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Abogados penalistas enrolados en el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados realizaron sendas notificaciones ante el Colegio de Abogados de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, para que se investigue la presunta intervención de las líneas telefónicas a un grupo de abogados penalistas, con el objetivo de conocer las conversaciones que mantienen con sus defendidos.

En el documento sostienen que “los actos de escucha telefónica para controlar a los abogados, agravian al ejercicio de la profesión, al derecho constitucional de defensa, al pueblo en general, a la privacidad de los abogados y constituye un desmérito para el Poder Judicial en un Estado Constitucional de Derecho, por ser los abogados integrantes necesarios del Sistema Penal”. También expresan que “de existir éstos actos, están enmarcados en una política que hemos denunciado y que públicamente se ha manifestado con agresiones como las que emergen de expresiones de Funcionarios Judiciales que sostienen que nos hemos constituido en cómplices de nuestros defendidos y que para evitarlo nos han ‘marcado la cancha’”.

En declaraciones a El Diario, Marciano Martínez y Miguel Ángel Cullen, dos de los firmantes del documento al que adhirieron, entre otros abogados, Mario Figueroa, Guillermo Vartorelli, Gastón Duarte, Rubio Pérez, Miguel Retamoso, Rubén Pagliotto, Jorge Sueldo, Guillermo Retamar, Alberto Salvatelli, Sebastián Reyes, Vanesa Visconti, Humberto Franchi y Candela Bessa, expresaron su preocupación por lo que consideraron una medida que va en contra del ejercicio constitucional de defensa.

Martínez, que minutos antes de la entrevista estuvo en una audiencia, manifestó: “Tomamos conocimiento que a algunos abogados penalistas se les hacía control de las conversaciones telefónicas. Eso supone la orden de un juez de instrucción y sabíamos que era a pedido de un fiscal”. El experimentado abogado señaló que “esta es una actividad que debe ser en principio no conocida, no pública; nosotros tuvimos el conocimiento y decimos que lo tenemos en grado de sospecha suficiente para hacer una denuncia. Esto es un hecho grave, que varios abogados sean víctimas de control es un hecho grave porque debe ser una medida de última ratio, lo último que se puede tomar contra un abogado es controlarlo, porque ese abogado tiene muchos clientes, tiene relaciones familiares y de amistad y no puede ser que todas sean controladas”.

Por su parte, Cullen precisó: “Hicimos dos presentaciones anoticiando al Colegio de Abogados de la provincia, sobre estas inquietudes y esta preocupación seria que tenemos, y otra ante el STJ, a fin de que investigue y se tome cartas en el asunto, sobre todo permitiendo el libre ejercicio de la profesión de abogado que, obviamente, se ve conculcado”.

Martínez consideró que “esto está enmarcado en una política que supone que nosotros somos cómplices de nuestros defendidos; donde muchas veces se opina en forma contraria al derecho de defensa, que tiene raigambre constitucional, y esto molesta y perturba a la defensa. Hay expresiones como que nos han ‘fijado la cancha’; esto no lo aceptamos porque nosotros cumplimos un rol fundamental, somos la expresión constitucional del derechos de defensa establecido en la Carta Magna y queremos que se nos respete”.

En aquella línea, Cullen opinó: “Creemos que se enmarca en una escalada que trata de menospreciar, menoscabar y llegado el caso impedir cualquier tipo de defensa; impedir desde una óptica con sesgos autoritarios, tratando que cada vez más los abogados defensores sientan, si no temor, al menos pánico y algún tipo de minusvalía al momento de tomar una defensa penal”.

El defensor explicó que la presentación de realizó desde el Colegio de Abogados porque el clima enrarecido que se ha generado en los últimos tiempos, como consecuencia de algunas situaciones que los defensores consideraron violatorias del legítimo derecho de defensa, “afecta el ejercicio de la profesión pero además, porque se está atentando contra un avance de la civilización que es la defensa de la persona imputada” y añadió que “no es el único hecho, esto ya viene en una escalada que se enmarca en una situación social que está cuestionando fuertemente la posibilidad de que una persona acusada de un delito sea defendida”.

Cullen analizó el actual estado de situación recordando que “a tal punto hemos llegado que, como ejemplo, hemos tenido enfrentamientos, a través de medios periodísticos, por declaraciones del Procurador General de la Provincia que directamente sindica a quienes defienden a determinadas personas o ejercen el legítimo y constitucional derecho de defensa, como parte vinculante dentro de una estructura delictiva, esto es lo grave”. En este sentido, para Cullen, el avance sobre la defensa penal “no es un hecho aislado, viene dentro de un contexto en el que si uno le suma la gran preocupación social que ha habido y ha llevado incluso a que haya linchamientos, que no sólo es un homicidio tumultuoso sino que implica el más absoluto desprecio por la posibilidad de defensa de una persona; donde uno proyecta todo esto que pasa a nivel social y ve que existen todas estas medidas tomadas desde quienes deberían ser los garantes de los derechos de las personas, la preocupación es aún mayor y trasciende al ámbito de los abogados y penetra en todas las capas sociales”.

Para Martínez la situación actual significa, en general, “un retroceso, hemos vuelto a lo que se tenía como paradigma de la libertad y las garantías hace 50 años. Volvemos, y esto lo denunciamos, acabo de tener una audiencia en la que denuncié este retroceso, y más en las libertades humanas”. Así, entendió: “Pienso que hay una actitud que viene de la aplicación de una teoría que sostiene que el delincuente es un enemigo, por lo tanto al enemigo tiene que pesarle todo el poder de la Justicia, y no es así. El imputado recién será un enemigo cuando sea condenado, como ocurre. Hay muchas personas que están imputadas y gozan de las garantías de la excarcelación, recién cuando es condenado a pena privativa de la libertad y está firme esa condena, va a la cárcel. Qué es lo que se debe hace en un país democrático, así debe ser en un Estado social de Derecho”.