El diputado de la Coalición Cívica Carlos Comi anunció que presentará una demanda penal contra el jefe del Servicio Penitenciario Nacional, Víctor Hortel, como responsable de permitir e impulsar que detenidos salieran temporalmente de prisión para participar de actos políticos del kirchnerismo. El legislador anticipó además que, por el mismo tema, pedirá la interpelación del ministro de Justicia, Julio Alak.
«Es un agravio a las víctimas que detenidos que deberían cumplir sus condenas participen de actividades que no están previstas en la Ley», sostuvo Comi. «Una cosa es una política estratégica de reinserción en la sociedad de los condenados y otra muy diferente es la arbitrariedad manifiesta de utilizar un cargo público para trasladar detenidos con el único fin de animar actos políticos», agregó.
Según pudo comprobar Clarín, grupos de presos vienen saliendo de las cárceles para participar de eventos políticos disfrazados de actividades «culturales» a cargo de una agrupación kirchnerista llamada «Vatayón Militante», promocionada y alentada por el propio Hortel, quien maneja todas las cárceles federales del país desde abril del año pasado. La sorprendente historia tiene como caso testigo al de Eduardo Vásquez -el ex baterista de Callejeros condenado por matar con fuego a su mujer, Wanda Taddei-, que fue sacado de la cárcel al menos dos veces en los últimos ocho meses, casi a escondidas, a espaldas de la opinión pública y, al parecer, también de la Justicia.
Para Comi, «lo más grave de todo esto es el mensaje que se emite hacia la sociedad, porque Vásquez fue condenado a 18 años por un crimen de género, que es uno de los delitos más aberrantes y que ha crecido en los últimos años (y) el mensaje del Estado es que puede salir gracias a la gestión de un funcionario que lo lleva a su acto político aún cuando es un detenido que es considerado como en peligro de fuga».
Las salidas de los presos están previstas y reglamentadas en la ley 24.660. Allí se establece que, salvo en casos de extrema urgencia, siempre deben estar autorizadas por la Justicia. La trampa estaría en la redacción de los pedidos, en argumentar un evento cultural cuando en realidad es un acontecimiento político, con cánticos, banderas y consignas oficialistas. Además, al parecer, no todas las salidas de detenidos ligadas a los actos de «Vatayón Militante» pasaron por la firma de un juez.
«En momentos en que los niveles de inseguridad no paran de crecer, esta información demuestra los niveles de impunidad de los funcionarios públicos que ponen por delante de sus responsabilidades su ambición política. El ministro de Justicia deberá venir al Congreso de la Nación a explicar este escándalo», reclamó hoy Comi al tiempo qué adelantó que mañana pedirá la interpelación de Alak en Diputados.
