Los planteos excesivos de las defensas, un código procesal vetusto y las carencias de recursos son algunas de las causas.
Los delitos comúnmente denominados de guante blanco son cada vez más difíciles de ser alcanzados por el sistema judicial argentino. Las demoras de los procesos superan diez años y derivan en causas que terminan con prescripciones inminentes o sobreseimientos de imputados a los cuales no se les pudo probar su participación en el hecho.
Así lo demuestra un estudio que fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap), organismo oficial que dirige la fiscal Sabrina Namer y que depende del Ministerio Público.
La investigación hizo un análisis detallado de 21 expedientes de corrupción -todos con más de diez años de trámite-, de los cuales tres prescribieron, nueve están en algún tribunal oral, seis todavía están en etapa de investigación escrita (previa al juicio) y sólo tres tuvieron condena.
Según indica el informe, las dilaciones de los procesos tienen que ver con responsabilidades que “provienen de uno y otro lado del mostrador”, como así también de un código procedimental que se muestra impotente frente a las investigaciones complejas. La carencia de recursos y la falta de especialización de los operadores también contribuye a la situación.
La actuación de los abogados defensores, con la interposición de recursos en diferentes etapas de la investigación, es uno de los factores que el estudio considera determinante para la dilación de los procesos.
Prueba de que buena parte de los recursos se presenta únicamente para demorar las causas –explica el estudio- es que sólo 4% de las veces la Justicia les da la razón a los defensores respecto de estos planteos.
Del análisis global de los recursos contra autos de mérito, por ejemplo, se destaca la interposición abusiva de recursos de casación, sobre todo contra autos de procesamiento confirmados por la Cámara Federal. “Este punto cobra vital importancia si se tiene en cuenta que estos recursos no constituyen un camino válido porque este tipo de resoluciones impugnadas no son pasibles de discusión mediante esta vía”, remarca el informe.
Respecto de los planteos de prescripción, se destaca que 25,57% de las resoluciones de la Cámara Federal en esta materia fue cuestionado por las defensas mediante recursos de casación, obteniendo como resultado que 90% de ellos fue rechazado por improcedente.
“Esta táctica, desplegada en nuestro viciado sistema, se traduce en una carta ganadora para dilatar el trámite en causas por corrupción, o directamente frustrarlas. Nuestro actual régimen procesal da lugar a un ejercicio abusivo del derecho de defensa que va en desmedro de la celeridad del proceso. Con planteos y recursos excesivos, imputados y defensores hacen uso de las ventajas que les da el sistema para obstruir deliberadamente el avance de los procesos, descansando en que los operadores demorarán muchísimo tiempo en abordar cada asunto y resolverlo”, concluyen los investigadores.
Otras responsabilidades
Más allá de la actitud de la defensa, el estudio también hace foco en la responsabilidad de los operadores judiciales para evitar las dilaciones manifiestamente improcedentes impulsadas por las partes.
Según el informe, el rol que clásicamente asumen los magistrados a veces “alienta” la actitud asumida por los defensores. En ese sentido, opinan que sería “necesario e imperioso” que los titulares de la jurisdicción logren el “equilibrio justo en debido resguardo del derecho de defensa en juicio y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Según el estudio, en 38% de los casos en que se apeló una decisión del juez, se congeló la investigación pese a que correspondía que la Justicia siguiera investigando mientras la Cámara resolvía si hacía lugar a la apelación, trámite que demora más de cuatro meses (y en alguna ocasión más de un año).
El informe advierte, a su vez, que desde que se comete el delito hasta que el tema llega a la Justicia “transcurren alrededor de 40 meses”. Además de demorar los procesos, esto conspira contra su éxito. “Los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios”, sostiene el informe, que afirma que cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de que se pierdan o se destruyan pruebas.
Una de las instancias más clásicas en la cual los procesos se frenan es mientras se llevan adelante los peritajes contables. La complejidad de los estudios, la sobrecarga de tareas sobre los expertos (sólo hay 13 en funciones de los 22 que tenía la Corte Suprema) y la gran cantidad de definiciones que se les piden, en muchos casos innecesarias y mal planteadas, son otro motivo frecuente de las demoras en las causas de corrupción.
Entre los cambios propiciados, el informe considera imperiosa la necesidad de contar con un procedimiento penal de corte acusatorio y de una reforma procedimental que “limite las impugnaciones de modo taxativo a las sentencias definitivas, el sobreseimiento y procesamiento, la aplicación de medidas cautelares y de coerción y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena”.
