El caso de Brian Saucedo, el joven de 18 años ultimado en un controvertido enfrentamiento por el que fueron citados a declarar los policías que participaron de esa acción, reinstaló la discusión pública de una práctica que permaneció inactiva un largo tiempo pero que recrudeció en los últimos meses: los crímenes por balas policiales en situaciones de presunta resistencia a la autoridad. «No nos podemos permitir que la policía cometa este tipo de hechos ni que registren impunidad porque eso puede ser un caldo de cultivo para que la modalidad avance», dijo el fiscal regional del nodo Rosario, Jorge Baclini. Como él, otros especialistas llamaron a no naturalizar estos episodios que suelen revelar escaso control del Poder Judicial y desnudar prejuicios que criminalizan a sectores populares.
En los últimos tres meses se registraron en la ciudad cuatro episodios con víctimas fatales en tiroteos con la policía (ver abajo). Los muertos fueron Brian Saucedo, Damián Vallejos, Yu Ken Sek y Carlos Fredes. En dos de esos homicidios el relato policial fue puesto en duda. A esa serie se encadena la extraña muerte de Emanuel Cichero, un testigo del crimen de Saucedo que dijo haber presenciado la ejecución.
Si bien cada caso tuvo su dinámica y no pueden agruparse bajo un mismo rótulo, todos expusieron situaciones de uso extremo de la fuerza policial, ocurrieron en un contexto donde se advierte una mayor circulación de la violencia en la calle y donde también hubo efectivos policiales baleados en servicio. Asimismo, otros dos uniformados de civil mataron este año con armas oficiales a dos hombres que intentaron asaltarlos.
Descontrol. «La sensación es que hay un desgobierno de la policía bastante importante. Y que el Poder Judicial en general sigue sin ejercer el control que tendría que realizar», opinó el criminólogo Francisco Broglia, docente de la UNR y futuro defensor público del nuevo sistema penal. «Estos casos de criminalización ilegal de personas de barrios populares no se tratan en la Justicia de la misma manera que otros. Hay una situación de desidia y desinterés preocupante», dijo tras acompañar a familiares de Saucedo en su rol de abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
«La familia de Saucedo nos contó que el chico escapaba de la policía, se metió en la casa de una vecina y salió con los brazos en alto. Esto es visto por Cichero y por una vecina. Le empezaron a preguntar dónde estaba su compañero y como no lo decía le pegaron un tiro en la nuca», relató Broglia, quien consideró que el manejo judicial del caso —en un juzgado de Instrucción sin juez a cargo— fue insuficiente: «Acompañé a la mujer de Brian al juzgado para que se interiorizara. No tenían idea de estos testigos, la investigación estaba en la comisaría 12ª y la actitud fue desaprensiva».
Para Broglia el caso expuso una falencia genérica de la Justicia en el control de actos policiales: «Al no existir control, la violencia aumenta y las prácticas se repiten».
En ese punto coincidió el fiscal Baclini, para quien estos casos merecen una especial atención. «Primero se debe establecer si hubo delito o no. Ningún tipo de delito cometido por la fuerza de seguridad puede ser admisible. Debe ser un cuerpo externo a la policía el que lleve a cabo la investigación», recomendó. Algo que hoy no ocurre —suele investigar la División Judiciales de la fuerza— y que está previsto cambiar cuando arranque la reforma judicial.
Se debe sancionar. Para el fiscal regional debe evitarse la naturalización de estos casos porque «cualquier situación que sea advertida como impunidad es un caldo de cultivo para que se avance sobre esa modalidad. Ser liviano en determinadas situaciones favorece el aumento de esa tipología de delitos». Remarcó que la sanción ejerce un «efecto preventivo» cuando está dirigida a grupos homogéneos como la policía: «En esos casos la pena genera un efecto sobre el grupo, en el sentido de tener cuidado con cometer determinados delitos porque el sistema está atento». Un ejemplo claro fue la condena a más de diez años de prisión impuesta en 2007 a un policía por el crimen del joven Carlos Gauna.
«Hay que trabajar en la capacitación de la policía. En el aspecto técnico y formativo —remarcó Baclini—. Hay que acabar con estos pensamientos clasistas que parecerían dar derecho a matar. Se debe desterrar, y no sólo en la policía sino a nivel social, esta concepción de que son ladrones o drogadictos y que en una lógica de amigos o enemigos se puede matarlos. La problemática pasa por otro lado».
Falta de protección. Por su parte, el diputado provincial justicialista y dirigente del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, quien preside la Comisión de Garantías de la Cámara baja, también se abocó al caso Saucedo. «La provincia no tiene un sistema de protección de testigos y eso hace muy difícil que la gente se anime a declarar», observó.
La escasa actividad de la Justicia en estos casos, para el legislador, se advierte en cifras abrumadoras. Según la Defensoría General de la provincia, entre enero de 2012 y mayo de 2013 ingresaron a los Tribunales de Rosario 350 denuncias de abusos, apremios o torturas policiales. Sólo la mitad, 175 causas, registraron movimiento. Y en apenas una se dictó un procesamiento que fue apelado.
«Hay poca vocación por parte de la Justicia provincial de esclarecer este tipo de situaciones, hay cierta naturalización de estos hechos que quizás no impactan demasiado en la opinión pública. Porque se instala la idea de que las víctimas son, entre comillas, delincuentes, cuando en realidad de los abusos policiales nadie está exento», concluyó Toniolli.
