El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta y un colectivo de entidades defensoras de derechos humanos objetaron por inconstitucional e ineficaz un proyecto de ley ingresado a la Legislatura provincial para ampliar el dictado de prisión preventiva a personas detenidas, a tratarse este jueves, con el declarado propósito de evitar la reincidencia en el delito.
«Son viejas recetas que ya han probado su fracaso. Debería reflexionarse profundamente sobre esta cuestión y buscar soluciones reales a problemas reales, como ser el problema de la delincuencia y la inseguridad, y no estos atajos cuya falta de efectividad está probada históricamente», dijo Erbetta, en relación a la iniciativa elevada por el senador provincial radical por el departamento General López, Lisandro Enrico.
Enrico planteó ayer que su enmienda legal procura tener «la misma legislación que tienen algunos países de Latinoamérica y que hoy, en Argentina y Santa Fe, no tenemos. Es la posibilidad de que los jueces puedan aplicar la prisión preventiva o denegar la excarcelación cuando tengan ante sí imputados con reiteración delictiva», sostuvo ayer.
Erbetta, docente titular de Derecho Procesal Penal en la UNR, manifestó exactamente lo contrario. «Todo el movimiento transformador de los sistemas de enjuiciamiento que se produjeron en Argentina y en toda América Latina han puesto en tela de juicio la forma en que se regulaba la libertad durante el proceso y el establecimiento de pautas que no admiten prueba en contrario para impedir la excarcelación. En nuestro orden constitucional la libertad es una regla que sólo admite como posibilidad de restricción la existencia de una condena firme», dijo ayer a LT8.
«Manos atadas». El senador Enrico adujo que, a su criterio, actualmente los jueces penales tienen «las manos atadas» a este respecto. «Hoy día el juez sólo puede ordenar la prisión preventiva en el caso de que el acusado se fugue o entorpezca el proceso. Pero no está la posibilidad de que el juez aplique la medida cautelar de restringir la libertad cuando tiene ante sí el elemento de que puede reiterar delito y tenerlo en prisión hasta que se consume el juicio».
La abogada Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), sostuvo que es una flagrante violación a la Constitución, además de una arbitrariedad, usar una medida restrictiva de la libertad con el propósito de hacer una pretendida política de atenuación del delito. En especial cuando las personas detenidas en forma preventiva, al no mediar sentencia en su contra, se deben presumir inocentes.
En la misma dirección se pronunció Erbetta. «En el curso del proceso de juicio sólo puede restringirse la libertad en caso que se deba neutralizar los riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Esto no habilita a subvertir el ordenamiento constitucional colocando primero la restricción y luego la libertad. No se puede mediante un ordenamiento procesal —como una ley— dar vuelta el sentido del sistema penal en la Argentina».
Lo que rige igual. El ministro de la Corte remarcó que en los hechos algo parecido a lo que se propone Enrico, contra la legalidad, ocurre en la actualidad. «Aún sin este proyecto aprobado esto está rigiendo porque el 67 por ciento del los presos en Argentina no tienen condena cuando esta debería ser una situación en extremo excepcional»
La CTC apuntó a que es ofensivo proponer subir las cuotas de prisión sin contemplar el estado de las prisiones. Subrayó que «un 40 por ciento de las más de 4.300 personas detenidas se encuentran en dependencias policiales, sin que se garanticen las condiciones mínimas de habitabilidad, de higiene y salud».
