Alejandra Gils Carbó empieza la entrevista riéndose, mucho y fuerte, ante una pregunta sobre la comparación de la reforma judicial con un golpe de Estado, planteada por la oposición, que le atribuye al Gobierno pretensiones de impunidad y manejo de la Justicia. “Me parece realmente una comparación tan descabellada”, justifica su reacción. La procuradora general, que tiene liderazgo en el movimiento “Justicia legítima”, respalda los proyectos del Poder Ejecutivo, que ve esenciales para “sanear la Justicia”, y postula que el razonamiento debe ser contrario al de sus críticos: ella advierte que ha sido históricamente la familia judicial tradicional la que convalidó los golpes cívico-militares cuando “minorías poderosas vieron peligrar” su intereses políticos y económicos; que esa es la lógica que ha perdurado en el tiempo, con jueces dóciles antes las presiones corporativas, y que es la que ha alejado el sistema judicial de la ciudadanía. Según Gils Carbó, la judicialización de los proyectos es parte de esa maquinaria que intentará frenar cualquier cambio. Aquí, analiza las propuestas y cuestiona el paro convocado por el gremio judicial que, acota, siempre reclamó el ingreso por concurso a tribunales. En medio del bullicio de un encuentro de “Justicia legítima” en Tandil, que es parte de un recorrido por distintos puntos del país, Gils Carbó le dijo a Página/12: “Esta reforma tiene el acierto de tocar puntos que hacen quebrar un funcionamiento corporativo disfuncional, por ejemplo a través del ingreso democrático. ¿Quién puede criticar que se ingrese a la Justicia de manera igualitaria? Por efecto de las designaciones por padrinazgo y parentesco hoy tenemos la misma clase de jueces, con intereses elitistas alejados de los intereses de la sociedad, que hace unos cincuenta años, con el modelo aristocrático”.

–¿Pero usted diría que todo el Poder Judicial es así de elitista? –le preguntó este diario.

–No, claro. Si no, no existiría “Justicia legítima”. Pero es preponderante. La Justicia ha sido adiestrada en legitimar la dictadura y el vaciamiento neoliberal, además del carácter corporativo de los poderes fácticos. Por mi propia experiencia como fiscal, puedo decir que cuando aparecen las corporaciones se quiebran las normas. He hecho decenas de denuncias por temas económicos de este tipo en el Consejo de la Magistratura, que no tuvieron destino.

–¿Algún ejemplo?

–Uno tuvo su origen cuando la Cámara Comercial decidió negarme la intervención en grandes concursos preventivos donde litigaban acreedores y ahorristas contra grandes compañías que querían aplicarles quitas a sus derechos de propiedad ante su situación de indefensión. En medio de esos procesos donde había tanta asimetría, que eran escandalosos, a uno de los jueces, José Luis Monti, le detectaron un depósito de un millón y medio de dólares que no pudo explicar. Había lavado y evasión fiscal, no hablar de enriquecimiento ilícito. Pero la denuncia fue rechazada porque ya estaba jubilado. Ese hombre sigue yendo a los actos de la Cámara, hay mucha degradación.

–¿Piensa que una mayor representación de académicos y científicos en el Consejo de la Magistratura va a cambiar esa lógica de protección a jueces?

–Algo hay que hacer. Traer gente ajena a la corporación judicial puede ayudar. En el Consejo hoy están los funcionarios políticos que tienen su interna; los abogados y los judiciales son los que traban cualquier tipo de acto importante. Los académicos tienen la mentalidad de un ciudadano. La situación actual es inadmisible.

–Si tanto los consejeros académicos/científicos, como los jueces y abogados se postularán con partidos políticos (para ser elegidos por el pueblo) ¿eso no los pone en situación de tener lealtad partidaria? ¿Los acuerdos políticos garantizan que no habrá protección?

–A mí me votaron en el Senado representantes del pueblo, y no respondo a ningún partido político. Una persona con trayectoria no es una marioneta. No está necesariamente encuadrada. Desde ya, quebrar el elemento corporativo judicial me parece esencial. Así no podemos continuar, perjudica a la sociedad. Hay que sanear la Justicia y el órgano que la controla debe funcionar.

–Las asociaciones, y también jueces sueltos, se quejan de que la reforma pretende cambiar la mayoría actual de dos tercios requerida en el Consejo para iniciarles juicio político o elegirlos, por una mayoría absoluta (la mitad más uno). Eso, dicen, los vulnera y deja a merced de la mayoría política.

–Supongo que la causa de esta medida (cambiar las mayorías) es la inoperancia actual del Consejo de la Magistratura. ¿Alguien tiene una idea mejor? Que traiga su propuesta. Hay una trenza de redes corporativas en el Consejo que brinda impunidad a los magistrados. Es una cuestión muy grave. De todos modos, las medidas serán debatidas en el Congreso.

La forma y el fondo

–Estos días surgieron voces, como la del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que adhieren a “Justicia legítima”, que dicen que la reforma planteada no soluciona problemas de fondo y que no acercan el sistema judicial a la gente.

–Pienso que la reforma como está planteada ataca varios temas esenciales, y uno es el del Consejo, que tiene que controlar a los jueces pero no funciona. Lo que necesita la gente, además, es que la Justicia sea un servicio a la comunidad, no un sector privilegiado que defienda intereses privilegiados. El Cipce (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) hizo un estudio de grandes fraudes bancarios y cómo terminan por prescripción. Deberíamos estar horrorizados por esto, porque demuestra que donde hay grandes intereses en juego, hay vínculos aceitados para manejar la Justicia. Los cíclicos golpes cívico-militares ocurrieron cuando minorías poderosas veían peligrar su hegemonía política, y con el fin de dictar políticas públicas en función de intereses privilegiados. La deuda externa astronómica o la administración de los fondos de los jubilados por parte de entidades financieras sin fines asistenciales ni de solidaridad, fueron posibles porque hubo un Poder Judicial que lo legitimó. Hoy es la pelea por la concentración económica, pero lo cierto es que el Poder Judicial está adiestrado para defender intereses corporativos. Esto planteamos en “Justicia legítima” y estamos recorriendo regiones, y en todos lados hay un reclamo de democratización. Pienso que el Inecip debe reclamar una reforma procesal, que fue anunciada por la Presidenta, pero que tampoco es garantía de un saneamiento en la Justicia.

–¿No ayudaría una reforma procesal?

–Puede ser, pero fíjese que en la provincia de Buenos Aires se aplica el sistema acusatorio (donde los fiscales tiene un papel preponderante en el impulso de las investigaciones) y no se produjo un saneamiento en la Justicia. Los jueces, por ejemplo, se desentienden de lo que pasa en las cárceles, de la violencia que hay allí, a pesar de que les compete. La reforma, tal como está planteada, sirve para sanear la Justicia, y va a ser a corto plazo.

–¿A corto plazo? Ya se anuncian varios planteos de inconstitucionalidad una vez que se apruebe, la judicialización parece irrefrenable.

–Puede ser a corto plazo. Ya se habla de judicializar este tema porque hay intereses enormes de quienes manipulan la Justicia y de jueces por mantener el sistema de impunidad. De acuerdo con mi experiencia, es evidente que hay sectores extra e intra tribunales donde van a tratar de frenar la reforma. Esto no significa que no pueda haber mejores proyectos u opiniones. Pero no se puede mantener las cosas como están. Desde “Justicia legítima” tratamos de promover un cambio cultural, comprometido con los temas sociales y el interés colectivo. La Justicia que tenemos está centrada en las formas y la falsa neutralidad.

Cautelares

–¿Para qué son las medidas cautelares y qué cambiará si se aprueba la reforma del sistema de medidas cautelares?

–Una medida cautelar es una medida provisoria que dicta el juez para garantizar el cumplimiento de una sentencia. Si uno demanda a un particular, le puede embargar un inmueble para que no se insolvente. El Estado, no tiene este riesgo de insolvencia pero en realidad lo que ha llevado a que esto sea planteado en el proyecto elevado es el abuso de las cautelares. Hay corporaciones con poder económico que tienen en la gatera y las reparten para evitar que se apliquen leyes de la democracia o con pretensiones como vaciar el sistema jubilatorio, frente a lo cual los ciudadanos están inermes.

–Frente al proyecto de limitar las cautelares se llegó a hablar de que los jubilados ya no van a poder hacer juicios, ni les van a dar remedios, o que corre peligro el dinero en cajas de seguridad, y hasta la vivienda que podrá ser fácilmente expropiada.

–Todo es falso. Lo único que persigue el proyecto es evitar que las medidas cautelares puedan seguir utilizándose para neutralizar políticas públicas dirigidas al interés general. Eso es un acto de corrupción. Cuando estaban las AFJP, y se pagaba 100 pesos de jubilación, ¿alguien salió a decir algo? ¿Por qué nadie hablaba de esto cuando les hacían comprar títulos sobrevaluados de empresas privadas? Hay grandes intereses creados y van a dar una dura batalla.

–Hay ONG, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que plantean problemas de constitucionalidad del proyecto de cautelares, y señalan que –por ejemplo– no garantiza el acceso a la protección de derechos de los sectores más vulnerables, poniendo incontables requisitos para demostrar si están en riesgo la vida, la salud o la alimentación.

–No lo tengo bien estudiado, pero además no puedo opinar porque es muy posible que tenga que dictaminar cuando lleguen los planteos de inconstitucionalidad.

Corte y recortes

–¿Cree que tres nuevas Cámaras de Casación realmente van a agilizar el sistema o van a burocratizarlo más?

–Van a ordenar las cosas como corresponde. No puede estar la Corte resolviendo todos los casos de arbitrariedad, hay muchos tribunales donde hay cooptación en las segundas instancias. No es prolijo para el estado de derecho. Lo prolijo es que haya Cámaras intermedias, como en muchos otros países.

–¿Qué son los casos de “arbitrariedad”?

–Las sentencias que se apartan mucho de las constancias de la causa y del derecho en las que interviene la Corte excepcionalmente aunque no sean cuestiones de derecho federal (como planteos de inconstitucionalidad). Las nuevas Cámaras de Casación captarían esos casos.

–En la Corte perciben una intención de recortarles poder y, en concreto, el manejo de la administración del presupuesto del Poder Judicial. ¿Usted qué piensa?

–Que el proyecto está pensado para respetar la Constitución, que dice que es el Consejo de la Magistratura el que tiene que manejar el dinero del Poder Judicial. Hasta ahora lo maneja la Corte por una decisión ajena al texto constitucional. Por lo tanto, que se restituya al Consejo es una preocupación sectorial de la Corte, alejada del ciudadano común, que lo que le importa es tener acceso a la justicia. No me parece que en estos últimos diez años la Corte se haya planteado cosas básicas que tienen que ver con el funcionamiento de las institucionales. El comunicado (de diciembre) de la comisión de independencia judicial de la Corte convalidó prebendas y el famoso turismo judicial de jueces que se negaban a separarse de la causa de la ley de medios. En una causa donde había que tener la mayor asepsia, la ciudadanía tuvo que ver todas estas desprolijidades. Ahí salimos nosotros (“Justicia legítima”), que no queremos una Justicia de acuerdo a los vientos políticos y los poderes fácticos.

–¿Y qué le parece el anuncio de paro de la Unión de Empleados de la Justicia para la semana que viene?

–No veo cuál puede ser el agravio del gremio frente a la reforma. No significa que haya cambios en la política salarial. (Julio) Piumato está llamando a un paro por una reforma que favorece neutralizar las prácticas de la familia judicial, donde solo se entraba por padrinazgo y que él mismo cuestionaba. Si ahora está en contra deberíamos cuestionarnos la representatividad del gremio. En el encuentro de “Justicia legítima” en Tandil había representantes gremiales y estaban todos desconcertados frente a esto.

–Para instalar el ingreso democrático (por examen) para trabajar en tribunales, no haría falta una ley sino reformas reglamentarias. La Corte no las implementó. La defensoría, sí. ¿Ustedes en el Ministerio Público Fiscal?

–Nosotros próximamente vamos a reformar el reglamento de concursos para magistrados, para que sean más rápidos, transparentes y den igualdad de oportunidades. Las designaciones que hice desde que fui nombrada en la Procuración, para las que estoy facultada, las hice para armar áreas esenciales que no pueden esperar. Privilegio los efectos sociales para que haya, por ejemplo, una procuraduría de drogas, que es un flagelo social, una generadora de todo tipo de delincuencia. Tengo facultades para la designación.

–¿En qué quedó su iniciativa para que los fiscales paguen Impuesto a las Ganancias?

–Yo tengo que preservar la igualdad salarial y el régimen tributario (de los fiscales) en relación al de los magistrados. Por lo tanto, voy a tener que esperar lo que digan los jueces de la Corte. Ellos no quisieron consensuar un mecanismo para que todos empiecen a pagar Ganancias, entonces tenemos que esperar.

–A partir de la discusión que se plantea en torno de los proyectos del Poder Ejecutivo se habla de “internas” en “Justicia legítima”.

–En absoluto. Incluso sacamos un comunicado apoyando la reforma y nadie llamó para quejarse. Lo que hay es reflexión y debate.

–El ideal de una “Justicia legítima” supone que hay una “Justicia ilegítima”. ¿En qué consiste esa ilegitimidad?

–En la distancia de la magistratura con los intereses de la comunidad, es eso. El sistema de administración de justicia debe estar al servicio de la sociedad, no de legitimar grandes inequidades.

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