Ayer se realizó en los Tribunales provinciales una audiencia en la cual se avanzó en la aprobación de un protocolo destinado al resguardo de las personas alojadas en pabellones de aislamiento o disciplina conocidos como «buzones de castigo» en las cárceles de la provincia. El documento tiene como fin «unificar estrategias e ideas tendientes a evitar el agravamiento de las condiciones de detención en esos lugares,en lo que constituye una clara violación de derechos a los presos», dijeron fuentes de la reunión.

La audiencia fue la extensión de una serie de reuniones que se vienen realizando a partir de la presentación de un hábeas corpus que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, a cargo de Gabriel Ganón, presentó a favor de las personas privadas de la libertad en las cárceles santafesinas. Ese escrito detalla las deplorables condiciones en que se alojan los internos en los llamados «buzones de castigo», como así también «el arbitrario y degradante trato que reciben del personal del Servicio Penitenciario».

Así, el pasado 23 de junio se desarrolló una primera reunión entre todas las partes involucradas en la que se acordó «aplicar los estamentos del Protocolo de Lomas de Zamora, aprobado por el Servicio Penitenciario Federal y ordenado por la Procuración Penitenciaria de la Nación», relativo al tema. También se acordó «monitorear la implementación del mismo y avanzar en asuntos relacionados a la capacitación del personal penitenciario», según refirieron fuentes de la Defensoría.

Las posiciones. En tanto, el miércoles todos los integrantes de la mesa de diálogo terminaron de aprobar el protocolo que fue presentado ayer en una audiencia oral y públicar. Sin embargo, la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia no se presentó al debate final y elaboró un protocolo propio, el cual fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial; mientras el documento final sí lleva la rúbrica de la subsecretaría de Asuntos Penales santafesina.

En la audiencia de ayer, el defensor regional Gustavo Franceschetti describió los aspectos más relevantes del documento y pidió «que se adopte el protocolo surgido de la mesa de diálogo y no el de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios porque el primero tiene la fuerza del consenso y la riqueza de las distintas visiones del fenómeno, contiene el protocolo de la subsecretaría aludida pero es más protectivos de los derechos humanos de las personas privadas de libertad». En ese sentido, el funcionario expresó que «se garantiza la intervención de la defensa, se prohíbe el asilamiento individual, se prevé una notificación al detenido y su defensa ante un traslado, no se limitan las visitas y vínculos familiares y permite el control externo a cargo de la sociedad civil en conjunto con la Defensa entre otros tópicos».

Del mismo modo, Franceschetti solicitó que se fije una nueva audiencia luego de que el juez homologue el acuerdo para que el Servicio Penitenciario «informe sobre la designación de los pabellones de resguardos en todas las cárceles, la elección de un guardia encargado de las funciones de coordinar y supervisar los trabajos de todos los agentes responsables del resguardo, efectuar la capacitación sobre los mismos y dictar los actos administrativos tendientes a la aplicación del protocolo».

El juez Suárez resolvió un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución tras la feria judicial, aunque reconoció que «es importante tratarlo» debido a que «la situación actual de los internos es de desprotección y da lugar a abusos contra su integridad física y psíquica».

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