Neuquén está varios pasos delante de Río Negro en el nuevo escenario planteado por la Corte Suprema de Justicia, que ratificó que no serán punibles los abortos derivados de una violación.
Desde el 2007 el sistema de salud pública de la provincia cuenta con un protocolo de actuación para este tipo de casos. De esta manera los profesionales cuentan con una guía para practicar interrupciones de embarazos en los casos permitidos.
En Río Negro las autoridades provinciales creen que el debate es «estrictamente jurídico» y por la tanto no estaba en la agenda del Ejecutivo, que hasta el momento no tomaron posición (ver aparte).
Estas diferencias entre las dos provincias norpatagónicas emergen como ejemplo de la disparidad que quedó a la vista en todo el país después de la sentencia de la Corte.
De hecho, Salta, La Pampa y Mendoza ya aseguraron que no implementarán protocolos de actuación y que para practicar un aborto en un caso de violación pedirán autorización a la Justicia. Todo lo contrario a lo que resolvió el máximo órgano judicial del país, que además recomendó a los gobiernos provinciales y al nacional ejecutar guías que faciliten esta intervención.
Desde el Área de Bioética de la Subsecretaría de Salud de Neuquén afirmaron que el protocolo aplicado desde hace casi cinco años «es una buena herramienta que ha dado resultados útiles».
«El fallo avaló toda una línea de trabajo que veníamos haciendo», indicó Andrea Macías, coordinadora del organismo.
Desde 2007 está en vigencia la resolución 1.380 que instrumenta un «procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punibles contempladas en el Artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal». Estos casos son cuando corra en riesgo la vida de la madre o si el embarazo es producto de una violación, «sobre una mujer idiota o demente». La interpretación amplia de esta norma sostiene que se aplicará la legalidad del aborto en todos los casos de violación, lo que fue ratificado también por el fallo de la Corte.
Macías aseguró que el protocolo se cumple y que se trata de «una buena herramienta que en los años que lleva de implementación dio resultados útiles». Está disponible en la página del ministerio en el Área de Bioética, dentro de la Red Provincial de Comités de Bioética Asistencial.
Esa guía estipula que cuando la interrupción del embarazo se solicite en caso de violación será necesario que se presente un «consentimiento informado». Macías explicó que se trata de un proceso mediante el cual se le informa a la mujer los mecanismos disponibles, los beneficios y los riesgos. «Les damos toda la información disponible, es un momento de intercambio, en donde buscamos que ella decida según sus intereses de manera libre», remarcó la especialista. Luego se firma un documento y se procede a la intervención. (AN / Redacción Central)
