El fiscal platense Marcelo Romero elevó ayer un “informe sumario” a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en el que dictaminó que el juez en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad Luis Federico Arias habría incurrido en “abuso de autoridad” y en “determinación a cometer” el citado ilícito, en el marco de las actuaciones iniciadas como consecuencia del trágico temporal del 2 de abril último.
ANTECEDENTES
La decisión del fiscal Romero, tras considerar que existen “indicios vehementes” de que Arias habría cometido esos delitos, se inscribe en el complejo y duro conflicto que, como se recordará, se desató entre magistrados de diversos fueros con relación a la investigación de diversos aspectos de la inundación que provocó aquel temporal.
El conflicto entre cuestión tuvo como ejes centrales qué fueros y magistrados debían investigar las muertes que provocó la inundación y una durísima controversia sobre la cantidad de fallecimientos que se produjeron por esa causal, que incluyó graves acusaciones de presuntos ocultamientos del número de víctimas fatales, entre otras derivaciones. Esos cruces de denuncias y acusaciones -algunas formales, otras orales y públicas- tuvieron como emisores y/o destinatarios, según los casos, al juez Arias, a los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Jorge Paolini (quienes estuvieron a cargo sucesivamente de la investigación penal de las muertes causadas por la inundación) y al juez de Garantías Guillermo Atencio.
En ese marco, la investigación de Romero se inició con una denuncia de Atencio contra Arias por haber dictado una resolución en la que, según consideró, Arias le daba órdenes a Paolini que afectaban las incumbencias y funciones del fiscal.
Ahora, Romero entendió que “existen elementos suficientes e indicios vehementes” de que Arias, como juez contencioso administrativo, dictó el 29 de mayo “una resolución en la causa `Cadaa Marcela contra el Ejecutivo bonaerense sobre hábeas data´, contrariando la Constitución nacional, la de la Provincia” y otras normas referentes a su competencia como magistrado del citado fuero y contra el Código Procesal Penal bonaerense. Y dictaminó que dos días después, Arias “ejecutó esa resolución, notificando al fiscal Paolini, que ‘se abstenga de ejercer cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y difusión pública de víctimas y/o posibles víctimas’ del temporal”.
Por esas disposiciones, Romero consideró que Arias pudo haber incurrido en los delitos mencionados pero, como tiene fueros, dio por finalizada la información sumaria y la elevó a la Corte bonaerense para que ésta resuelva cómo corresponde seguir.
Voceros judiciales indicaron que si por esta situación Arias fuera sometido a un jury y resultara removido del cargo, la causa penal en su contra podría seguir avanzando. Y si se resolviera que no hay causal de remoción, la investigación penal será archivada.
