A media mañana, un día después de que Víctor Hortel renunciara a su cargo de director del Servicio Penitenciario Federal, motivado por la fuga “asistida” y “política” –quizá las comillas debieran destacar “fuga”– de 13 presos del CPF1 de Ezeiza, asumió en su reemplazo Alejandro Marambio, recién llegado desde España. Lo hizo en el Ministerio de Justicia, en un acto encabezado por el titular de la cartera, Julio Alak, y ante una selecta línea de funcionarios relativos al tema –las dos cabezas del Ministerio Público ante la Justicia, la defensora general, Stella Maris Martínez, y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; además del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, entre otros–, y que por su específica función no sólo completaron cuestiones de protocolo sino que constituyeron testigos notables de la línea política declarada y demarcada tanto por Alak como por Marambio: “Esperemos que esta línea de reinserción social, de capacitación laboral para que los internos que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir, se siga profundizando”, dijo Alak.
Durante 13 minutos, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió la gestión del director saliente y presentó el currículum vitae del director entrante. El acto de asunción fue, en ese sentido, una declaración política, que al tratarse de un funcionario cuya gestión ya fue conocida (fue director del SPF entre 2007 y 2011) inevitablemente se convirtió –a los pocos minutos de que se conociera su designación– en una fuente para contrastar no sólo con la gestión del director saliente sino para suponer y deducir (tal vez apresurada, tal vez preventivamente) sus próximos pasos.
Alak defendió la gestión de Hortel y esa defensa la utilizó como puente para marcar el rumbo de la que debería sostener Marambio: “(Hortel) ha hecho una gestión impecable desde el punto de vista de la reinserción social, que incluso es valorada por amplísimos sectores del pensamiento académico. Especialmente en haber profundizado los niveles de educación en los internos, llegando a ratios muy altos en Latinoamérica y quizá también en el mundo, de un 75 por ciento de la población carcelaria estudiando y profundizando los programas de capacitación laboral”. Y también se lanzó a “reparar algunas críticas que se le hicieron (a Hortel) injustamente en algún momento, precisamente cuando encaraba estas actividades”. Se refería, sin dudas, al caso de las salidas culturales erróneamente denunciadas como salidas transitorias de presos.
Presentó luego a Marambio, con la explicación de que el cargo no lo había abandonado en 2011 por “una decisión administrativa nuestra impulsada por una búsqueda de una mejor conducción”, sino que la renuncia a la dirección del SPF la realizó por una decisión personal con miras a la “capacitación profesional” y como decisión ministerial de “insertar cuadros técnicos o académicos dentro de los organismos internacionales”.
Al tomar la palabra, Marambio destacó y defendió la gestión de Hortel y aseguró que continuará en los mismos pasos, trazados además minutos antes por Alak. Incluso, fuera del acto, Marambio se extendió con el periodismo aún más, al asegurar que mantendría las reuniones con los organismos de la comunidad (en su mayoría, asociaciones de familiares de detenidos, la Procuración Penitenciaria, y otros más, que comenzaron a reunirse desde la gestión de Hortel en mesas de diálogo) e invitó a Vatayón Militante a continuar sus actividades.
Marambio recordó que en 2007, durante una reunión con miembros del ministerio, Néstor Kirchner les aclaró que “la seguridad no se hace a palos”. Inmediatamente, Marambio avanzó en su presentación sobre la reinserción social y laboral de los internos para sostener que “sin inclusión social es imposible generar procesos sostenibles de seguridad”.
Alak sostuvo que “hay algunos sectores que cuestionan hoy la designación de Marambio, sectores que han apoyado una ideología profundamente de derecha y conservadora, (a los) que no les interesa la reinserción social”, y aseguró que “han aparecido opiniones, se han publicado declaraciones que no se condicen con lo que me han manifestado líderes de organismos de derechos humanos telefónicamente”.
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