La conducta inercial preocupa a Alberto Binder, que sintéticamente puede ser presentado -con riesgo de fastidiarlo- como un gurú del Derecho Procesal Penal. Esa tendencia a volver una y otra vez al estado original por ejemplo explica por qué, tras casi 22 años en vigor, el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) no pudo evitar la burocratización y, en última instancia, el retorno a aquella mecánica inquisitiva -y colonial- que pretendía superar. La inercia en este caso frustró el itinerario del modelo acusatorio, que deroga al actor que funciona como juez y parte, y propugna la oralidad y la publicidad.
Aquella resistencia sobre todo inconsciente no es privativa de esta comarca, según Binder, que departe con LA GACETA en el bar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las otras sillas de la mesa de café están ocupadas por el filósofo tucumano Ramón Eduardo Ruiz Pesce, que casualmente andaba por ahí y se sumó al grupo, y por Alberto González, letrado nacido y formado en la provincia, y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). En virtud de un convenio con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), aquella fundación nacida en 1989 y conducida por Binder (es su vicepresidente) dirigió el desarrollo del Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en los Tribunales de Concepción y Monteros.
El cambio propuesto pretendía transformar -mediante la potestad reglamentaria de la Corte- la investigación penal preparatoria (sucedáneo de la instrucción), que continúa siendo escrita y extremadamente formal. Pero la idea de diseñar un plan piloto que generase información válida para una enmienda legislativa chocó contra tres acciones de amparo (en trámite en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), y el reparo de parlamentarios oficialistas y opositores, que consideran que la Corte necesita -sí o sí- de una ley.
Pese a ello, Binder defiende la estrategia: «los abogados somos un estamento muy poco profesional: no nos tomamos en serio las normas que procuran reorganizar las prácticas procesales. Por ello decidimos invertir el proceso de cambio; partir de las constituciones y los pactos internacionales, y del espíritu del modelo acusatorio que adoptó Tucumán en 1991, y modificar estructuras para ver cómo funcionan en la práctica».
Recién entonces debía ser formulada la propuesta normativa, según el proyecto del Inecip que la Corte aprobó y después suspendió indefinidamente el 12 de abril pasado. «Partíamos del terreno hacia la ley y no al revés, y esto es lo innovador y lo que permanentemente se está reclamando. Si de entrada hubiésemos ido por el camino legislativo, nos habrían dicho que no tenemos en cuenta la realidad», reprocha el procesalista.
La sustancia relegada
La inercia opera como la fuerza ostensible u oculta que protege al estatus quo. En el cuestionamiento a la metodología del plan piloto (prueba, error, corrección, proyecto de ley), Binder advierte una preferencia por lo accesorio sobre lo principal. «La discusión no es esa, sino cómo puede ser que una comunidad jurídica como la de Tucumán, que se enfrenta a disfuncionalidades enormes en la administración de Justicia y que se queja de sus Tribunales, se detenga en cuestiones formales. Estas son chicanas de los que no quieren afrontar el cambio», opina el jurista.
Y pide oír al ciudadano, y no sólo al letrado y al político. «¿El modo en el que están trabajando los fiscales es eficaz? No. Nadie puede estar en contra de aumentar la eficacia de las fiscalías. La oposición al cambio en la Justicia penal responde a una visión leguleya y curialesca», evalúa con firmeza y un dejo de cansancio, como si ya hubiese visto tal reacción infinitas veces. Enseguida añade que el plan piloto no tiene nada raro ni difícil ni complicado: «el sistema tendría que haber ido hacia ahí naturalmente hace rato. Pero la comunidad profesional empuja siempre los resquicios legales a su peor versión. El sistema podría haber evolucionado hacia sus virtudes, pero lo hizo hacia sus defectos porque reconstruimos una y otra vez el modelo inquisitorial». Es decir, la inercia hace su trabajo.
¡Mentira!
El café se demora en llegar, pero Binder mitiga la espera hablando rapidísimo. En el ínterin, se compromete a proporcionar los términos económicos del acuerdo entre el Inecip y la Corte (ver «El convenio»), y aborda otra pata clave del plan piloto: el reemplazo del principio de legalidad (obliga a investigar todas las denuncias) por el de oportunidad (establece una política criminal y dispone salidas alternativas para el resto de los casos).
Este asunto parece exasperar al gurú, que califica de «falaz» a esa discusión y asevera: «en el presente, terminan en la basura el 80% de las causas que llegan a los Tribunales penales de Tucumán. Si uno quiere construir una solución positiva, es ilegal; en cambio, si la denuncia acaba en la nada, es legal… Este análisis engañoso parte de la base de que se pretende dar una salida reparatoria en vez de enviar a la cárcel al autor del delito. ¡Mentira! ¡Estamos trabajando para que ese 80% de conflictos descartados en los hechos reciban una solución de calidad!».
Hacia el final, Binder regresa a los opositores de la reforma procesal penal, y afirma que las críticas obedecen a «internas» -quizá inerciales- que carecen de una preocupación genuina por la administración de Justicia. Sin titubear, expresa: «son cuitas de unos Tribunales enfermos y de autoridades que creen que sus enfrentamientos significan algo para la sociedad. Y no significan nada. Esas peleas cortesanas no tienen ningún tipo de incidencia respecto del problema central: no podemos dejar que la violencia y la impunidad crezcan y no podemos enfrentar, a esos enemigos abusando de los derechos de los ciudadanos».
Vaivenes
EL COMIENZO.- La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) intentó poner en marcha un proceso de reforma procesal penal sin acudir a una enmienda legislativa del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los promotores principales de esa iniciativa fueron Antonio Estofán (foto de arriba), Antonio Gandur y Daniel Posse: estos tres integrantes del alto tribunal provincial firmaron todas las acordadas reglamentarias del proyecto, desde la que autorizaba a cerrar un acuerdo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) hasta la que suspendió indefinidamente la implementación de un plan piloto en el centro judicial de Concepción (el programa luego debía ser aplicado en los Tribunales de Monteros).
LA JUDICIALIZACIÓN.- El 9 de abril pasado, el abogado Nicolás Pedro Brito (profesional del entorno de parlamentarios oficialistas) interpuso una acción de amparo contra el plan piloto aduciendo que este era inconstitucional. Posteriormente hicieron lo propio los defensores María Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete, y el letrado Eduardo Alberto Monteros. Todos esos expedientes están radicados en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
LA OPOSICIÓN LEGISLATIVA.- En paralelo, parlamentarios oficialistas y no oficialistas se alzaron contra la iniciativa de la Corte esgrimiendo similares argumentos a los expresados por el amparista Brito. Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque alperovichista (fotografía de abajo), encabezó la crítica contra el titular del alto tribunal y su pretensión de reformar el sistema penal mediante acordadas. «Este tema es complejo y merece un debate en el recinto. La Corte nos dice que no necesita una norma. ¿Qué sentido tiene entonces una visita de ese funcionario (por Estofán)?», expresó Álvarez en la sesión legislativa del 24 de abril.
EL ENCUENTRO.- Pese a las diferencias, Estofán, Gandur, Liliana Vitar (presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán) y otras autoridades judiciales visitaron la Legislatura el 25 de abril. En esa oportunidad, hablaron con legisladores oficialistas y con el opositor José Páez (Democracia Cristiana), y acordaron esperar el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
LA COMISIÓN.- A posteriori, Estofán propició la formación de una comisión interpoderes para destrabar el plan piloto. Ese comité en principio reservado para funcionarios y autoridades públicas pronto atrajo a otros interesados, como los colegios de abogados de la Capital y del Sur, y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán. Ese grupo es animado por Alberto Lebbos, papá de Paulina, la estudiante universitaria cruelmente asesinada en 2006 y cuyo homicidio sigue impune. «Sentimos que tenemos mucho para aportar, y que es importante abrir este debate. Esperamos ser aceptados, y que se incluya también a los penalistas de la Universidad Nacional de Tucumán y a los letrados», dijo Lebbos durante la semana pasada. Mientras tanto, Estofán envió una nota a Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura, para que apure la formación de la comisión. En la sesión del jueves, Álvarez, le retrucó que si el alto tribunal ejerce «su poder de superintendencia» la Justicia podría dirimir más rápido los planteos contra el plan piloto.
El convenio
LAS PARTES: Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), y Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), rubricaron un acuerdo de cooperación el 28 de junio de 2012. Previamente, los cinco vocales de la Corte habían autorizado la firma del convenio en la Acordada 634/2012.
LAS OBLIGACIONES: El acuerdo CSJT-Inecip dispuso que la fundación de Binder iba a asumir la dirección técnica del proceso de profundización del sistema acusatorio vigente en Tucumán desde 1991. La prestación a cargo del Inecip incluyó la formulación de un plan piloto para los Tribunales de Concepción y Monteros; de un reglamento para la interpretación del Código Procesal Penal de Tucumán; de un diagnóstico de las causas pertenecientes al sistema anterior y de dos planes: uno de capacitación, y otro de monitoreo y diagnóstico. La Corte, por su parte, se comprometió a abonar $ 124.000 al Inecip en concepto de consultoría. Además, el alto tribunal debe cubrir los gastos de traslado y los viáticos del equipo de Binder.
EL PLAZO: Las partes convinieron que los trabajos debían ser practicados en un plazo de 18 meses (contados a partir de la firma del acuerdo). Además, establecieron que los primeros resultados serían presentados en febrero de 2013, durante la apertura del año judicial.
LO EJECUTADO: Fuentes del Inecip dijeron a LA GACETA que la CSJT abonó dos cuotas de $ 41.000. Pese a que el acuerdo fue firmado en junio pasado, el trabajo comenzó a fines de 2011 con charlas para el staff judicial. Desde entonces, el equipo del Inecip encargado del proyecto tucumano (está conformado por casi 15 miembros) concretó una decena de viajes a la provincia.
