Un dato que ilustra  el peso de lo militar en la estrategia de seguridad  es la proporción para la prevención, por ejemplo, de los recursos de la Iniciativa Mérida. De los mil 900 millones de dólares que México ha recibido del programa de cooperación antidroga de Estados Unidos, sólo 40 millones se destinaron a programas distintos a la compra de armas, balas, helicópteros y equipo militar  a proveedores de la Defensa, la DEA y otros de la industria de armas estadunidenses. Es decir, sólo dos por ciento del  dinero se canalizó a atender o mitigar factores de riesgo y precursores de violencia.

Como ello también muestra que los beneficiados de los contratos de la “guerra contra las drogas”, tanto de Estados Unidos, como de militares y policías en México, están entre sus principales defensores. Y por tanto, son los mayores detractores a  un cambio en la estrategia como el que comenzó a esbozar el gobierno de Peña Nieto con el  Programa Nacional de Prevención del Delito  que presentó esta semana contra la crisis de seguridad, aunque no considera  regresar los militares a los cuarteles.

El gobierno  usó su presentación para remarcar la necesidad de modificar prioridades de la lucha antinarco y, de paso,  persuadir a Estados Unidos de la conveniencia de ajustar el combate contra los cárteles. Pero la idea genera temor en Estados Unidos porque dudan que relajar el plan punitivo y militar reduzca la violencia y el delito. Sobre todo, les preocupa que se genere descontrol entre los cárteles y en el flujo de droga hacia sus ciudades. Tan sólo en Chicago, como acusó la DEA, el Chapo introduciría entre mil 500 y dos mil kilos de cocaína al mes.

Es en sobremanera sugerente el que la presentación del nuevo plan de seguridad  se reciba en Estados Unidos con la designación del Chapo como “enemigo público número uno” de Chicago; que la principal iniciativa del nuevo gobierno para dar un giro a la estrategia antinarco merezca el recordatorio de que la persecución de los delincuentes es el centro del esfuerzo contra el crimen. La distinción, que entregan la Comisión contra el Crimen de Chicago y la DEA, es un dudoso honor que se dio hace 83 años a Al Capone como símbolo de “guerra” contra la mafia.

El programa de prevención se aleja de los objetivos centrales de la política de seguridad de combate directo contra los cárteles. También se distancia de la anterior forma de medir los resultados de la lucha antinarco con la aprehensión de capos, decomisos y desarticulación de bandas.  Es una política enfocada en programas y acciones sociales para atacar las causas de la delincuencia y la violencia, como la pobreza o el desempleo, aunque aún carece de metas e indicadores claros para medir resultados.

De fondo, el problema es que el avance de este enfoque reste fuerza a las posiciones de poder que se benefician de la lucha contra el narco, como la DEA y la industria de armas. A la primera le preocupa perder peso y presupuesto si gobiernos como el mexicano deciden “bajar la guardia” en la acción militar, y a los otros, perder clientes en la exportación de armas. Por eso hoy los lobbies de las agencias de  investigación, inteligencia y defensa, así como la industria de armas, alertan sobre los riesgos de un cambio de plan y del peligro de que Peña Nieto privilegie la economía sobre seguridad en las prioridades nacionales.

No obstante, la persistencia de la violencia en niveles similares al anterior gobierno es un punto débil de la estrategia preventiva. Sirve para reclamar reforzar el combate contra los cárteles y las acciones policiacas contra la delincuencia. Si se mantuviera el promedio de asesinatos del primer mes de la administración de Peña Nieto, cerraría en niveles similares a los de Calderón (70 mil muertos). Insostenible para cualquier gobierno.

En ese sentido, el mayor reto del enfoque preventivo es que —como aceptan sus responsables— dará resultados en el mediano y largo plazo. Las experiencias que sirven de referente al programa tardaron entre 14 y 18 meses.  Las acciones de política social, rescate de espacios públicos, adicciones, contra el desempleo y la pobreza en Aguascalientes o Juárez demoraron año y medio antes de traducirse en disminución del delito.

La imposibilidad de ofrecer resultados rápido es el mayor enemigo  de cualquier intento por modificar la estrategia, tanto como el mejor aliado de las posiciones belicistas. Cuentan a su favor la desesperación que existe entre la población tras seis años de violencia que, paradójicamente, se desató con la “guerra contra las drogas”.

*Analista político

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@jbuendiah

fuente http://www.excelsior.com.mx/jose-buendia-hegewisch/2013/02/17/884685