La excarcelación extraordinaria de Gladys Cabrera, dueña de la casa donde –según la fiscalía– estuvo secuestrada Candela Sol Rodríguez antes de ser asesinada en agosto del año pasado, es la primera de las resoluciones del caso que pueden derrumbar la estrategia judicial que diseñó el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, para blindar a sectores de la policía provincial. Fuentes judiciales adelantaron que si la Gendarmería Nacional comienza a investigar los delitos que se desprendieron del cuerpo principal de la causa, se trataría del fin de la carrera de muchos funcionarios policiales, involucrados en casos de piratería del asfalto y narcotráfico.
Para muchos no es novedad que la causa se construyó sobre piezas procesales de dudosa veracidad. Basado en dichos de testigos de identidad reservada que fueron aportados por las brigadas de investigaciones de la Policía Bonaerense, y que el fiscal Marcelo Tavolaro aceptó sin dudar para resolver el crimen que mantuvo en vilo a la opinión pública argentina; el expediente se convirtió ahora en un campo de batalla donde se librarán disputas internas de la Bonaerense que podrían poner en jaque la estabilidad en el cargo del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Las fuentes consultadas por Tiempo Argentino señalaron que en esta historia actuaron tres poderes: el policial de La Matanza, el judicial de Morón y el económico –con el dinero proveniente del narcotráfico– de San Martín. La trama que involucra a policías, “buches” y piratas del asfalto, replica la matriz hallada en otros crímenes ocurridos en el Conurbano. Toda esta compleja situación salpica también a la familia de Candela.
“Si siguen por este camino –opinó un alto oficial de Gendarmería Nacional– jamás van a saber quién mató a la nena. Alguien no quiso que la causa pasara a la justicia federal, aunque está claro que fue un secuestro extorsivo. La teoría que una banda de delincuentes de poca monta secuestró a una nena y la mantuvo diez días en cautiverio para satisfacer el apetito de un psicópata sexual, no resiste el menor análisis.”
Semanas atrás, la madre de la niña, Carola Labrador, puso en duda que los detenidos en el caso sean los verdaderos asesinos de su hija. El cambio en la postura de la mujer sobre la investigación estaría ligado a promesas incumplidas por parte de las autoridades provinciales. Su ex marido, Alfredo Rodríguez, detenido en una pequeña celda de la Alcaldía de San Martín, sobre el Camino de Buen Ayre, en José León Suárez, desconfía de los agentes de la DDI Morón. En silencio les atribuye la suerte que corrió su hija, que estuvo nueve días desaparecida para después ser hallada en una bolsa negra al costado del Acceso Oeste, en Hurlingham.
BANDAS MIXTAS. El caso comenzó a virar semanas atrás, cuando el fiscal federal de Morón, Marcelo Fernández, aceptó el pedido del abogado de Gladys Cabrera, Marcelo Mazzeo, para investigar a los padres de Candela y a la Bonaerense. En la presentación, Mazzeo denunció que hay argumentos suficientes para ir en búsqueda de la red narcopolicial a la que pertenecerían los imputados y algunos agentes de la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Rodrigo González, abogado de Guillermo López, se sumó al pedido.
El fiscal analizó el planteo pero señaló que ninguno de esos delitos afectaban la esfera federal, ya que no se investiga una red internacional, sino a grupos que operan en el ámbito local. Asimismo, Fernández le recomendó al juez federal Jorge Rodríguez que no aceptara el expediente. Entonces, Rodríguez se declaró incompetente y derivó la causa a la justicia provincial. La investigación quedó a cargo de Leonardo Lisa, colega de Marcelo Tavolaro en la UFI 6, que al cierre de esta edición no había solicitado ninguna medida de prueba para avanzar en la pesquisa.
Con el nuevo escenario, la hipótesis más firme es que el crimen se trató de un conflicto entre bandas narcos mixtas y que la niña fue asesinada por alguien de su confianza, ya que para el fiscal Tavolaro, “el inicio del desarrollo del evento investigado, hace presumir necesariamente, que se ha utilizado como herramienta inicial algún mecanismo de captación o vinculación desde lo afectivo o emocional”. Tavolaro añadió que “luego de los exhaustivos estudios médicos-científicos-periciales, no se han determinado indicadores que muestren a la víctima en un estadio de cautiverio prolongado, de tipo físico o material, tampoco con señales compatibles a una defensa en situación de una privación de movimientos, o sometida su voluntad y sentidos por la ingesta de sustancias, o los característicos a una reacción de defensa en el marco de un sometimiento en los momentos previos a su muerte”.
Según esta hipótesis, Candela habría quedado en medio de una disputa por droga o dinero, aunque, dicen, que sus captores no tenían pensado asesinarla. Fuentes judiciales confiaron que fue la madre la que rompió el código lumpen y el crimen fue definido como “ecológico”: la nena murió en el ámbito donde desarrolló su vida.
En este sentido, deslizan que resultó llamativa la rápida presencia del ex jefe policial, Juan Carlos Paggi, en la casa de Carola Labrador a las pocas horas de la desaparición de la nena, y la reunión del entonces jefe de investigaciones de la Bonaerense, Roberto Castronuovo, con el presunto autor intelectual del homicidio, Héctor “Topo” Moreyra, pocos meses antes del hecho (ver recuadro aparte).
Las fuentes consultadas por Tiempo Argentino coincidieron en que, por el relieve que tomó el caso, los investigadores policiales intentaron tapar todo y que pusieron tras las rejas a la mano de obra barata utilizada para hacer el trabajo sucio. “Los que están presos –explicó un especialista en organizaciones vinculadas con el narcotráfico– son ‘buchones’ y ladrones, no asesinos de nenas. No hay ningún hecho criminal en la provincia de Buenos Aires que no pueda ser explicado sin hacer referencia a los grupos de poder que manejan el narcotráfico. Estas organizaciones atraviesan instituciones y algunos policías que participaron en la búsqueda de la menor fueron cómplices.”
El escenario indica que la irregular investigación del crimen de Candela Sol Rodríguez comienza a preocupar a sectores de poder vinculados con jefes narcos de San Martín. Una fuente del juzgado de Alfredo Meade, que firmó las prisiones preventivas de los acusados sin leer los informes reservados de la causa, señaló que con las pruebas que hay en el expediente, todos los detenidos podrían irse en libertad tras el juicio oral.
