Las fotos difundidas por la Policía de Córdoba llaman la atención: corralitos en lugares públicos llenos de personas sentadas, y escoltadas por agentes armados con la cara cubierta. Es el resultado de allanamientos masivos realizados ayer en dos barrios de la ciudad de Córdoba y hoy en La Calera.
Las imágenes las difundió la Policía para informar el avance de los denominados «operativos de saturación» que viene realizando el Gobierno de José Manuel De la Sota desde comienzo de mes.
El comisario mayor Marcelo Altamirano explicó a este diario que los corralitos son para «el resguardo de los aprehendidos». Y agregó: «Es una medida preventiva de alojamiento, sirve para tener diferenciados a los masculinos de los femeninos, a los mayores de los menores».
En total, en ambos operativos se detuvieron a 87 personas, 85 por ciento por contravenciones y el resto por delitos.
Ayer fue el turno de los barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque de la ciudad de Córdoba. Allí se aprehendieron a 46 personas -ocho por delitos y 38 por contravenciones-. Además, se secuestraron 12 automóviles, 68 motocicletas, siete armas de fuego, dos uniformes policiales, electrodomésticos y motopartes varias, según informó la Policía.
En tanto, hoy le tocó a La Calera, donde se detuvieron a otras 41 personas (cinco por delitos y 36 por contravenciones). Y se secuestraron tres autos, 74 motos y electrodomésticos varios.
En ambas ocasiones, según informó Altamirano, se hicieron allanamientos ordenados por la Justicia de Córdoba. Además, se controlaron las calles.
Las aprehensiones por contravenciones, derivadas del Código de Faltas, se basaron en la negativa a identificarse, disturbios públicos, conducción peligrosa y por circular con automóviles en mal estado.
Críticas
Las críticas por esta nueva modalidad policial abundan. Por empezar, se señala la desmesura de una medida que supone el escarmiento público durante horas de personas que son apenas presuntos contraventores(con penas de multa y días de prisión).
«El escarmiento público es un castigo premoderno. En Córdoba se condice con la aplicación de un Código de Faltas, lo que termina favoreciendo a una mayor ruptura del tejido social. Lo hacen al frente de los vecinos, empleadores, hijos, padres. Es una medida fuertemente estigmatizadora», dijo el abogado Lucas Crisafulli, del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además, Crisafulli manifestó su preocupación sobre el mensaje que da la Policía a la sociedad. «Me llama la atención en qué tipo de ciudad se ha transformado Córdoba donde la Policía difunde este tipo de imágenes como una manera de mejorar su imagen positiva», agregó.
Y dijo que históricamente en Latinoamérica, cuando la Policía no tiene límites claros, se transforma fácilmente en instrumento del ejercicio abusivo del poder. «Para que no suceda, debe haber límites del Estado, del Poder Judicial y la ciudadanía», aseguró.
