En el trabajo realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) se encuentra la base del proyecto que reforma el Código Procesal Penal federal. El vicepresidente del organismo, el jurista Alberto Binder, insiste en la necesidad de una modernización del procedimiento en la Justicia penal en tanto “herramienta para volver al Estado más eficiente en su intervención en la vida social para volverla más igualitaria”, apuntó en diálogo con Página/12.
–Miembros del Poder Judicial que abogan por una reforma en el Código Procesal Penal señalan que la Constitución nacional determina que ese régimen sea acusatorio. ¿Usted coincide?
–Se trata del marco institucional que envuelve la reforma. La Constitución nacional es clara en su preocupación por la imparcialidad del juez, insiste en que el juez no debe estar contaminado con las actividades de la investigación. Eso no sólo figura en nuestra Carta Magna sino también en los pactos internacionales de derechos humanos a los que la Argentina adscribió y que poseen rango constitucional. La transformación del código en uno acusatorio garantiza eso, justamente: todo acto de la Justicia penal debe ser controlado por un juez imparcial. Eso intenta la clara división de funciones que plantea entre los actos de preparar la acusación e investigar, los de controlar esa investigación y juzgar, y los actos de defensa.
–¿Qué conflictos puede acarrear para la Argentina el permanecer en un código mixto como el actual en relación con la Justicia provincial y regional?
–La gran mayoría de la población argentina está siendo juzgada por modelos acusatorios a nivel local. Sin embargo, el régimen federal, que se encarga justamente de delitos especiales, importantes, todavía tiene el modelo francés de 1908, con jueces de instrucción. Esto genera problemas constitucionales, pero también regionales, debido a que casi toda Latinoamérica funciona de manera modernizada. Surgen conflictos cuando es necesario realizar trabajos coordinados entre fiscales y policías, tanto a nivel federal como local y regional. Cuesta mucho establecer relaciones de cooperación estables para enfrentar la criminalidad moderna: narcotráfico, nuevas formas de esclavitud mediante la trata de personas, delitos económicos. No hay forma de trabajar en conjunto entre fiscales que tienen facultades de investigar y jueces de instrucción que ocupan su lugar.
–¿Cómo mejora la reforma la protección al derecho de los acusados?
–Lo que mejora es que al tener un juez imparcial, y al mismo tiempo propiciar un aumento muy significativo de audiencias públicas, porque lo que intenta el nuevo código es fomentar la oralidad, el trabajo del juez frente a las partes, las posibilidades de alegar, de defenderse ante un juez imparcial, aumentan notoriamente. No como hoy, que el acusado tiene que defenderse ante el mismo juez que lo quiere meter preso.
–¿Y respecto de los derechos de las víctimas?
–Se trata de empoderar al fiscal, quien será responsable de impulsar la investigación y la persecución penal, lo que hace que las víctimas encuentren en ellos un protector. El fiscal vela por los intereses generales de las víctimas y de la sociedad. La división de funciones mejora la protección de los derechos de todos.
–¿Cuál es el avance en términos políticos de una reforma como ésta?
–Hay muchísimo consenso tanto a nivel político como dentro del Poder Judicial sobre la puesta en marcha de esta reforma. Por un lado, urge dotar al Estado federal de herramientas que le permitan ocuparse de la criminalidad económica, de la actividad mafiosa de las corporaciones que operan en la Argentina como un punto más de su red criminal mundial, que cuentan actualmente con un ejercicio de poder oscuro muy grande y que nunca es alcanzada por formas modernas de persecución penal. El país sufre la circulación de todo el dinero ilegal que mueven esas redes criminales que provoca efectos distorsivos en la economía y en la vida de la sociedad. Entonces, la reforma otorga herramientas necesarias para un Estado moderno, para volverlo más eficiente en su intervención en la vida social para volverla más igualitaria. Debemos darle esta herramienta indispensable frente a la lucha general contra las mafias.
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