El Colegio de Abogados de Santa Fe expresó su preocupación por los retrasos en el cumplimiento de los requisitos para la puesta en marcha de la reforma penal, y suscribió la idea de buscar alternativas a la implementación total, hasta que estén dadas las condiciones para llegar a ella.

El presidente de la entidad, Eduardo Massot, y el representante de los abogados en la Mesa del Diálogo para la implementación del nuevo Código, Néstor Oroño, tras remarcar “el amplio consenso” y el compromiso asumido por el Colegio con la reforma, hicieron notar que “no visualizamos que se encuentren reunidas las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal o que ello pueda ocurrir en el corto plazo.

“Si bien el proceso de reforma ha superado importantes instancias, como por ejemplo la sanción de las principales normas y se han designado los principales funcionarios del nuevo sistema, es posible verificar sensibles atrasos en diversas materias, tales como dotación de recursos humanos, funcionarios, fiscales y defensores, agravado esto último por los problemas que han surgido en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura respecto de algunos pliegos remitidos. Creemos que completar la dotación de fiscales y defensores que requiere la integral puesta en vigencia del nuevo sistema, va a demandar un tiempo considerable”, añadieron.

Cargos e investigación

Para los letrados, un adecuado funcionamiento de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa “requiere la cobertura de todos los cargos legalmente concebidos, ya que su número es la resultante de diversos estudios referidos a cantidad de delitos y gestión que demandan las causas judiciales”.

En tanto, como otro aspecto motivo de preocupación y de suma importancia “para que el nuevo sistema procesal penal pueda representar una efectiva superación del actual”, señalaron el Organismo de Investigaciones del Ministerio de la Acusación, “al que debe dotarse de medios técnicos adecuados para la investigación de los hechos delictivos y sobre lo que no se visualiza ningún grado de avance.

“En este marco, consideramos que es preciso elaborar un cronograma a fin de establecer el tiempo en el que los requisitos y el cumplimiento de metas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema puedan ir teniendo concreción”, añadieron Massot y Oroño.

Alternativas

En función de eso, apuntaron que “la fecha de implementación o puesta en vigencia plena del nuevo Código Procesal no debe resultar de una decisión unilateral de ninguno de los poderes del Estado, sino que debe ser la resultante del cumplimiento de cada uno de los objetivos que permitan su adecuado y eficaz funcionamiento.

De otro modo se corre el riesgo de que la necesaria y anhelada reforma procesal penal derive en un fracaso y consiguiente frustración para toda la ciudadanía, que anhela una mejor calidad del Estado en el cumplimiento de uno de sus deberes básicos, como es administrar justicia”.

Como corolario de esas consideraciones, estimaron que “si no fuese posible una implementación definitiva e integral del nuevo sistema penal en un plazo más o menos breve -lo que por las razones apuntadas, vemos de difícil concreción-, deberá evaluarse alguna alternativa o modo de implementación gradual que corrija los vicios y problemas que se verifican en esta etapa de transición, producto de la coexistencia de dos normas claramente antagónicas, como son parte del viejo Código y parte del nuevo Código. Sin que tal alternativa importe renunciar al objetivo común a todos los estamentos interesados en la problemática, como es la plena e integral implementación del Código Procesal Penal (Ley 12.734), apenas estén dadas las condiciones para su adecuado funcionamiento”.