Una columna de la BBC esta semana empieza refiriendo que a las puertas de Comayagua “hay una leyenda: ‘Hágase justicia aunque el mundo perezca’. Los familiares de los más de 350 internos muertos en el incendio del martes no podrían estar más de acuerdo”.

Los familiares esperan justicia. Al menos la mitad de los presos muertos esperaba justicia —o al menos la oportunidad de comparecer ante un juez—. Las organizaciones de derechos humanos esperan justicia. Hay rabia, dolor e impotencia a las puertas de Comayagua.

Pongamos las cosas en claro: son los Estados los que queman vivas a estas personas. Y digo “Estados” para que nadie se sienta libre de culpa. Muchos de los presos tal vez sean delincuentes, pero la ley no es una religión, ni el siglo XXI el XV. El sistema de justicia penal, aun el de tipo inquisitorio, no es el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pero con sucesos como lo de Comayagua uno empieza a dudar. Los incendios en las cárceles de América Latina parecen autos de fe de una inquisición penal, fuegos alimentados por el fanatismo de las políticas de “mano dura” y “guerra contra las drogas”.

Puede intentarse culpar a los internos mismos por prender fuego a los colchones. O culpar a los cortocircuitos. Lo que es más difícil de explicar es el resultado: cientos de personas encerradas en una enorme estufa y asadas hasta que no quedó de ellas lo suficiente ni para identificarlas.

Se puede enfocar (buen verbo) la información sobre las causas del incendio, evitando hablar de la responsabilidad del Estado, pero las grandes preguntas quedan suspendidas en el aire, un aire que huele a carne quemada y miedo, porque eran 800 donde deberían estar máximo 400. ¿Son parte de esas 400 “extra” quienes murieron? ¿Dónde estaban los custodios con las llaves? ¿Por qué tardaron media hora para abrir las puestas a los bomberos? ¿Cuantas personas murieron en esa media hora fatal? ¿De que tipo de penal hablamos?

Se utiliza la palabra “penal” implicando un lugar donde están encerrados los miembros más peligrosos de la sociedad, sugiriendo que esa supuesta peligrosidad de las víctimas justifica tenerles menos compasión y sentir menos indignación ante su tragedia. Hasta antes de esta semana, la de Comayagua era presentada por el gobierno hondureño como una cárcel modelo —llamada Granja Penal, una “granja de rehabilitación” donde los presos criaban gallinas y cerdos, y cultivaban hortalizas para auto-consumo y venta.

Ahora bien, ¿por qué deben “rehabilitarse” los detenidos preventivos si aún no se sabe si han cometido o no algún delito? Según un informe publicado a principios de febrero por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, 57% de los presos de ese país no han sido condenados y muchos están detenidos sólo por tener un tatuaje, lo que según autoridades los convierte en sospechosos de pertenecer a las pandillas juveniles.

Irónicamente, los módulos que ardieron en Comayagua no se llamaban “módulos” ni “celdas” o “unidades”, sino “hogares”; unos “hogares” donde dormían entre 60 y 70 personas en alojamientos para 30, con las camas unas sobre otras hasta el techo, y todas las pertenencias amontonadas. Comayagua tenía 10 de esos “hogares” con un guardia para cada tres. “Hogares” sin agua y sin equipos para apagar fuegos desde dentro, y donde los protocolos de emergencia, si los había, no funcionaron.

Nada de esto habría pasado si el gobierno de Honduras hubiera tomado las medidas necesarias después del incendio en el penal de La Ceiba, en 2003, donde murieron 78 personas. Si hubiera intentado cambiar la política de uso aberrante de la “prisión preventiva” y reducir el hacinamiento carcelario después del incendio de San Pedro Sula, donde murieron 107 presos. Si no hubiera olvidado en un cajón el plan de acción diseñado después de declarar alerta roja en el sistema penitenciario y una situación critica en nueve de las 24 cárceles del país. Si hubiera prestado la mínima atención a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA. Si hubiera aceptado las ofertas de la sociedad civil y los expertos para encontrar juntos soluciones.

¿Cuándo sobrevendrá el siguiente incendio en las cárceles de Honduras o de cualquier otro país de América Latina? ¿Cuál será el nombre de quienes morirán quemados durante 2012? ¿Dónde ocurrirá el siguiente Auto de Fe Penal?

La autora es consultora de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio, de Open Society Justice Initiative

Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57165.php