Mientras en el Senado bonaerense prospera la investigación que lleva adelante una Comisión Especial para analizar posibles irregularidades en la causa abierta para determinar responsabilidades en el crimen de la pequeña Candela Rodríguez, un diputado opositor formalizó ayer un pedido de juicio político contra el fiscal y el juez que llevaron adelante el proceso.
El planteo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín contra el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 6 de Morón, Marcelo Tavolaro, y contra el juez de Garantías 4 de ese distrito, Alfredo Meade, por “mal desempeño en sus funciones” por la investigación del crimen de Candela Sol Rodríguez, secuestrada y asesinada en Hurlingham en 2011. Además, se señalan “complicidades” de parte del ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal y el gobernador Daniel Scioli.
La presentación del pedido de jury fue realizada ante el Tribunal Provincial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados y se apoya en la misma línea argumental sobre la que trabaja la Comisión Especial para la redacción de un informe final que será difundido a fines de este mes, en coincidencia con la fecha del secuestro de Candela.
La niña Candela Rodríguez desapareció el 22 de agosto de 2011 en la localidad de Villa Tesei y fue hallada asesinada nueve días después, en un baldío del Acceso Oeste de esa localidad.
Saín, un legislador del espacio político de Martín Sabbatella, asegura que el proceso judicial y la investigación llevadas adelante por el fiscal Tavolaro “fueron muy turbios, hubo maniobras para proteger a la bonaerense y a redes de narcotráfico con la complicidad del ministro Casal y del gobernador Scioli, quienes dejaron todo en manos de la Policía”. “Todas esas irregularidades fueron avaladas por el juez Meade”, agregó.
“Se difamó a la niña, apareció una gran cantidad de testigos de identidad reservada que después resultaron ser informantes policiales, hubo más de mil allanamientos, pinchaduras de teléfonos difundidas a través de los medios de comunicación y el gobernador junto a su ministro de Seguridad alteraron la escena del crimen”, sostuvo Saín.
En ese marco, el legislador explicó que la acusación “está apoyada en un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, del 17 de abril de 1012, que señala cómo el fiscal Tavolaro incurrió en fallos muy graves en la investigación, que luego fueron convalidados por el juez Meade quien llevó adelante la instrucción”.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal integrada por los camaristas Naldini, Mingolo y Fernández, mediante esa resolución de abril de 2012 anuló gran parte de las actuaciones de la instrucción y resolvió apartar de la causa a Tavolaro y al juez Meade.
