En 2011, como resultado de la guerra contra el narcotráfico, al menos cuarenta y seis personas fueron asesinadas cada día porque el estado mexicano fue incapaz de protegerlas. Lamentablemente, esto no es visto como un serio problema de derechos humanos por ninguno de los candidatos a la presidencia. ¿Vivirán en una realidad distinta a la nuestra? En el país más peligroso para la prensa después de Irak, los derechos humanos no figuran en la agenda electoral. El reto para las organizaciones de derechos humanos en 2012 es doble: reinsertar el tema en la arena electoral; y convencer a la sociedad de que los derechos humanos importan.
Para ganar las elecciones a la presidencia, Felipe Calderón montó “un cuarto de guerra”, pero su triunfo no aplacó su delirio de combate y diez días después de llegar a Los Pinos descubrió que el peligro para México no era la izquierda, sino la delincuencia organizada que intentaba “secuestrar el futuro de México”. El presidente de “las manos limpias” sacó entonces a las fuerzas armadas a la calle sin que estuvieran preparadas para llevar a cabo tareas policíacas y hoy controlan más de la mitad de las secretarías de seguridad pública y las direcciones de policía en el país. El miedo fue el motor de su campaña electoral y ha sido la esencia de su sexenio.
¿Cuál ha sido el impacto de esta guerra improvisada en los derechos humanos en México? La organización Human Rights Watch da una respuesta contundente: “no sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigan adecuadamente”. Decenas de organizaciones han documentado que miembros de las fuerzas de seguridad torturan personas detenidas ilegalmente, ejecutan extrajudicialmente, consienten el homicidio de presuntos delincuentes y encubren sus delitos. ¿Aprendieron esto las fuerzas armadas de los criminales a los que dicen perseguir o los delincuentes lo copiaron de nosotros? Tan sólo en 2010, la CNDH recibió más quejas en contra de marinos y militares que en todo el sexenio de Fox.
En este contexto, el problema más serio es el de la desaparición forzada, pues como afirma la activista de derechos humanos, Ana Paula Hernández Pontón, es un fenómeno sin precedentes. Como ejemplo está Coahuila donde sólo en 2011 el centro de derechos humanos “Fray Juan de Larios” y la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila documentaron 244 desapariciones – casi el número total de desaparecidos en la década de los setenta según la CNDH. “En el desierto todo ocurre por excepción; sus terregales sólo producen historias cuando alguien se pierde por ahí”, ha dicho Juan Villoro. El problema es que en Coahuila el que alguien se pierda es algo tan normal que no es noticia.
El drama de las desapariciones es que la víctima no está ni viva ni muerta, simplemente no está. De ahí que el primer obstáculo que enfrentan los familiares es el de demostrar que las desapariciones sí ocurrieron, que no “andan de parranda”. Las autoridades ni siquiera se molestan en iniciar investigaciones y se excusan invocando uno de los eufemismos favoritos del sexenio: “el levantón”. Un término tramposo que no sólo insinúa que la víctima fue secuestrada por el crimen organizado, sino que la criminaliza – sugiere que la víctima era un criminal (“Por algo la levantaron”). Lo delicado es que la lógica del “levantón” coincide con la retórica presidencial: “los criminales se matan entre ellos”. En el país de Genaro García Luna, los familiares no sólo deben convertirse en los investigadores de su tragedia, sino demostrar que no son delincuentes. Entre 2006 y 2010 el ejército registró al menos 18 mil “levantones”.
En Coahuila, los familiares de los desaparecidos pidieron ayuda a la subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González. Hoy sabemos que Claudia no sólo estaba en la nómina de la PGR, sino en la de los Zetas. ¿Hay algo más aterrador para los familiares de las víctimas que la encargada de ayudarlos sea la que protege a los criminales? ¿En nuestra democracia las autoridades deben demostrar su inocencia?
Este es el país que heredan los candidatos a la presidencia en 2012. El diagnóstico de Ernesto López-Portillo es concluyente: “estamos en medio de un verdadero desastre”. Para Amnistía Internacional la situación de los derechos humanos en México es “francamente escandalosa”. Frente a esto, ¿qué han hecho los candidatos a la presidencia? Hacerse los desentendidos. Ninguno ha hablado de la guerra que heredan como un asunto de derechos humanos.
Aunque parezca mentira, el desafío de las organizaciones de derechos humanos es incluir el tema en la agenda electoral. Para ello, primero tendrán que asumir – ¡ellas mismas! – que la guerra contra el crimen organizado es un problema de derechos humanos. Joy Olson, directora del Washington Office for Latin America, lo ha dicho sin tapujos: ante la crisis de derechos humanos que vive México, las organizaciones civiles se han quedado pasmadas. Siguen trabajando con reglas y agendas diseñadas hace cincuenta años. Pero este enfoque es insuficiente en un país donde organizaciones como los Zetas perpetran atrocidades inimaginables. ¿Es la violencia que vive hoy México un problema de derechos humanos? Sí, responde Olson, porque el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos.
La comunidad de derechos humanos tendrá que desmitificar también la retórica empleado por la presidencia para ocultar los abusos. Uno de los logros de esta administración es haber creado un discurso que niega la realidad. Para el presidente, la realidad no ocurrió (“yo no he usado el concepto de guerra”); o bien ocurre pero de otra forma (para él las víctimas son “bajas colaterales”); y, si no niega la realidad, minimiza sus efectos: (los muertos son sólo “enemigos de México”). Cuando Human Rights Watch documentó que las fuerzas de seguridad violaban derechos humanos sistemáticamente, Alejandro Poiré respondió que el informe tenía “deficiencias metodológicas”. Para él, eso era lo importante – la metodología – no las torturas, ni los desaparecidos, ni las ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, las organizaciones de derechos humanos tendrán que convencer a la sociedad de que los derechos humanos sí importan. El presidente ha logrado reproducir en el régimen democrático el círculo vicioso que Norbert Lechner había identificado en las dictaduras: generó violencia que trajo consigo miedo, lo que ha aumentado la demanda de seguridad, que alimenta el deseo de “mano dura”. Y cuando la gente pide “mano dura”, los derechos humanos estorban.
*Javier Treviño Rangel es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México; maestro en derechos humanos y candidato a doctor en sociología por la London School of Economics. Es miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y colaborador de Los Hijos de la Malinche.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-arena-electoral/2012/03/05/a-quien-le-importan-los-derechos-humanos/
