Bariloche.- A casi tres meses de la sentencia de hábeas corpus dictada por el juez barilochense Martín Lozada, por medio de la cual dispuso que debía limitarse a 60 el número de los internos del establecimiento, la administración penitenciaria no ha reducido ese número. “Muy por el contrario, el número de internos supera actualmente a los 80 internos”, consignó un parte del Poder Judicial.Tomando en consideración un informe que elaboró un comisario, el juez Lozada solicitó al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Justicia y a la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, que urgente pongan a disposición del Establecimiento de Ejecución Penal NºIII de Bariloche “los medios materiales con los cuales cubrir la suma de necesidades que allí se experimentan”.

Sostuvo el magistrado que la situación planteada por el comisario Poblete posee “una indisimulable repercusión, ya sea a corto, mediano o largo plazo, en materia de seguridad pública.

Agregó “por cuanto cualquier tratamiento a llevar adelante sobre un interno privado de su libertad, o cualquier aspiración vinculada al carácter resocializador del tránsito penitenciario, queda trunca y resulta materialmente imposible en las condiciones aludidas….”.

También habló del “carácter mortificante que una experiencia penitenciaria tal posee para quien la sufre, con la consiguiente responsabilidad estatal que ello puede traer aparejada a raíz del incumplimiento de los estándares mínimos vigentes en la materia”.

“El comisario a cargo de la unidad penal informó al magistrado que dicha unidad penitenciaria se encuentra sin las capacidades suficientes para recibir internos, debido a las casi nulas posibilidades de contar con los elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de los distintos sectores de alojamiento, así como a la insuficiencia de colchones destinados a los detenidos allí asignados”.

Informó que el 13 de este mes se procedió a la clausura de una nueva celda –Nº2- lo cual se suma a las previamente clausuradas -5 y 11- por falta de acondicionamiento e inexistencia de las condiciones mínimas de habitabilidad, “no contándose con los recursos económicos para las reparaciones necesarias”.

Destacó, además, “que el exceso en la capacidad de alojamiento ha superado las plazas existentes provocando un hacinamiento importante y un perjuicio a las condiciones de detención de los internos, con un incumplimiento en total manera grave a los estamentos legales vigentes. Tan es así, sostuvo, que inclusive el hacinamiento ha llegado al punto tal que ha colapsado el sistema cloacal” del establecimiento”.

Según el parte judicial, Poblete reconoció encontrarse frente a un cuadro marcado por “la falta de plazas, falta de colchones, celdas clausuradas, carencia de fondos y elementos de reparaciones (…) falta de un área de sanidad con cobertura completa, escasez de insumos de limpieza, recepción de insumos alimenticios en ocasiones a cuenta gotas”.

 

Poder Judicial

 

 

 

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