Víctor Mendibil

Quizás sea más justo decir, en primer lugar, que me he sentido emocionado por la expresiones que, como las de la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires y la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata y muchos otros letrados, y no pocos jueces, revelan haber comprendido de verdad la situación, porque van más allá de los inconvenientes que puede traer aparejada la prolongada huelga en relación a sus prácticas profesionales y ven con claridad, en cambio, todo lo que esta lucha significa, en realidad, para mejorar las condiciones del sistema judicial local.

Porque ¿qué otra cosa significa la lucha por salarios dignos, un sistema de distribución de la masa salarial equitativo y proporcional, sino agentes judiciales en condiciones de cumplir con sus funciones? ¿O se cree realmente que tener empleados con salarios bajos, en el marco de una inequitativa distribución del presupuesto, en donde los integrantes de la Corte ganan sumas de dinero tan elevadas en relación a la masa de trabajadores, que parecen corresponder a otro sistema judicial, distinto al de la mayoría de los judiciales?

Digo bien: hay abogados y magistrados que se preocuparon por entender de verdad el conflicto. Y otros que no. Pareciera, en relación a estos últimos, que ni siquiera han apelado a sus propios conocimientos jurídicos, los mismos con los que desarrollan su práctica profesional, que sin embargo dejan de lado cuando se trata de analizar ya no el problema de sus clientes sino el de los trabajadores judiciales bonaerenses.

Veamos:

1) Durante los últimos 10 años, se ha experimentado en el país una recuperación de las paritarias y de muchos de los derechos de los trabajadores que se habían perdido durante la aplicación a raja tabla de las políticas neoliberales. Sin embargo, los trabajadores judiciales somos los únicos, en todo el país, incluidos, por supuesto, los bonaerenses que no tenemos paritaria ni negociación colectiva. Se nos ha negado ese derecho. Lo hemos pedido en todas partes, incluso ante la OIT, pero todavía no se nos ha dado una respuesta. ¿No merece esto ninguna reflexión de aquellos que hoy salen a opinar sobre nuestro conflicto cuando nunca se preocuparon por este avasallamiento? ¿Los sesudos opinantes conocen que el primer ámbito para prevenir los conflictos es el ámbito paritario? ¿Se pueden desentender de señalar a quienes se niegan a negociar en el marco de las Constitución Nacional y provincial y, en cambio, acusar a los trabajadores de intemperantes y otras simplezas? Una de los más firmes opositores a una ley provincia que organice un procedimiento para la paritaria es la propia Corte de la provincia: esa que luego en otros fallos, cuando no se trata de sus propios empleados, se llena la boca con el derecho a las paritarias. En el 2004 se acuerda por parte de los Legisladores, Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y el Poder Ejecutivo aconsejar que se impulsara un proyecto de Paritarias para los judiciales. Hasta el día de hoy, no se cumplió.

2) Casi todos los años, cada vez que se llega a algún acuerdo salarial, se ha firmado entre el Estado provincial y la Asociación Judicial Bonaerense actas en las que ha quedado asentado el compromiso de que los “próximos aumentos” serían hechos en vista a recuperar la porcentualidad. Hay un acta, incluso, mucho más explícita en la que el gobierno provincial se obliga a negociar la forma de la porcentualidad, que ya cumplió más de siete años sin que se haya llevado a la práctica. Ni esta acta ni ninguna. Incumplimientos reiterados y consecutivos de la patronal: ¿significa algo eso para esos sesudos y preocupados profesionales a quienes nadie atiende en la mesa de entradas y proponen que los propios abogados (como carneros de grado universitario) reemplacen a los trabajadores para sortear los problemas que les trae aparejados la huelga?

3) Los trabajadores somos los primeros en sufrir la huelga. Nadie va al paro contento. Luchamos, sí con alegría, porque nos sentimos un poco más dignos al defender los derechos que nos corresponde. Pero ni un solo trabajador se desentiende de los problemas que ellos trae aparejado para el pueblo. Solo que ese pueblo entiende que la justicia solo funciona con trabajadores dignos y no con aquellos sometidos a la arbitrariedad del poder que no cumple con sus obligaciones. Incluso, se nos ha amedrentado con persecución policial, con denuncias penales y descuentos salariales exorbitantes que pone en serio riesgo la satisfacción de las necesidades mínimas de nosotros y nuestras familias. Los descuentos salariales llegan ya a la suma de 3 millones de pesos. En otro caso de descuentos, un juez los declaró nulos, pero una cámara revocó esa sentencia y la Corte hace varios años que tiene durmiendo el expediente respectivo: como juez y parte, tienen las de ganar. Eso es lo que queda del derecho de huelga y la libertad sindical para los trabajadores judiciales bonaerenses.

4) Por si algún desprevenido no conoce la escala salarial que rige en el sistema judicial bonaerense, brevitatis causae, le contamos que un juez de la Corte supera a la mayoría de las Cortes provinciales y, en la otra punta, un ingresante, contando el aumento que se nos quiere imponer por vía de decreto y no por negociación bilateral como corresponde, pasaría a ganar 3 mil doscientos pesos. En otras provincias, aunque la comparación resulte odiosa, esos ingresantes superan los 3 mil doscientos hasta los 6 mil ochocientos. Eso de que a igual tarea igual salario (para los que les suena la constitución), aquí no rige. Eso de negociación colectiva para todos los trabajadores judiciales, aquí no rige. Y la lista es más extensa.

5) Como he leído algunas opiniones que por olvido o desconocimiento descalifican la consecuencia en la lucha de los judiciales bonaerenses por la pocentualidad, quiero recordar que la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense a los 45 días de asumido el gobierno de Menem convocaron a paro y movilización nacional ante la decisión de derogar los sistemas de porcentualidad y enganches, (este fue el primer paro realizado por una organización sindical al gobierno menemista). Es bueno también recordar que hace 20 años iniciamos una acción de inconstitucionalidad que atacaba un decreto de necesidad y urgencia que derogaba la ley de porcentualidad salarial, después de transitar todos los laberintos de la justicia, pasados 19 años obtuvimos sentencia favorable, la que inmediatamente fue recurrida por el Gobernador Scioli, hoy nuevamente, transita los «laberintos» cortesanos en busca de justicia.

6) En el 2004 el Consejo Consultivo Para el Estudio y Elaboración de Reformas al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, integrado por: Ministros del Poder Ejecutivo, Senadores y Diputados, la Suprema Corte, la Procuración General, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados, con la sola abstención del representante de la Corte, aprobó por unanimidad, aconsejar al gobernador y a los legisladores el dictado de la norma legal que instrumente el Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de Poder Judicial, han pasado 8 años y no se tuvo en cuenta esta contundente recomendación. Es más, desde la reforma constitucional del 94, tiene jerarquía constitucional un ORGANO IMPARCIAL que resuelva los conflictos de los trabajadores judiciales con la patronal (Suprema Corte, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) hasta hoy no ha sido reglamentado el mismo, para no seguir abrumando, aunque la lista es más extensa, lo dejemos aquí.

Ciertos letrados, deberían tener en cuenta en algún momento de su tránsito por los tribunales, cuando ven las mesas de entradas sin empleados, que ocurre que en esos tribunales, no hay justicia. Por eso estamos en la calle, luchando. Porque lamentablemente la historia argentina demuestra que la justicia ha ganado más batallas en la calle que en los tribunales.

¿Será porque todavía hay demasiadas voces entre profesionales y magistrados que desconocen lo que acabamos de exponer y no se preocupan por analizar, ya no con una perspectiva ideológica solidaria y equitativa que parece que es demasiado pedir, sino con los instrumentos propios de los conocimientos que recibieron, en su mayoría en las universidades públicas que paga todo el pueblo para que ellos se eduquen?

Señores abogados, señores jueces ¿será Justicia?

Víctor Mendibil es Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

Fuente: http://www.argenpress.info/2012/05/los-abogados-jueces-y-la-opinion.html