Helena, una mujer indígena de 28 años, de Santa Cruz, Bolivia, quedó embarazada como consecuencia de una violación. Intentó inducirse un aborto con pastillas y terminó con graves complicaciones en un hospital de esa ciudad. El médico que la atendió la denunció y Helena fue detenida en 2012, esposada y acusada de realizarse un aborto ilegal. Pasó los diez días de internación con custodia policial y después fue trasladada a una cárcel donde estuvo detenida con prisión preventiva durante ocho meses. En Brasil, otra joven, Ana, fue detenida también en un hospital después de buscar atención luego de haberse sometido a un aborto y como no pudo pagar la fianza, estuvo esposada a su cama de hospital durante tres meses. Los casos fueron relevados por IPAS –una organización internacional no gubernamental que trabaja en salud sexual y reproductiva– para la investigación “Cuando el aborto es un crimen: la amenaza para mujeres vulnerables en América latina”. El estudio se conoció en el marco de la conferencia del Cono Sur del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) días atrás, al tiempo que trascendía el caso de la joven que terminó presa durante diez horas en un calabozo de la comisaría 53ª de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que una médica del Hospital Fernández la denunciara ante la presunción de que se había practicado un aborto.
En el encuentro del Clacai participaron un centenar de investigadores, profesionales de la salud y activistas de la región. Durante dos jornadas se analizaron avances, retrocesos y desafíos en el acceso a los abortos no punibles y en el camino hacia la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en países del Cono Sur. La reunión tuvo lugar en Buenos Aires (ver aparte).
La investigación de IPAS concluyó que las mujeres que son enjuiciadas por abortos ilegales se enfrentan a “prejuicio y negligencia en el sistema penal de Justicia”, como reflejó aquí el caso de la paciente del Fernández. Esta semana, organizaciones de mujeres realizaron un escrache frente al hospital para repudiar la decisión de la médica que la denunció. “La aplicación de la ley es selectiva y discriminatoria, con la tendencia de que las mujeres más pobres que usan los servicios de salud pública tienen el mayor peso y riesgo de enjuiciamiento”, advierte el estudio, realizado entre 2011 y 2013 en Bolivia, Brasil y Argentina, países donde el aborto está criminalizado pero se contemplan excepciones cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o si es producto de una violación. De todas formas, en esas circunstancias todavía persisten obstáculos en el acceso a la práctica (ver aparte). “Las leyes de aborto punitivas están hechas para asustar, estigmatizando un procedimiento médico seguro y común”, señala la entidad con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos.
El proyecto de IPAS buscó conocer cuántas mujeres son arrestadas y cuál es el impacto, tanto en ellas, como en sus familias y en profesionales de la salud, cuando la ley las convierte en criminales por interrumpir un embarazo. El informe revela “las diferentes maneras en que el poder punitivo del Estado daña la autonomía reproductiva de las mujeres, poniéndolas en riesgo de detención y encarcelamiento, y obliga a las y los profesionales de la salud a tomar decisiones no éticas respecto de sus pacientes”.
Denuncias y condenas
En Argentina se detectaron 234 condenas por el delito de aborto a nivel nacional entre 1996 y 2008. Pero, en general, lo que se observa es que hay más detenciones que condenas y que recaen sobre profesionales de la salud más que en mujeres que se realizan el aborto. Según los datos recabados a nivel nacional, de 2002 a 2008, el 80 por ciento de las condenas fueron en contra de profesionales de la salud, en su mayoría parteras y enfermeras. La investigación encontró que en 2011 “un caso involucró a una joven médica con dos hijos que fue detenida y pasó más de un año bajo amenaza de un juicio criminal” porque recetó misoprostol, un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción de embarazo, que se puede obtener en el país en farmacias con receta archivada pero sólo para úlceras gástricas. La médica, que trabajaba en un centro de salud de una villa porteña, dijo que recetó la droga a una niña embarazada de 12 años, a quien estaba atendiendo, porque estaba decidida a interrumpir su embarazo de cualquier forma y consideró que ése era el medio menos riesgoso para que lo hiciera. La imputación contra la médica finalmente fue retirada, pero tuvo que “sufrir el estigma y la incertidumbre del caso en contra de ella durante más de un año”, destaca el estudio.
El relevamiento retomó uno previo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que entre 1990 y 2008 identificó 417 casos de mujeres o profesionales de la salud arrestados por abortos ilegales. La IPAS buscó actualizar esos datos y se centró en las jurisdicciones con más población. En ese sentido, encontró que las provincias con más condenas en ese lapso fueron Buenos Aires (23 por ciento del total); Santa Fe (22 por ciento), Córdoba (7 por ciento) y la Ciudad de Buenos Aires (5 por ciento). Entre 2009 y 2011 en el territorio bonaerense se registraron 343 procesos judiciales de los cuales ninguno resultó en condena. A pesar de tener una población significativamente menor, la ciudad de Buenos Aires tuvo un mayor número de procesos: entre 2006 y 2012 se registraron 445 investigaciones judiciales: catorce casos (3 por ciento) llegaron a juicio y de ésos, dos resultaron en condena.
La Cámara del Crimen estableció en 1966 en el plenario “Natividad Frías” que una denuncia presentada por un prestador de servicios de salud en contra de una mujer por un aborto ilegal viola sus derechos de confidencialidad y su derecho de no autoincriminarse. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó ese principio. Para IPAS, esos dos antecedentes jurídicos “pueden explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o encontradas culpables por aborto en comparación con el número de casos en contra de profesionales de la salud que han sido investigados, enjuiciados y condenados”. No obstante, se observó con preocupación en la conferencia del Clacai el caso del Hospital Fernández. La abogada Raquel Asencio, coordinadora de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, advirtió sobre la gravedad del episodio de que una médica haya violado el secreto profesional para denunciarla. Al respecto, la secretaria ejecutiva del Clacai, la médica peruana Susana Chávez, indicó que ese tipo de actitud en profesionales de la salud “está constituyendo una amenaza” para las mujeres que se presentan en un hospital con complicaciones por aborto también en otros países. Chávez es directora de la ONG Promsex, de Perú, donde “se obliga a los operadores de salud a denunciar a las pacientes no sólo en casos probados de aborto, sino también cuando tienen indicios de que ha sido provocado”.
Del hospital a la cárcel
De acuerdo con la investigación de IPAS, en Bolivia se iniciaron investigaciones policiales en 775 casos entre 2008 y 2013, “aunque relativamente pocas resultaron en condenas”. Bajo la ley boliviana, las mujeres que quedan embarazadas como resultado de una violación deben comenzar procesos penales en contra del violador antes de solicitar autorización judicial para un aborto. “Sin embargo, los jueces rara vez autorizan la interrupción del embarazo, generalmente citando objeción de conciencia por razones religiosas y morales”, advierte el informe. Uno de los casos relevados fue el de Helena. La joven es una indígena guaraní y vive en una situación de extrema pobreza con su pequeña hija en la ciudad de Santa Cruz. El 3 de febrero de 2012 fue acusada oficialmente de realizarse un aborto –la denunciaron en el hospital donde fue a atenderse con graves complicaciones– y estuvo con prisión preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz durante ocho meses hasta que su caso concluyó. Fue sentenciada a dos años de prisión, pero fue beneficiada con un perdón judicial que le permitió cumplir la pena fuera de la cárcel.
En Brasil, en el estado de Río de Janeiro, hubo 334 registros policiales de mujeres que recurrieron a un aborto ilegalmente. Los expedientes de la Corte del período de 2007 a 2010 muestran que 128 mujeres fueron juzgadas. Una de ellas, Ana, “no pudo pagar la fianza y estuvo esposada a su cama de hospital durante tres meses”, denuncia la entidad.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-233782-2013-11-17.html
