romina Cuchi, y remitir a la Legislatura el pliego elegido. Entretanto y en forma contradictoria, la Cámara de Diputados provincial repudió la ley nacional de ejecución penal a la cual Mendoza había adherido hace quince años y aprobó una propia, que habrá hecho estragos cuando le llegue la muy probable declaración de inconstitucionalidad, ya que la Corte Suprema de Justicia ya dijo que sólo la ley nacional rige la ejecución de la pena. La ley que ahora deberá pasar por el Senado mendocino niega o entorpece toda forma de liberación anticipada de condenados por delitos violentos, ya sea condicional o asistida, la prisión discontinua, la semilibertad y las salidas transitorias. Desmintiendo la imagen de poder omnímodo de La Cámpora, la enmienda se aprobó pese a la oposición de sus dos diputados, quienes sostuvieron que viola las garantías constitucionales y producirá hacinamiento en las cárceles sin modificar las tasas delictivas, al estilo de las leyes Blumberg. Aun antes de que agrave las actuales condiciones, medio centenar de reclusos se amotinaron el viernes en el penal mendocino de San Felipe, pidiendo horarios más generosos de recreo y visitas familiares. El jueves, luego de un motín en la alcaidía de Resistencia, 23 detenidos fueron atendidos en la guardia del hospital Perrando y siete quedaron internados por intoxicación con monóxido de carbono, varios de ellos graves y con asistencia respiratoria. Sus familiares denunciaron que los agentes penitenciarios “actúan con violencia cada vez que hay una requisa o durante los traslados”. El integrante del Mecanismo Provincial chaqueño de prevención, Mario Bosch, visitó a los detenidos y habló con sus familiares. Los penitenciarios que intervinieron fueron separados de servicio. Bosch ya había planteado la necesidad de demoler esa alcaidía y adoptar medidas preventivas, algunas tan elementales como el suministro de colchones ignífugos. Recién al día siguiente del incendio se aprobó la licitación para construir dos pabellones nuevos en un terreno lindante.
El infierno bonaerense
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador de La Cámpora Santiago Carreras, impulsan un mecanismo idéntico al que no cuenta con la decisión política en el Senado federal. La situación de Buenos Aires es la peor del país: la provincia alberga a la mitad de las personas privadas de su libertad en la Argentina; su Servicio Penitenciario ha logrado colonizar partes importantes del fuero de ejecución de la pena en la justicia provincial y hasta ha colocado a uno de sus hombres en el gabinete bonaerense; la policía tiene un representante en la propia Suprema Corte de Justicia, y el gobernador adhiere a la burda dicotomía entre la seguridad de los ciudadanos y los derechos de las personas privadas de su libertad. Como ha elegido la “guerra contra el delito” como una de las maneras de diferenciarse del gobierno nacional acomoda la realidad a ese lecho ideológico de Procusto. En febrero de 2011, su ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, encubrió el asesinato de los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce y las heridas graves a Joaquín Romero en el barrio La Cárcova, pretextando una agresión armada que nunca se produjo y el saqueo de un tren descarrilado, que había concluido noventa minutos antes. Los pibes tenían disparos por la espalda. En marzo tres detenidos denunciaron que las autoridades de la U48 los sacaban a robar para ellos y que funcionaba un desarmadero en una de las unidades. Como prueba presentaron a la Justicia fotos tomadas con un celular que les entregó un penitenciario, en las que los detenidos visten camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se denunciaron torturas a 25 detenidos y niveles inimaginables de hacinamiento y violencia en el pabellón de castigo, fiestas con alcohol y prostitutas en la cárcel y tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos. Luego de una visita conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria y del CELS, que documentaron en entrevistas y fotografías lesiones gravísimas a 25 reclusos, el gobierno no tuvo otro remedio que reconocer los hechos que hasta entonces negaba, clausurar el pabellón de castigo y separar a la cúpula penitenciaria. En diciembre de ese mismo año, el gobierno provincial anunció que había secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia y detenido al segundo jefe del cartel mexicano de Los Zeta, cosa que sólo ocurrió en la imaginación de Casal, y una decena de penitenciarios asesinó a Barros Cisneros en la U48. Cuatro de los responsables siguen prófugos, cosa inimaginable sin protección penitenciaria y desidia policial por encontrarlos. Uno de los que sí fueron detenidos, se suicidó sin que sus colegas que debían custodiarlo tomaran las medidas elementales para impedirlo. El Senado también está investigando la relación non sancta entre policías y vendedores de estupefacientes en el asesinato de la niña Candela Rodríguez. El caso más reciente que caracteriza las prácticas institucionales en la provincia es el de Marcelo Segovia, que se fugó de la Unidad 32 de Florencio Varela, diez días después de ser condenado a 29 años de prisión por el asesinato del comerciante Emiliano Martinó. Las propias autoridades dijeron que era imposible que hubiera atravesado seis barreras de seguridad sin complicidades internas. Pero mientras el gobierno sostiene que huyó vestido de mujer, la página electrónica de los suboficiales penitenciarios aduce que vestía un uniforme policial y apunta al director de la alcaidía. También el episodio que costó la vida a Martinó, en enero de 2010, cuestiona los procedimientos al uso: la policía abrió fuego sobre el auto en que lo llevaban los ladrones que habían intentado robar su casa, pese a que la familia advirtió que iba a bordo como rehén.
A la mesa
Luego de una visita de su relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar por la que reclamó a la provincia que garantizara la vida y la integridad de los internos. En su cumplimiento, desde el 29 de junio funciona una mesa de trabajo integrada por los peticionarios (el CELS, la Comisión Bonaerense por la Memoria y su Comité contra la tortura), la provincia de Buenos Aires (el ministerio de Seguridad y Justicia, su secretaría de derechos humanos, la jefa de su Servicio Penitenciario Bonaerense y la Legislatura) y la Nación (la Cancillería, el ministerio de Justicia, sus secretarías de derechos humanos y de gestión penitenciaria y el Servicio Penitenciario Federal). En las reuniones realizadas hasta ahora, por primera vez desde la asunción del gobernador Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires mostró disposición a superar las limitaciones ostensibles de sus políticas en estos años, reconocer los costos que tiene no asumir el gobierno civil de la política penitenciaria y avanzar con temas como la potabilidad del agua, la erradicación de los traslados arbitrarios, la disminución de la violencia intracarcelaria y la prevención y sanción de la tortura. Es prematuro para saber si, aun con esta ayuda del Estado federal y de las organizaciones denunciantes, el gobierno provincial será capaz de modificar una estructura que en cinco años de gestión delegada adquirió monstruosa vida propia. En cualquier caso, es evidente que nada ocurrirá sin una sostenida decisión política en el vértice del poder político nacional.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-199840-2012-07-29.html
